El exministro estaba ilusionado con el gasoducto Néstor Kirchner, pero Alberto Fernández no pudo cumplir sus deseos
El formulario más célebre de la Argentina de estos días, el que servirá para que los usuarios del área metropolitana consignen sus datos con la esperanza de mantener los subsidios a la luz y el gas, todavía no vio la luz. La Casa Rosada decía que estaría publicado el viernes. Fake news. Es lo único visible de una discusión interna que lleva al menos un mes en el Palacio de Hacienda. En la última charla que tuvo con Alberto Fernández, ayer, cerca del mediodía, Martín Guzmán expuso todo: le preguntó si estaba dispuesto a echar a los funcionarios kirchneristas del área energética y, como el Presidente le dijo que habría que verlo en unos días, renunció. La hora elegida para el tuit, el momento en que Cristina Kirchner lo comparaba en Ensenada con Melconian, fue su última -y única- ironía.
Guzmán le había pedido al jefe del Estado el control de esa y otras áreas el miércoles. La respuesta no había sido negativa. Necesitaba que se fueran quienes creía que, desde hacía tiempo, venían trabando y demorando ese aspecto decisivo de su gestión. El gasoducto, los subsidios, la compra de gasoil. Entre ellos el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que incide sobre el ente regulador de Electricidad (ENRE), que conduce Soledad Manín; el interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, y el presidente de Enarsa, Agustín Gerez. Tarea ardua presidencial: todos ellos tienen buena relación con el Instituto Patria. Echarlos equivaldría a, como dicen los resignados asesores de Alberto Fernández cada vez que él hace un gesto provocador hacia ese lado del Frente de Todos, mojarle la oreja al león.
Las diferencias en el Ministerio de Economía venían desde hacía un año, cuando Guzmán intentó sin éxito echar a Basualdo, pero terminaron de explotar hace un mes, con la renuncia de Antonio Pronsato, el funcionario que debía encabezar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, a Enarsa. Para el ahora ex ministro es tan relevante esa obra que, en su fantasía de una gestión desprovista de kirchneristas, llegó a invitarlo al ingeniero a volver. Pronsato es un técnico respetado en el sector; según los petroleros, uno de los pocos capaces de llevar adelante semejante iniciativa.
Guzmán lo convocó hace unas dos semanas a su oficina. “Tené preparado un pizarrón”, le dijo Pronsato, y allí fue. Expuso durante largo rato y con detalles. Guzmán considera que, sin el gasoducto, la Argentina no podrá aprovechar este momento de precios internacionales altos de gas justo cuando faltan dólares. Sin ir más lejos: el cálculo es que podrían irse este año unos 15.000 millones por la energía. Pronsato y Guzmán volvieron a verse. Almorzaron hace dos lunes, el 20 de junio en que Cristina Kirchner habló del festival de importaciones. La propuesta del ministro fue tan concreta que Pronsato y otros posibles contratados tenían la instrucción de hacerse una revisión médica para volver al Estado.
Pero todo empezó a complicarse. Ya venía difícil con el gasoil. Alberto Fernández se jactó la semana pasada en C5N de haber subido el corte de biodiésel para resolver el faltante, algo que es cierto, pero engañoso: el propio Gobierno había bajado en febrero de 10 a 5% la obligación de incluirlo en el combustible. Ese 5% representan unos 750.000 metros cúbicos. Casi el faltante de gasoil. Casi lo que vendrá en los próximos 45 días en los diez barcos contratados a las apuradas por YPF.
El principio del fin fue el famoso formulario, cuyos detalles se publicaron el martes en el Boletín Oficial en la resolución 467, pero que todavía no está disponible en la web. Como consignó Nicolás Gandini en el sitio Econo Journal, Darío Martínez incluyó a último momento, en el artículo 5 de esa resolución, una modificación para la segmentación de subsidios para la Patagonia. El apartado eleva el piso de los ingresos netos que debe cobrar un usuario de gas y electricidad en la Patagonia, considerada “zona desfavorable” por la Ley 23.272, para perder los subsidios. En la práctica, la medida fijó ese monto en unos 424.000 pesos por mes, un 22% más que la media a nivel nacional, que quedó en los 350.000 pesos, el equivalente a 3,5 canastas básicas para un hogar de cuatro personas.
En la Secretaría de Energía dijeron a ese medio que Guzmán y Alberto Fernández habían estado al tanto en todo momento de estos cambios. Si Guzmán sabía o no es a estas alturas irrelevante: lo constatable es que, muy molesto, decidió irse.
