La suba del precio internacional del GNL, la baja hidraulicidad y el moderado aumento en las tarifas haría subir las transferencias de US$10.900 millones a más de US$14.000 millones
En 2021, representaron transferencias por un total de US$10.910 millones, un 2,4% del PBI, cuando en el proyecto de presupuesto de ese año se le habían destinado US$7129 millones (un 53% superior a lo estimado).
Para este año, el ministro estimó que los subsidios se reducirían a 1,5% del PBI y le destinó en el fallido proyecto de presupuesto US$7449 millones. Sin embargo, hay varios factores que no solo ponen en duda las proyecciones oficiales, sino que los analistas privados creen que las transferencias al sector superarán los US$14.000 millones. Entre estas razones está el aumento del precio del gas natural licuado (GNL) que se importa en el invierno, la baja en la generación hidráulica, que es mucho más económica que la energía térmica, y la merma en los pozos productivos de gas de Bolivia.
En un comunicado del 19 de septiembre pasado, el Ministerio de Economía explicó que el ajuste en subsidios energéticos se logrará “mediante tres acciones concretas”: finaliza el programa de estímulo a la producción de gas que lanzó el exministro de Energía Juan José Aranguren (el de la resolución 46) y se reducirá el gasto en US$600 millones; las inversiones por $100.000 millones en obras de infraestructura (principalmente en gasoductos) permitirán un mayor ahorro fiscal en sustitución de importaciones y se aplicará la segmentación de tarifas.
Por lo pronto, el año pasado finalizó con la confirmación del secretario de Energía, Darío Martínez, de que las tarifas de gas y luz aumentarán 20% (sin precisiones sobre cómo y cuándo se hará la segmentación). Sin embargo, lejos de llevar tranquilidad al sector, el anuncio desató una nueva interna dentro del Gobierno, porque el incremento podría no tener ningún efecto en las cuentas fiscales.
En primer lugar, no se especificó cómo se repartirá esa suba entre los tres componentes que representan el precio final de las tarifas: distribución, transporte y generación eléctrica o producción de gas. Los primeros dos segmentos no están subsidiados (de manera directa), por lo tanto, una suba en esas variables no impactará en los números de Guzmán. Y todo pareciera indicar que el tercer componente, el que tiene mayor incidencia en el valor final de las tarifas, no variará.
Una señal de ello fue el comportamiento del interventor en el Enargas, Federico Bernal, de llamar rápido a una audiencia pública para este miércoles para definir la suba de tarifas de las empresas de transporte y distribución de gas. Días después, la Secretaría de Energía convocó a otra audiencia pública para el 31 próximo para definir cuánto del costo de producción de gas pagarán los usuarios, un porcentaje que hoy ronda el 55%, pero está en caída a medida que sube el tipo de cambio oficial.
Para que haya realmente una reducción en subsidios, las audiencias públicas tendrían que haber sucedido al revés: si Energía decide subir el precio del gas, la audiencia pública de transporte y distribución de este miércoles quedará obsoleta y el Enargas debería hacer una nueva convocatoria, según el manual de Bernal. Algo similar sucedió el año pasado, cuando se vio truncado el intento de Guzmán de traspasar a los usuarios parte de los subsidios del Plan Gas.Ar.
Este año, el asunto todavía es más complicado, ya que el precio del GNL subirá de US$8,5 que promedió en 2021 a no menos de US$20 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector).
El año pasado se trajeron 42 buques con 51 millones de metros cúbicos (m3) de gas cada uno al puerto de Escobar y 14 a Bahía Blanca, con 82 millones de m3 para abastecer la demanda de invierno.
En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, pronosticó que los subsidios a la energía se reducirán este año. No se trata de un tema menor, sino que representa gran parte del gasto ineficiente del Estado. En palabras del funcionario, son subsidios “pro-rico”.
En 2021, representaron transferencias por un total de US$10.910 millones, un 2,4% del PBI, cuando en el proyecto de presupuesto de ese año se le habían destinado US$7129 millones (un 53% superior a lo estimado).
Para este año, el ministro estimó que los subsidios se reducirían a 1,5% del PBI y le destinó en el fallido proyecto de presupuesto US$7449 millones. Sin embargo, hay varios factores que no solo ponen en duda las proyecciones oficiales, sino que los analistas privados creen que las transferencias al sector superarán los US$14.000 millones. Entre estas razones está el aumento del precio del gas natural licuado (GNL) que se importa en el invierno, la baja en la generación hidráulica, que es mucho más económica que la energía térmica, y la merma en los pozos productivos de gas de Bolivia.
