Los empresarios están conociendo en estos días los efectos adversos de una de las facetas de Sergio Massa que alguna vez vieron como virtud allá por principios de agosto, cuando llegó al Palacio de Hacienda. La cintura política y el pragmatismo que le reconocían como activos para salir del laberinto político y económico de entonces son ahora características que a veces los desconciertan.
Así, mientras el ministro, desde Estados Unidos, ponderaba el orden fiscal y afirmaba que los congelamientos de precios no son buenos, en Buenos Aires sus colaboradores ponían en marcha la rueda de encuentros con las empresas líderes de consumo masivo para negociar un plan de ese estilo, con precios fijos por 120 días e impresos en las etiquetas de los productos. Massa lo bautizó como un programa de “Precios Justos”, que pretende que abarque alimentos, artículos de limpieza e higiene y hasta medicamentos. La elección de las palabras no es casual en la estrategia comunicacional del ministro. Por eso se habla también de un “alineamiento” de salarios y precios en esas compañías, es decir, un virtual congelamiento de sueldos que deberá negociarse con los gremios, a los que buscará sumar a la mesa.
Tampoco son casuales los mensajes y gestos de sus socios de la coalición gobernante, el cliente interno al cual el massismo no puede desatender. No solo el ya famoso tuit de Cristina Kichner reclamando por la suba de la indigencia, sino también las poco sutiles indirectas de Axel Kicillof sobre cuál es el camino a seguir. El gobernador bonaerense impulsa casi todos los meses alguna demostración de fuerza frente a los supermercados o alguno de sus proveedores. Gestos de cara al Gran Buenos Aires, que soporta una inflación interanual de 88,3% en los alimentos.
“No es congelamiento o muerte; lo que banca Cristina es la regulación. Hay que analizar por qué en los últimos tres meses hay una brecha entre los precios de góndola y el resto”, dice un economista muy escuchado por los seguidores de la vicepresidenta. “No es por costo ni por demanda; no es el conflicto bélico en Ucrania, no son los salarios ni las tarifas. En julio las expectativas de devaluación se expresaron en la brecha cambiaria: saltó la brecha y saltó la inflación; luego esa brecha se achicó y los precios no bajaron”, advierte.
En la visión del ala cristinista del Frente de Todos, en la relación del Gobierno con los empresarios siempre hay tensión y el simbolismo es tan importante como el castigo efectivo. Por eso el economista no ve el pronunciamiento de la vice sobre la suba de la indigencia como una amonestación a Massa, sino como una reafirmación de identidad. Si bien el ministro tiene una mirada -y contactos- más promercado y proempresa, confían en su muñeca política. “Antes que eso es un pragmático”, analiza la fuente.
El expresidente de la Cámara de Diputados parece estar a la altura de la definición. Como pretende que Precios Justos sea fruto de un acuerdo y no de una imposición, lo presenta como algo que no entraría en contradicción con su diagnóstico sobre la inefectividad de los congelamientos. Pero no todos están convencidos de que eso será así por la resistencia de las empresas a imprimir los precios en el packaging (dicen que sería muy costoso y que la experiencia anterior, en 2021, fracasó) y por los tiempos que insumirían los cambios. “Los funcionarios con los que hablamos dan la sensación de que se sienten presionados políticamente para aplicar un congelamiento y lo quieren ya, desde noviembre hasta febrero”, dice el ejecutivo de una de las compañías convocadas. Y agrega que están poniendo sobre la mesa herramientas a medida de cada empresa para compensar la pérdida de rentabilidad que implicaría ese congelamiento. “A las que exportan les ofrecen un dólar diferencial; a las que importan, facilidades para importar; a las que no necesitan ni lo uno ni lo otro, créditos o subsidios”, relata. Esa disparidad entre la urgencia oficial y la falta de precisiones, más la insistencia en los precios impresos, llevan al ejecutivo a pensar que podría estar preparándose el terreno para un congelamiento unilateral.
