Una licitación internacional que podría marcar a fuego la economía de las próximas décadas genera nerviosismo en todas las tribus que integran el Frente de Todos y preocupación entre grandes empresarios y gremios. La Hidrovía Paraguay-Paraná, la «ruta del agua» que concentra el 80% de las exportaciones del país y por la que entran y salen los barcos de carga, verá vencer su concesión el 30 de abril próximo, luego de 25 años.
Faltando 70 días, todavía no están los pliegos de la licitación y en el Gobierno admiten que es posible que no se adjudique a tiempo. En medio de ruidos internos con gobernadores y referentes del kirchnerismo, Alberto Fernández decidió hacerle una marca personal al tema. «Dio la orden de que se haga la licitación y se está haciendo. Él lo sigue», dijo un estrecho colaborador presidencial. En el Senado también siguen el tema con atención. «Cristina ve la importancia del tema», dijo un referente que conversó del tema con la vicepresidenta.
La concesión actual de la Hidrovía está en manos de una sociedad integrada por el grupo EMEPA (de Gabriel Romero) y la belga Jan de Nul. Por más apremio que ahora tenga el Gobierno, la complejidad del contrato hace casi imposible llegar al 30 de abril con la nueva concesión licitada y adjudicada. Ese estado de incertidumbre hizo que el gremio de Dragado y Balizamiento, encabezado por Juan Carlos Schmid, publicara ayer un comunicado advirtiendo por la «amenaza la estabilidad laboral del corredor exportador». En el sindicato coquetean con un paro: la Hidrovía involucra a 500 trabajadores directos y 200 indirectos.
«Se buscará algún mecanismo de mantenimiento del dragado de la vía hasta que se resuelva la nueva concesión», reconocieron ayer en el Gobierno.
Los gobernadores involucrados en la traza también están inquietos. En agosto del año pasado, a orillas del río Paraná, el Presidente anunció que crearía una sociedad del Estado que tendría una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% divido en 7 provincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe), para controlar los procesos de licitación y realizar obras complementarias.
A los mandatarios provinciales les brillaron los ojos, porque tenían la expectativa de tener una participación más protagónica en la ruta, por la que pasa buena parte del saldo exportador de la Argentina. Sin embargo, los gobernadores sospechan que se utilizará una figura distinta a la de la sociedad del Estado y que el rol de las provincias quedará disminuido. «La participación será a través de un órgano de control y un consejo consultivo», confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte a LA NACION.
El Gobierno convocó para la semana próxima a la primera «reunión plenaria» del consejo consultivo de la Hidrovía en Rosario. En medio de los ruidos con el kirchnerismo, hoy el Ministerio de Transporte invitó vía Boletín Oficial a otros actores a ese encuentro, entre ellos, la Unidad de Información Financiera (UIF). Es que en el Instituto Patria ven la oportunidad para ejercer mayor control sobre las cargas de las agroexportadoras.
Ruidos internos y externos
La Hidrovía se extiende por 1.238 kilómetros entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y el Río de la Plata. De acuerdo con un informe de la firma Latinconsult, la traza permite «la circulación anual de más de 125 millones de toneladas de todo tipo de cargas, 1,5 millones de contenedores, 750.000 vehículos y el arribo de 320.000 pasajeros de cruceros».
Además de las demoras en el llamado a licitación, en el Frente de Todos generó ruido el decreto 949/20 por el cual, en noviembre del año pasado, el Presidente instruyó a instrumentar la licitación nacional e internacional. El texto de esa norma encendió las alarmas en el kirchnerismo, que comenzó a mirar con desconfianza al ministro de Transporte Mario Meoni, hombre de Sergio Massa en el gabinete. Es que el texto no mencionó el dragado del canal Magdalena, un proyecto que había planteado la gestión de Cristina Kirchner antes de culminar el mandato para inclinar la balanza a favor de los puertos argentinos, que se encuentran en desventaja frente a Montevideo.
En Costanera Sur, distintas organizaciones gremiales y sociales encabezadas por ATE hicieron el miércoles un acto «en apoyo al Canal de Magdalena» y «en defensa de la soberanía nacional y la recuperación económica», en el que reclamaron la derogación del decreto 949/20.
El senador oficialista Jorge Taiana, cercano Cristina Kirchner, ya había remitido un pedido de informes al Ministerio del Transporte, en el que reclamó información sobre todo el proceso, ante el temor de que se prorrogue el contrato actual de forma indefinida.
«Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe. Nadie. Lo que he pedido es que apuren al máximo los tiempos de licitación para que eso se resuelva», dijo Fernández días atrás en una entrevista a Página 12 e IP. «Alguien malinterpretó ese decreto», agregó, al tiempo que reveló que llamó a especialmente a Taiana. Como sea, los plazos no alcanzan. Y todavía parece difícil tranquilizar las aguas.
