Tras el decreto con el que el presidente Alberto Fernández le quitó a la ciudad de Buenos Aires el 1,18 por ciento de coparticipación federal, el gobierno nacional evalúa opciones para presentar un proyecto de ley que le permita reunir y exhibir mayores consensos en el Congreso. El objetivo final de la jugada es bloquear el intento que hará Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema para recuperarlo.
El decreto 735/2020, que se publicó en el Boletín Oficial el miércoles, estableció que el gobierno porteño recibirá por el traspaso de la policía el 0,92% en lugar del 2,1% del total de coparticipación. Pero, como adelantó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, «la Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes».
Si bien desde la Casa Rosada defendieron el decreto, interpretaron que la intervención del Congreso permitiría lograr un acuerdo más amplio. Eso, claro está, si efectivamente consiguieran reunir los respaldos. «Lo que tenemos alcanza y sobra en la Corte, pero con la ley nos da, en términos políticos, una mayor apertura en el debate», describieron fuentes oficiales.
Entienden cerca del Presidente que una ley, que tenga amplio respaldo en el Congreso, servirá para que el máximo tribunal evite tratar la ofensiva legal que pondrá en marcha el jefe de gobierno porteño este martes o miércoles, que incluirá el pedido de una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos del decreto del Presidente.
Horas después de la presentación que hizo Fernández, en la que le cedió el punto de coparticipación que le quitó a Rodríguez Larreta al gobernador Axel Kicillof para afrontar, entre otras cosas, los aumentos salariales de la policía bonaerense, 19 gobernadores respaldaron la decisión. De los peronistas solo faltó el cordobés, Juan Schiaretti.
En el Gobierno consideran que la iniciativa podría tener un rápido tratamiento y que se aprobaría sin mayores dificultades. La jugada de transformar el decreto en una ley con amplio respaldo político, según fuentes oficiales, servirá para que la Corte, dominada por tensiones internas, evite un tema complejo.
El gobierno porteño espera que, en «cuestión de semanas», la Corte Suprema le dé la razón y frene «lo antes posible» el drenaje de fondos de coparticipación federal que ya no ingresarán en las arcas de la Ciudad.
Hasta la semana pasada, el porcentaje de coparticipación que recibía el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta era del 3,5 por ciento; ese porcentaje se redujo a 2,32%, lo que equivale a unos 300 millones de pesos diarios menos. El cambio de reglas representa una pérdida de unos 13.000 millones de pesos hasta fin de año.
La iniciativa, aún en etapa de preparación, no tendrá más malas noticias para Rodríguez Larreta. Si bien en la Casa de Gobierno consideran que aún quedan temas por resolver, como el traspaso de tierras -valuadas en 982 millones de dólares-, de Lotería Nacional -que representa unos 7000 millones de pesos-, y el cambio en el porcentaje por la administración del Hospital Garraham -lo que le permite a la Ciudad ahorrar 3000 millones de pesos por año-, no habrá más recortes para el jefe de gobierno porteño.
El conflicto, que se resolvió la semana pasada, comenzó antes de que Alberto Fernández asuma como Presidente. Hubo una reunión días antes de la asunción de la que participaron
Fernández, Rodríguez Larreta; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos, y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli.
«Alberto se lo dijo con toda claridad. Después siguieron las conversaciones hasta el 20 de marzo por la pandemia. Pero el tema estaba totalmente hablado», se defendieron desde Balcarce 50.
La administración de Alberto Fernández objetó el decreto que el entonces presidente Mauricio Macri firmó en 2016, con el que le subió la coparticipación porteña del 1,40% a 3,75%. Por las protestas de algunos mandatarios provinciales, lo redujo a 3,50 por ciento a través del decreto 257/2018.
Según el trabajo que encabezó Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, una de las funcionarias más involucradas en la discusión con la Ciudad, los gastos de la policía porteña representan el 0,92% de los fondos nacionales de la distribución primaria de la coparticipación. Para la funcionaria, que depende de «Wado» De Pedro, «la seguridad de la Ciudad no debería financiarse de ese modo; a futuro es un debate que deberíamos dar en el Congreso».
