La declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que admitió haber cobrado coimas, y acusó a Armando Traferri, jefe del bloque peronista en el Senado santafesino, de ser el intermediario del pago de sobornos entre un empresario del juego clandestino y la Justicia, alteró el escenario político en Santa Fe, donde el PJ gobierna a través de una coalición que llevó a Omar Perotti a la victoria el año pasado.
Traferri anunció ayer a través de sus voceros que se va a poner a disposición de la Justicia y que presentará un escrito a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Este miércoles y jueves la Legislatura de Santa Fe analizará las grabaciones del exfiscal que envió la jueza Eleonora Verón.
Traferri fue denunciado, junto a otros senadores, por el manejo irregular de subsidios, que -según la documentación presentada por el exconcejal Jorge Boasso- beneficiaba a una fundación que funcionaba en su oficina. Pero esa investigación quedó trunca porque fueron desplazados los fiscales que pretendían avanzar en la pesquisa por el fiscal regional Patricio Serjal, preso desde agosto e imputado por cobrar coimas.
Traferri anunció este martes a través de sus voceros que se va a poner a disposición de la justicia y que presentará un escrito a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Este miércoles y jueves la Legislatura de Santa Fe analizará las grabaciones del exfiscal que envió la jueza Eleonora Verón. En el escrito el legislador del PJ acusa al ministro de Seguridad Mafcelo Saín de llevar adelante una «campaña de desprestigio» contra él. «Aquí hay una maniobra política nítida, la política se ha mudado al escenario del Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación», agrega.
Perotti, quien se recupera tras contagiarse de covid, dijo que la justicia «tiene que ir hasta el hueso».
Los fiscales investigan desde enero pasado una red de juego clandestino, una causa que se inició por otra trama ligada a la violencia narco y que derivó en otro capítulo. El detonante fue el crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas Enrique Encino, que murió de un balazo mientras fumaba en un balcón del casino City Center.
En la investigación de ese asesinato, que fue organizado por la banda de Los Monos, surgió a través de las escuchas telefónicas que un miembro de esta organización criminal Maximiliano Díaz, alias Cachete, extorsionaba al empresario Leonardo Peiti, quien manejaba el juego ilegal en el sur de Santa Fe. Soldados de Los Monos dispararon contra un edificio del capitalista de juego clandestino y le dejaron un mensaje: «Leo pagá».
La investigación derivó para otro lado, cuando Peiti se presentó en agosto pasado como arrepentido y reveló que pagaba 5000 dólares por mes a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y a su jefe, Patricio Serjal. El 4 de agosto fue detenido el primero y una semana después el fiscal regional.
El viernes pasado, Ponce Asahad pidió declarar y admitió que cobró coimas. Pero además reveló cómo funcionaba la otra red de complicidades políticas. Puso al senador Traferri, jefe del bloque peronista en la Cámara alta, como uno de los intermediarios entre los fiscales que cobraban las coimas y el empresario de juego ilegal. Nombró a varios dirigentes del peronismo y a expolicías, que formaban cada uno con sus roles de esta organización.
Traferri es el líder de Nuevo Espacio Santafesino, un sector en el que tributa a nivel político la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, también mencionada en la declaración del exfiscal. Traferri, que cumple su tercer mandato como senador, es quien maneja los hilos de la Cámara alta y desde diciembre pasado tiene una relación tensa con el gobernador santafesino Perotti. Desde un principio comenzaron los conflictos, cuando los senadores peronista sancionaron en diciembre pasado, antes de asumir, el presupuesto elaborado por el exgobernador Miguel Lifschitz.
Desde ese momento la relación tuvo altibajos, pero siempre bajo tensión. Traferri supo acumular poder desde San Lorenzo, donde se transformó en intendente en 1991 hasta 2003, cuando decidió apostar al Senado, y dejó a su legado en el municipio a su pareja Mónica de la Quintana.
Como ocurrió durante los 12 años de gestión socialista, el senado santafesino se transformó en la gestión de Perotti en un polo de poder importante, con un presupuesto de más de 200.000 millones de pesos y una discrecionalidad en el reparto de subsidios que lo llevó en 2017 al exconcejal Jorge Boasso a presentar una denuncia por el desmanejo de los fondos.
En la denuncia que presentó ante la fiscalía de Rosario Boasso se advierte que Traferri otorgó en 28 meses -entre setiembre de 2013 y diciembre de 2015- 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario. El domicilio fiscal de esa entidad era San Martín 1685, de San Lorenzo. «El domicilio fiscal de la fundación es el mismo que el domicilio de la oficina del senador en la ciudad de San Lorenzo y que el tesorero de la entidad, Mariano Gustavo Vergara, es personal contratado (asesor de Traferri) por la Cámara de Senadores desde hace 12 años». La denuncia involucraba a otros senadores también del PJ.
Tras ingresar en la Justicia, esa denuncia fue a parar a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, quienes días después fueron corridos de sus cargos en esa unidad por el fiscal regional Patricio Serjal, detenido desde mediados de agosto pasado por cobro de coimas.
«Existe un ‘círculo de impunidad’ derivado de una ley provincial que habilita a los legisladores a remover fiscales. Justamente los legisladores que estaban siendo investigados avanzaron en un trámite exprés con la reforma a la ley 13.014 del Ministerio Público, para tener facultades para separar de sus cargos a fiscales», denunció públicamente Boasso, quien ahora recordó el caso que puso en evidencia hace tres años.