¿Massa en modo Feletti? “Sergio sabe que sin la macro no se puede, pero con la macro sola no alcanza”, bromea el economista, jugando con la consigna que unió a las tres vertientes del Gobierno en las elecciones de 2019. Pone como ejemplo la puesta en marcha del nuevo sistema de importaciones, el SIRA, que empezó a funcionar hace unos días. “Les estábamos dando los dólares a los industriales y ellos los estaban usando para sobrestockearse; lo que decíamos era: no sean tan boludos”, agrega.
El SIRA es el nuevo juguete tecnológico del equipo de Massa, un sistema informático que la Aduana empezó a pergeñar en julio pasado, que permite a un grupo de funcionarios monitorear en tiempo real los pedidos de importación de las empresas y se puede consultar en cualquier momento desde una notebook o incluso desde el celular mediante una app. Se trata de un “tablero de control” on line que clasifica los requerimientos de las compañías con un mapa de calor de cuatro colores -verde, amarillo, naranja y rojo- en función de la “razonabilidad” de los pedidos. Para hacerlo está cargado el historial de los últimos 24 meses de cada CUIT que registró una autorización para importar; si el monto de dólares necesario es muy superior al promedio de ese período, o si la solicitud es de alguien que no importa habitualmente, el sistema lo expone de una manera muy gráfica. A partir de esa información, se arma un calendario de acceso a los dólares del Banco Central para que las firmas autorizadas sepan cuándo podrán pagar sus compras al exterior.
Cerca de Massa dicen que, tras algunos ajustes que frenaron las operaciones de comercio exterior, el sistema ya está funcionando normalmente. Hasta el viernes a la tarde había más de 38.000 SIRA registradas y más de 8000 importadores habían anotado al menos una. En total, son pedidos superiores a US$4400 millones, más de la mitad de lo recaudado con el dólar soja, a los que el Gobierno deberá pasar por el cedazo. Por lo pronto, 1068 empresas con medidas cautelares para importar están bloqueadas hasta tanto no desistan. El martes próximo, representantes de la Unión Industrial Argentina se reunirán con el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, para exponer los casos de importaciones frenadas y buscar una solución. Massa está tan entusiasmado con el nuevo sistema que quiere armar un “tablero de control” similar para monitorear el cumplimiento de Precios Justos.
Mientras tanto, sus fintas desconciertan. Es el caso de la amenaza a los textiles de abrir la importación para bajar los precios de la ropa. Según fuentes del sector, hay un acuerdo de congelamiento de precios prácticamente cerrado al que solo le faltan los últimos detalles, entre ellos, su duración. Los textiles proponen fijar precios por un mes y en los seis meses posteriores ajustarlos según la variación del tipo de cambio, que sigue por debajo de la inflación. Juran que extender el pacto a dos o tres meses, como pretende el Gobierno, los haría ir a una rentabilidad negativa, que históricamente está en un dígito. En medio de ese tira y afloje esgrimió Massa la libre importación como un arma eficaz para hacer bajar los precios por la vía de una mayor competencia. “No sé con qué dólares lo harían si no hay, pero la verdad es que esto no da para más, no da para tanta franela; estamos para cerrar”, lamenta un empresario textil, sin percatarse de lo apropiado de la metáfora. Cree que todo es parte de un juego político: “Tengo el acuerdo en la mano y hago que parezca que salió por presión del Estado; qué casualidad que con los neumáticos pasó lo mismo”, razona.
En donde el ministro de Economía parece menos convencido de las virtudes de la apertura comercial es en el caso de la electrónica de Tierra del Fuego. Junto con una suba de impuestos internos para celulares, TV y equipos de aire acondicionado, introdujo en el proyecto de presupuesto de 2023 un alza de aranceles para los productos importados. Según fuentes oficiales, la mayor protección a las empresas fueguinas permitirá al Estado embolsar el equivalente a unos US$140 millones. Cuando se les pregunta si eso no tendrá un impacto en los precios, dicen que los empresarios que manejan la industria isleña son básicamente dos, Rubén Cherñajovsky (Grupo Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor, Brightstar), y que prometieron que no habrá traslado a precios. “Es un sector muy fácil de controlar; no está atomizado como la industria textil”, confían. Por ahora todo fluye: el Gobierno acordó con ellos nuevos planes Ahora 30 y Ahora 42, y un congelamiento de precios por 90 días.
