Un Congreso esquivo, sin mayoría oficialista en ambas cámaras, recibirá hoy al presidente Alberto Fernández, quien inaugurará el 139° período de sesiones ordinarias con un discurso de tono político electoral en el que marcará la hoja de ruta de su segundo año de gestión. Será una asamblea legislativa atípica, que tendrá como telón de fondo la pandemia y la mayor crisis que le tocó asumir al Gobierno desde que llegó al poder, precipitada por la revelación de vacunas de privilegio para funcionarios y dirigentes del oficialismo.
Como es habitual en cada apertura de sesiones ordinarias, el Presidente aprovechará la ocasión para trazar un balance de su primer año al frente de la administración. Seguramente le dedicará un párrafo a los legisladores cuya tarea, si bien fue prolífica pese a la pandemia, le deparó algunos sinsabores para el Gobierno. En efecto, Fernández no logró que la Cámara de Diputados aprobara el año pasado uno de sus proyectos dilectos, la reforma judicial, como tampoco pudo conseguir que el Senado entronizara a su candidato, el juez Daniel Rafecas, como procurador general de la Nación.
Las iniciativas de índole institucional fueron las que tropezaron con mayores dificultades en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es minoría. Allí está pendiente, por caso, la reforma de la ley del Ministerio Público, motorizada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, la cual propone nombrar al procurador fiscal por simple mayoría del Senado, entre otros artículos polémicos.
De todas maneras, el Gobierno no debería tener demasiados motivos de queja por la actuación del Congreso durante su primer año de gestión. De los 38 proyectos de ley que envió al Parlamento, 22 recibieron sanción: el 57% del total. De este lote, se destacan las leyes económicas; algunas, como las referidas a la deuda externa, tuvieron amplio consenso; otras, como la nueva movilidad jubilatoria, la quita de coparticipación a la Capital y la ampliación de la moratoria impositiva, desataron una fuerte polémica y fueron rechazadas por sectores de la oposición.
Dentro del listado de iniciativas aprobadas figuran varios de los anuncios que el Presidente había formulado el 1° de marzo pasado, cuando inauguró por primera vez las sesiones del Congreso. Entre ellos se encuentran la legalización del aborto, uno de los íconos de la campaña oficialista, como así también el Programa de los Mil Días, una ley destinada a la asistencia de las madres embarazadas y de los niños en su primera infancia.
Asimismo, el Congreso ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral, como así también la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento y la declaración de 24 capitales alternas. Además, se aprobaron la creación de un Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, la demarcación de la Plataforma Continental y nuevas sanciones contra la pesca ilegal.
Por el contrario, otros tres proyectos anunciados por Fernández en aquella oportunidad aún no logran sanción: la creación del Consejo Económico y Social -recién hace una semana atrás el presidente anunció que enviaría una iniciativa sobre el tema-, una nueva ley de Hidrocarburos -proyecto que el Poder Ejecutivo aún no envió- y la ya mencionada reforma judicial.
La Cámara de Diputados, un obstáculo
La Cámara de Diputados, que preside el oficialista Sergio Massa, se erigió como el mayor obstáculo para el oficialismo en los temas judiciales. Allí, el bloque del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, debe convivir en minoría con Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, y una veintena de diputados de distintas bancadas a los que suele acudir para alcanzar la preciada mayoría.
En la mayoría de los casos, los «diputados del centro» definieron en favor del oficialismo: fue así como el Gobierno pudo alzarse, con lo justo, con la sanción de las leyes de movilidad jubilatoria y la ampliación de la moratoria impositiva. Sin embargo, este sector, con sus matices, se mantiene renuente a prestarle al Gobierno sus votos para avanzar en la reforma judicial, una de las banderas de la campaña presidencial de Fernández.
«En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza -enfatizaba el presidente hace exactamente un año, en su primer discurso ante la asamblea legislativa-. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho.»
Se prevé que Fernández -que tendrá sentada a su lado a Cristina Kirchner- vuelva a la carga con la cuestión judicial y le dedique algunos párrafos de alto voltaje a los magistrados en medio de la guerra fría con la Corte Suprema por los fallos que emitió en causas de corrupción y cuando el Gobierno pretende introducir cambios de fondo en los tribunales.
Los jueces de la Corte Suprema no estarán presentes en el hemiciclo para escuchar el discurso presidencial; su participación solo está prevista de manera virtual, al igual que la de los gobernadores y de buena parte de los legisladores. En efecto, por estricto protocolo sanitario solo se permitirá la asistencia de no más de 150 diputados y senadores repartidos entre las bancas y los palcos de la Cámara baja. Será una asamblea legislativa más raleada que de costumbre, aunque no por ello menos cargada de expectativa.
