Tensión entre organismos de derechos humanos y el Ejército por el futuro del Casino de Oficiales de un regimiento de Corrientes

Con un episodio que derivó en la intervención del Ministerio de Defensa y de la Justicia, el sábado último se reactivó el reclamo de organizaciones de derechos humanos para que se les adjudique un sector del predio que albergaba al Regimiento de Infantería N° 9, de Corrientes. El objetivo es convertir el antiguo Casino de Oficiales en un sitio de memoria, por entender que durante la dictadura militar se impartían desde allí órdenes para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y tortura.

El regimiento fue trasladado en 1996 a San Javier, en el norte de Misiones, pero el predio, de unas 17 hectáreas, sigue en manos del Ejército. Las organizaciones alegan que los sectores que pretenden preservar no ocupan más de una hectárea.

El destacamento que funciona hoy en el lugar tiene una dotación de cuatro suboficiales y seis soldados. Fuentes castrenses indicaron que el reclamo derivó en una situación tensa y que cuando se les indicó que solo podían tener acceso al Casino de los Soldados, un sitio ya preservado por la Justicia, los militantes de las organizaciones de derechos humanos insistieron en que se les permitiera realizar sus actividades en el Casino de Oficiales y llegaron a empujar al mayor Castro Quesada, quien ordenó a sus subordinados no reaccionar. Se hizo presente en el lugar el comandante de la Brigada Monte 3, que está en Resistencia, el coronel Cristian Pafundi, y se sumó un grupo de veteranos de Malvinas que estaban a pocos metros del lugar y se pusieron a disposición de los militares.

Más allá de los reclamos por señalizar lo que fue el Casino de Oficiales y otras construcciones, una medida cautelar dispuso hace tiempo la preservación del Casino de los Soldados, para conservar eventuales pruebas en un proceso judicial que aún se lleva adelante. El predio en disputa constituye un lugar estratégico, sobre la avenida Costanera, a pocos metros del puente que une la ciudad de Corrientes con Resistencia.

“Nosotros no pretendemos que se vaya la unidad militar. Queremos que se mantenga el sitio donde funcionaba el centro de detención, porque hay una causa judicial pendiente y las instalaciones aún pueden servir como prueba, además del símbolo que representa el lugar desde donde se daban las órdenes”, dijo el presidente del Espacio de Memoria RI-9, Daniel Cian, al explicar el incidente del sábado.

En el predio de Corrientes se instaló hace seis años la Compañía de Ingenieros Monte 3, que en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue mudado al Cuartel de La Liguria, en Resistencia. Desde entonces, permanece en el lugar el Destacamento de Vigilancia de Cuartel Corrientes, con el reducido plantel de suboficiales y soldados.

Pedido de autorización

“Antes de realizar el acto, que consistía en dos visitas guiadas, una charla de concientización y la presentación de un libro sobre Malvinas, pedimos autorización por escrito a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que la tramitó ante el Ministerio de Defensa y el juzgado federal de Corrientes, a cargo de Gustavo Fresneda. Nos recibió el mayor Castro Quesada, con quien pudimos dialogar, pero no nos permitió acceder al Casino de Oficiales porque la autorización no mencionaba expresamente ese lugar”, explicó Cian, que milita en la organización Hijos.

Fuentes extraoficiales insistieron en que hubo momentos de tensión entre el personal militar y los civiles que concurrieron al acto. Cian explicó que a través de comunicaciones directas con el Ministerio de Defensa y el juzgado interviniente se pudo finalmente ingresar en el Casino de Oficiales. Superado ese momento de tensión, las actividades se completaron con normalidad, durante cinco horas.

La Justicia interviene porque se sigue llevando adelante una investigación sobre violaciones a los derechos humanos en el predio del exRegimiento de Infantería N° 9, por hechos que sucedieron hace más de 40 años.

Las organizaciones de derechos humanos objetan, además, un proyecto que propone destinar el terreno del regimiento a la provincia de Corrientes, para el desarrollo de obras en la costanera. Procuran preservar el predio como sitio de memoria, incluidos -además del Casino de Oficiales- el patio de armas y una pequeña capilla en la que, según las denuncias, se habría forzado a contraer el matrimonio religioso a parejas de detenidos que vivían en concubinato.

“El predio tiene un valor simbólico porque es la primera unidad militar del interior –luego de otros sitios de La Plata y Buenos Aires- en la que la Justicia probó la existencia de un centro clandestino de detención. Son lugares que deben ser afectados a tareas educativas y formativas, para consolidar el Nunca Más en las nuevas generaciones”, argumentó el abogado Pablo Vassel, exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes y uno de los expositores, junto con la doctora Marisa Sanauria, el fiscal Diego Vigay y el exfiscal Germán Wiens Pinto, entre otros.

Vassel afirmó que el Casino de los Soldados está cercado por la medida cautelar y no tiene actividad militar. A 50 metros de distancia, en cambio, el Casino de Oficiales y el patio de armas están en funcionamiento y en forma contigua tienen su sede un centro de veteranos de Malvinas y una dependencia de la Municipalidad de Corrientes.