En un comunicado del 19 de septiembre pasado, el Ministerio de Economía explicó que el ajuste en subsidios energéticos se logrará “mediante tres acciones concretas”: finaliza el programa de estímulo a la producción de gas que lanzó el exministro de Energía Juan José Aranguren (el de la resolución 46) y se reducirá el gasto en US$600 millones; las inversiones por $100.000 millones en obras de infraestructura (principalmente en gasoductos) permitirán un mayor ahorro fiscal en sustitución de importaciones y se aplicará la segmentación de tarifas.
Por lo pronto, el año pasado finalizó con la confirmación del secretario de Energía, Darío Martínez, de que las tarifas de gas y luz aumentarán 20% (sin precisiones sobre cómo y cuándo se hará la segmentación). Sin embargo, lejos de llevar tranquilidad al sector, el anuncio desató una nueva interna dentro del Gobierno, porque el incremento podría no tener ningún efecto en las cuentas fiscales.
En primer lugar, no se especificó cómo se repartirá esa suba entre los tres componentes que representan el precio final de las tarifas: distribución, transporte y generación eléctrica o producción de gas. Los primeros dos segmentos no están subsidiados (de manera directa), por lo tanto, una suba en esas variables no impactará en los números de Guzmán. Y todo pareciera indicar que el tercer componente, el que tiene mayor incidencia en el valor final de las tarifas, no variará.
Una señal de ello fue el comportamiento del interventor en el Enargas, Federico Bernal, de llamar rápido a una audiencia pública para este miércoles para definir la suba de tarifas de las empresas de transporte y distribución de gas. Días después, la Secretaría de Energía convocó a otra audiencia pública para el 31 próximo para definir cuánto del costo de producción de gas pagarán los usuarios, un porcentaje que hoy ronda el 55%, pero está en caída a medida que sube el tipo de cambio oficial.
Para que haya realmente una reducción en subsidios, las audiencias públicas tendrían que haber sucedido al revés: si Energía decide subir el precio del gas, la audiencia pública de transporte y distribución de este miércoles quedará obsoleta y el Enargas debería hacer una nueva convocatoria, según el manual de Bernal. Algo similar sucedió el año pasado, cuando se vio truncado el intento de Guzmán de traspasar a los usuarios parte de los subsidios del Plan Gas.Ar.
Este año, el asunto todavía es más complicado, ya que el precio del GNL subirá de US$8,5 que promedió en 2021 a no menos de US$20 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector).
El año pasado se trajeron 42 buques con 51 millones de metros cúbicos (m3) de gas cada uno al puerto de Escobar y 14 a Bahía Blanca, con 82 millones de m3 para abastecer la demanda de invierno.
En lo que se refiere a electricidad, el ente regulador todavía no llamó a audiencias públicas para definir la suba de transporte y distribución. Por los tiempos que conlleva esta acción, las tarifas de luz no subirán antes de marzo. Tampoco se sabe si la subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Federico Basualdo, trasladará a los usuarios una suba del costo de generación (hoy se financia con tarifas solo el 30%). El resto es cubierto con transferencias del Tesoro a Cammesa, la compañía encargada de los despachos de electricidad.
La situación también se vio afectada por la baja hidraulicidad de las represas de Yacyretá y la zona del Comahue en los primeros días del año y las proyecciones para todo el cuatrimestre, lo que hizo que los cálculos de US$75 el valor del precio promedio de la electricidad ascendieran a US$79.
Según datos de la consultora Economía & Energía, que dirige Nicolás Arceo (exfuncionario de Axel Kicillof en temas energéticos en el Palacio de Hacienda), el 68% de los subsidios a la energía el año pasado se concentraron en el segmento de electricidad, donde se verificó un incremento interanual del 59% de las transferencias, pese a que no se haya visto reflejado en una mejora en la calidad del servicio.
“El congelamiento de tarifas, la crisis hídrica y el encarecimiento del precio de los combustibles fueron determinantes en el incremento del nivel de subsidios a la energía eléctrica”, dice el último informe, que advierte que las transferencias se incrementaron en un 75% respecto a 2020 y en un 130% respecto a 2019.
El aumento en los subsidios no solo impactará en las arcas fiscales, sino que también afectarán las divisas del Banco Central. Según estimaciones del analista energético Daniel Gerold, las importaciones de GNL y gasoil aumentarán en US$4000 millones, aunque señala que el saldo negativo sería de US$3000 millones, porque también aumentarán las exportaciones de petróleo.
“La situación del invierno 2023 será peor si el Gobierno no se decide a realizar el gasoducto. Y por ahora no se ven funcionarios que tengan la experiencia para dirigir y ejecutar esta obra. Todavía no se llamó a una licitación. Por eso creo que la situación podría complicarse como consecuencia de la ausencia de planificación”, indicó el director de G&G Energy Consultants, quien proyectó para este año subsidios a la energía por US$16.000 millones, sin contar los aumentos de tarifas y con el supuesto de que no habrá una fuerte devaluación.
