El fiscal federal Ramiro González tendrá a su cargo la investigación por “desobediencia” contra Alberto Fernández, acusado de haber incumplido una orden de la Corte Suprema. La denuncia contra el Presidente se sorteó esta mañana y le tocó al juez federal Daniel Rafecas, que la delegó en el fiscal. Rafecas fue el candidato que propuso Fernández para la Procuración General de la Nación, pero el Senado nunca aprobó su postulación.
Durante los últimos días se presentaron varias denuncias que apuntan contra al Presidente, después de que anunció que iba a incumplir la medida cautelar de la Corte Suprema que le ordenó incrementar el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Hoy, el Gobierno dio un giro: el Presidente publicó un hilo de tuits en el volvió a cuestionar el fallo, pero anunció medidas con las que da señales de tener intenciones de cumplirlo. Dijo que había dado instrucciones para reasignar “los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022″ y trasferirlos “a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”. También, que enviará al Congreso “un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial”.
Según fuentes judiciales, la denuncia que le tocó a Rafecas fue la primera que llegó a los tribunales de Comodoro Py y, por eso, las demás se acumularán a ella. En principio, a todas las investigará el fiscal González.
Una fuente judicial que interviene en el caso advirtió hoy que la tarea que llevará adelante ahora el fiscal se asemeja a una “investigación penal preparatoria”, previa a la investigación penal propiamente dicha, porque “los hechos denunciados aún están en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes”. El anuncio de hoy de Alberto Fernández refuerza esta idea.
Fuentes del Ministerio Público dijeron que lo primero que hay que hacer es confirmar si el fallo está firme y si ya es exigible su cumplimiento. El fiscal González, a quien Rafecas le delegó el caso, está de licencia esta semana. Si correspondiera tomar ahora alguna medida, debería hacerlo quien lo está reemplazando, que es el fiscal Carlos Rívolo.
Tanto el gobierno porteño como el nacional anunciaron, además, que harán presentaciones en la Corte Suprema como consecuencia del fallo de la semana pasada. Gabriel Astarloa, el Procurador del Tesoro de la Ciudad, prepara un escrito, que presentaría hoy, para pedirle a la Corte que le exija al Gobierno que empiece a hacer los giros de dinero como lo ordenó la sentencia de la Corte (con un incremento para llegar al 2,95% de coparticipación para la Ciudad). En la Casa Rosada trabajan en otra presentación que materialice lo anunciado por el Presidente: la recusación de los cuatro jueces de la Corte Suprema y un planteo de “revocatoria in extremis” para que el propio tribunal deje sin efecto la medida cautelar que dictó.
El juez de la causa
Rafecas tiene hoy a su cargo dos de los 12 juzgados federales de Comodoro Py: el 3, del que es titular, y el 6, juzgado que subroga porque no tiene juez desde la salida de Rodolfo Canicoba Corral. La denuncia contra el Presidente, por sorteo, fue asignada al 6.
Hace tres años, Alberto Fernández eligió a Rafecas como candidato a ocupar la Procuración General de la Nación, vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó y en manos, desde entonces, del fiscal Eduardo Casal, que es el procurador subrogante. Pero Rafecas nunca obtuvo el acuerdo del Senado, necesario para asumir el cargo.
Primero era resistido por sectores de la oposición, pero después fue el kirchnerismo el que le retiró el apoyo. El detonante fue el anuncio de Rafecas de que no asumiría el cargo si reformaban la ley -como quería el oficialismo- para flexibilizar la mayoría necesaria para nombrarlo. “Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, anunció Rafecas en 2021. Pese a eso, el kirchnerismo siguió adelante con su plan de reformar la ley, pero no obtuvo los votos necesarios y la iniciativa se truncó. El cargo de Procurador ya cumplió cinco años vacante.
