Últimas exposiciones sobre presuntas irregularidades en la obra social del poder judicial

Se realizó la última de seis reuniones de la Comisión de Juicio Político (sobre el tema obra social) que preside la diputada nacional, Carolina Gaillard (FdT), donde se recibieron testimoniales referidas a las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Durante el encuentro, donde se lleva adelante el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, expusieron María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; Iván Nicolas Ritvo, contador público; Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; Marcela Carlomagno, titular afiliada a la OSPJN; Isabel López Alducin, secretaria Letrada vocalía del Dr. Rosatti; Claudia Viviana Madies, ex integrante del directorio de la OSPJN; y María Susana Villarruel, secretaria Letrada de la vocalía del Dr. Maqueda.

En primer lugar, expuso Isabel López Alducin, quien remarcó que nunca trabajo con Maqueda, ni tampoco tuvo contacto con él. “Yo trabajo expedientes jurisdiccionales, los que llevan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o de prepagas”, aclaró. En esa línea, agregó: “No tengo conocimiento de cuestiones sobre superintendencia y administrativa, los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo”.

Luego, María Susana Villarruel, explicó que “a mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba; era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte, o como la podría hacer cualquiera cuando alguien pide una colaboración”. Respecto a consultas sobre el mail que envía Maqueda- del 30 de agosto de 2021- en el que el Ministro refiere a sus otros colegas de la Corte que “deja la supervisión de la obra social”, contestó “sí, conozco el mail y su contenido, el Ministro nos puso en copia”. “Lo que he percibido es que mi trabajo relacionado con la Superintendencia no ha variado antes o después de ese mail”, clarificó.

Por su parte, Claudia Viviana Madies declaró que el estatuto de la obra social establece “la función de fiscalización que recae en toda la Corte”. “Como parte del directorio, no interactuaba mucho con la Corte sino con el equipo del directorio. Fue muy poco el tiempo que estuve (2008 a 2009) un periodo casi fundacional, nuestra relación con la corte era más acotada” y, a su vez, dijo que el expresidente del directorio, Tonón “no compartía gestión transparente, con deliberación y un cuerpo colegiado. Él tenía una inquietud más personal, era personalista al llevar adelante las resoluciones”.

En tanto, