En una decisión histórica, solo equiparable con la consagración del divorcio vincular, el matrimonio igualitario y la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el Senado sancionó la ley que legaliza el aborto sin causa hasta la semana 14 de gestación.
Tras más de doce horas de duración, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre último fue sancionado por 38 votos a favor y 29 en contra, una abstención, con cuatro senadores ausentes.
El voto fue transversal, ya que de los 38 votos a favor 26 fueron aportados por oficialista Frente de Todos mientas que 12 llegaron desde la oposición.
El resultado fue casi un calco del que, en sentido contrario, se registró hace poco más de dos años atrás, cuando Mauricio Macri permitió que el Congreso debatiera por primera vez un proyecto de legalización del aborto. En aquella oportunidad, el texto fue rechazado por 38 votos en contra y 31 a favor.
Después de la sanción de la legalización del aborto, siguió el mismo camino la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como el Plan de los mil días, que establece el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.
La certeza de que el proyecto se encaminaba hacia su sanción se produjo antes de la medianoche, cuando Stella Maris Olalla (UCR-Entre Ríos), la provincial Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y el peronista tucumano Sergio «Oso» Leavy dejaron de jugar a la escondidas y revelaron que apoyarían el proyecto.
Crexell fue una de las senadoras que cambió su voto con relación al debate del aborto en el Senado de 2018. En aquella oportunidad, la patagónica había optado por la abstención. Más radical aún fue el giro de la oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), que confirmó en el inicio de la sesión que su voto «celeste» de hace dos años había girado a uno «verde». También cambió su voto Leavy, quien pasó a apoyar la iniciativa, pese a que en 2018, como diputado, había rechazado la legalización.
Apenas iniciado el debate, y para garantizarse los votos que lo acercaran de manera definitiva a la sanción de la norma, el Gobierno había anunciado su disposición a modificar el texto de la eventual ley al momento de su promulgación. El objetivo era evitar que el proyecto volviera modificado a Diputados, lo que hubiese demorado su sanción.
Con esa modificación apostó a garantizar el voto de dos legisladores que en las últimas horas habían coqueteado con la posibilidad de abstenerse: el provincial Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). La efectividad de la jugada quedó confirmada durante la madrugada. Ambos votaron a favor.
Apenas iniciado el debate, y para garantizarse los votos que lo acerquen de manera definitiva a la sanción de la norma, el Gobierno había anunciado su disposición a modificar el texto de la eventual ley al momento de su promulgación. El objetivo era evitar que el proyecto vuelva modificado a Diputados, lo que demoraría su sanción.
Con esa modificación apostó a garantizar el voto de dos legisladores que en las últimas horas habían coqueteado con la posibilidad de abstenerse: el provincial Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). La efectividad de la jugada, en ambos casos, se develó durante la madrugada.
Además de la puja dialéctica de posturas irreconciliables entre la defensa de la vida, que esgrimieron los «celestes», y el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, que sostuvieron los «verdes», durante el debate se escucharon fuertes cuestionamientos políticos por el «oportunismo» del Gobierno de usar el debate del aborto para tapar el fracaso de sus políticas en otras áreas.
«Todos están siguiendo lo que sucede acá mientras en la Cámara de Diputados se está perpetrando el ajuste a nuestros jubilados», denunció la radical María Belén Tapia (Santa Cruz), para quien el debate simultáneo en ambas cámaras legislativas formó parte de un plan del oficialismo.
Aunque menos virulentas, desde el sector «celeste» del Frente de Todos también se escucharon reproches al Gobierno. El chaqueño Antonio Rodas aseguró que el proyecto viola la Constitución Nacional y se quejó porque no se realizó una consulta popular. «Estamos dejando de lado la opinión del pueblo argentino en su totalidad», protestó.
Más quejas
Otro oficialista «celeste», el misionero Maurice Closs, criticó la jugada del Gobierno de modificar la ley al momento de su promulgación («no parece la técnica legislativa más acertada», dijo»), al tiempo que confrontó el «centralismo» del discurso «progresista» de los sectores proaborto con la opinión mayoritaria contraria que, dijo, existe en amplias regiones del país.
«Nos vienen a correr con que esto es ampliación de derechos, que esto es progresismo. Podrá ser la visión del paradigma de un momento y en un lugar de la historia, pero no del país profundo», protestó Closs.
«La única forma de contar los porotos hubiera sido un plebiscito», agregó, coincidiendo con Rodas. La defensa del proyecto estuvo cargo de la oficialista Norma Durango (La Pampa). «Si hay derecho a querer ser madre también tiene que haber derecho a no querer serlo», afirmó la presidenta de la Banca de la Mujer.
Por su parte, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) rechazó la idea de que la Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción, al afirmar que ese derecho es «gradual e incremental».
«Si seguimos en estas condiciones, las criminalizadas son las mujeres pobres, porque hay una política penal selectiva en el país que avanza contra las mujeres pobres; las otras se lo practican (el aborto) en una clínica privada, pagando costosos honorarios», completó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
