La oferta era seductora: millones de dosis de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik y Johnson & Johnson al alcance de la mano y en un tiempo de entrega récord, solo un par de semanas. El costo, por supuesto, superaba en cinco veces el precio de mercado. El mensaje en el teléfono de Cecilia Nicolini, asesora presidencial y una de las encargadas de negociar la provisión de vacunas, del intermediario despertó interés, pero sobre todo desconfianza.
Según publicó el diario La Nación, después de unas pocas preguntas de rigor, como cuál es el origen de la planta de producción o los contactos con los que el intermediario negocia la provisión en los laboratorios o los Estados proveedores, la respuesta es la misma: silencio. El riesgo a caer en una red que trafica vacunas falsificadas o que se ofrecen en el mercado negro a partir de compras irregulares o directamente robos, encendió la alarma del gobierno nacional.
La preocupación de la Casa Rosada se extendió en los últimos días ante la decisión de algunas provincias y municipios de salir al mercado para comprar vacunas contra el coronavirus, tras las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El Gobierno busca evitar que aquellos que comenzaron a negociar la compra de dosis caigan en estas redes.
“Estamos para acompañarlos. No podemos permitir que suceda, se trata de una cuestión de seguridad.”, avisó un importante funcionario involucrado en el proceso de compra de las vacunas. Y agregó: “Juegan con la vida”.
La escasez de vacunas, los problemas de producción y de logística generaron un terreno fértil para la ilegalidad. La pandemia se transformó en un negocio multimillonario y provocó una explosión en el mercado ilegal, donde se juega con la desesperación.
Desde que comenzó la pandemia, la Argentina se impuso negociar con los laboratorios, farmacéuticas y otros Estados nacionales, como sucedió con los gobiernos de Rusia y China. “Negociamos con todos los que están disponibles, sobre todo los tiempos de entrega”, explicaron fuentes oficiales.
En este proceso, según advirtieron desde Balcarce 50, la prioridad casi absoluta de los Estados productores como de los laboratorios es vender a otros estados nacionales. “Es una negociación directa, sin intermediarios, que garantiza un reparto equitativo de las vacunas”, graficó una de las especialistas en la materia dentro de la administración de Alberto Fernández.
En los últimos meses aparecieron ofertas de privados con tiempos imposibles de cumplir, según relataron a LA NACION importantes funcionarios. “Algunos garantizaban 5.000.000 de vacunas en dos semanas. A cambio, pedían una nota de crédito y la firma de una carta de intención”, aseguraron. En todos los casos, el gobierno nacional pide más información para contrastar con los canales oficiales que ya tiene abiertos con los distintos gobiernos.
Hasta el momento, según confirmaron fuentes oficiales, llegaron a unas 20 las ofertas concretas de estas características a los escritorios de los principales negociadores del Gobierno, Nicolini y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. “Es algo cada vez más habitual y preocupante”, sentenciaron allegados a Nicolini.
La última “oferta” apareció el miércoles. Fue a través de un fondo de inversión que ofreció un lote de vacunas de AstraZeneca; como sucedió en el resto de las operaciones, el precio era cinco veces más caro que en el mercado oficial. Una vez más el intermediario no logró responder las consultas del gobierno argentino. Otra vez, la negociación se terminó rápidamente.
Desde la Casa Rosada miran con atención los movimientos de los gobernadores e intendentes. Es que, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), entre otros, se sumaron jefes comunales como Gonzalo Toselli, de Sunchales.
Y por las dudas advirtieron que cualquier operación deberá pasar por una cadena de control, que también incluyen a la Aduana y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Problema mundial
La debilidad de los organismos reguladores de medicamentos, las fronteras porosas y la corrupción son clave en la circulación de falsificaciones de las vacunas contra el Covid-19 en el mundo.
Este problema afecta principalmente los países que no lograron acceder a las vacunas o que, como la Argentina, el suministro de dosis aún no le permite avanzar con un programa masivo de vacunación. En África, por ejemplo, las organizaciones criminales denominaron a las vacunas contra el coronavirus como “oro líquido”.
Hace dos semanas, por ejemplo, tras la publicación de una alerta naranja que publicó Interpol, el gobierno de Sudáfrica incautó cientos de vacunas falsas. En los últimos días se incautaron 3000 dosis adulteradas en China. En México, en tanto, hubo unas 1000 personas que recibieron dosis falsas de la vacuna Sputnik V.
«No es más que la punta del iceberg en lo que respecta a los delitos relacionados con la vacuna contra el Covid-19», declaró el Secretario General de Interpol, Jürgen Stock.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre las bandas criminales que están “comenzando a comercializar ilegalmente supuestas vacunas” contra el coronavirus. Según alertó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se detectaron “productos falsos que se están vendiendo en calidad de vacunas”.
Y añadió que “cualquier vacuna comprada fuera de las redes sanitarias gubernamentales podría estar por debajo de los estándares o adulterada, y tiene el potencial de causar graves daños”.
