En medio de la gestión de la emergencia por el coronavirus y con una economía en una profunda recesión, la lista de pendientes se acumula en el cajón de Alberto Fernández. Ahí descansan algunos de los proyectos de ley con los que el Presidente tenía planeado moldear la identidad de su gestión: reforma judicial, reforma tributaria, interrupción voluntaria del embarazo, Consejo Económico y Social, hidrocarburos.
Como publicó La Nación, pese a los reiterados anuncios y amagos, ninguna de estas iniciativas llegó al Congreso. Tampoco fueron enviados al Parlamentos otros proyectos que, sin ser de su autoría, los abrazo como propios, como el impuesto a la riqueza o la expropiación de la cerealera Vicentin.
Desde la Casa Rosada advirtieron que todos los esfuerzos de la administración nacional están puestos en el combate del Covid-19 y los efectos del parate económico en el empleo y la pobreza. “Estamos como un alcohólico en una reunión de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez…”, reconoció un hombre con despacho en el primer piso de la Casa de Gobierno.
Pero, además, comparten la responsabilidad con el Poder Legislativo. “Muchos de los proyectos son para tratar en el recinto de forma presencial”, describieron fuentes oficiales. En este punto, lo asiste un dato de la realidad: hoy, las sesiones remotas solo avanzan en temas acordados. El sistema no está preparado para abordar debates de esa envergadura.
Quizás el problema más grande que debe atender el Poder Ejecutivo radica en el posicionamiento público que hace en cada entrevista el jefe del Estado. “La pandemia nos puso ante una emergencia que nos obligó a alterar las prioridades, pero siguen siendo las mismas. En los próximos días espero poder mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal en la Argentina”, dijo Fernández hace unos días en una de las múltiples entrevistas que dio.
Esta semana que pasó el Presidente mantuvo una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la quinta presidencial de Olivos, pero según confiaron fuentes oficiales, el proyecto de ley no tiene fecha de presentación en el Parlamento.
Con cada presentación pública el Presidente genera un sunami en su equipo más cercano, que intentan atajar las consecuencias de sus palabras. Gran parte de ese trabajo recae sobre una de las personas más cercanas de Fernández, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Una de las deudas más importantes es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, promesa de campaña que ratificó en el discurso que brindó ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. “Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, lanzó ese día el Presidente.
El proyecto se demoró –junto con la ley del plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos– y cayó en el limbo que representa la pandemia. El propio Alberto Fernández habló del tema hace unos días. «No he abdicado en mandar la ley del aborto de ningún modo, simplemente postergamos el envío por la urgencia que aún tenemos, pero es un tema pendiente que no he dejado de lado», se justificó el mandatario.
Pero el listado es bastante más amplio. Ahí también duerme el sueño de los justos la iniciativa para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero. El objetivo del Presidente era que la iniciativa ayude a promover y estimular la inversión nacional e internacional en el sector.
Como medida paliativa para un sector golpeado por la crisis, el gobierno nacional dictó el decreto N°488, del 19 de mayo, con el que fijó de “forma transitoria hasta fin de año” el precio de comercialización en el mercado local del barril de petróleo en 45 dólares por barril. Este fue una medida que tomó por recomendación del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, asesor cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y presidente de la petrolera Vista Oil & Gas.
En un camino similar quedó la idea del Consejo Económico Social, instrumento que ideó el Presiente para desarrollar medidas de mediano y largo plazo. “Desde este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos, de diseñar la agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo”, resaltó Fernández hace casi cuatro meses.
Empujado por las urgencias, en medio de la presión por el freno de la actividad, que desembocó en el cierre de empresas y comercios, el Gobierno decidió incorporar a empresarios y sindicalistas al gabinete económico para buscar soluciones consensuadas. Como adelantó LA NACION, el comité de crisis, que lidera el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sumará en los próximos días semana a los líderes de la CGT, a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
La nómina de normas que quiere sancionar el Poder Ejecutivo tiene un capítulo liderado por el kirchnerismo de paladar negro. Ahí se encuentran, entre otros, la reforma tributaria o el impuesto a las grandes fortunas.
La diputada nacional Fernanda Vallejos afirmó en las últimas horas que «el proyecto del impuesto a la riqueza se va a presentar dentro de un paquete impositivo en las próximas semanas».
«La expectativa es tratar conjuntamente el impuesto extraordinario a las grandes fortunas junto a un paquete de reformas tributarias e impositivas, en particular facilidades fiscales para las Pymes», detalló la legisladora, que ya fue desautorizada por el Presidente por proponer que el Estado debería quedarse con parte del paquete accionario de las empresas que reciben asistencia del Estado.
