Pese a la disconformidad del gobierno nacional con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le devuelva a la Ciudad parte de los fondos de coparticipación que le había recortado, el presidente Alberto Fernández confirmó que le pagará a la administración porteña lo que le indicó la Justicia a través de bonos. Además, precisó que presentará un recurso “in extremis” contra la decisión judicial, que recusará a los magistrados del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a tratarse en sesiones extraordinarias.
En una catarata de tuits, el Presidente hizo un repaso desde el momento en que se conoció el fallo hasta este lunes y pese a que ratificó su postura contra la medida, notificó que enviará el dinero a la Capital. Dijo sobre eso que instruyó a la Jefatura de Gabinete para que reasigne recursos de bonos TX31 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, comenzó Fernández al respecto de una medida que se conoció antes del fin de semana de Navidad.
Comentó después que las políticas públicas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y consideró por eso que si se afectan los recursos de la Nación “se verá obviamente resentida” la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas, que serán -según su parecer- “perjudicadas” por el fallo.
“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo primero el Presidente sobre cómo pagarle a la Ciudad.
Sin embargo, aseveró, sin dejar de criticar la sentencia de la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
Así, desglosó como punto inicial que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, a fin de que se revise la medida cautelar. Además, indicó que ordenó recusar a los jueces del máximo tribunal y dio sus motivos: “Habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
Luego, ahondó sobre la cuestión del pago. “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”, aseveró el Presidente, que recibió cuestionamientos sobre todo de la oposición cuando trascendió que podría no acatar el fallo del máximo tribunal, con pedidos de juicio político en marcha.
“Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”, sostuvo, aunque advirtió: “También debo respetar las leyes vigentes. El artículo 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”.
En base a esto último y a su intención de cumplir finalmente con la medida, fue en ese momento en que el Presidente informó: “Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
Tras confirmar el pago, Fernández dio un detalle de cómo se efectuará. “Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, indicó.
Asimismo, recordó: “Los bonos consignados ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Ciudad, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
Por último, el Presidente contó que instruyó también al Ministerio de Economía a que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial, de acuerdo a lo que dispone la ley 23.982 en su artículo 22. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente, no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, cerró.
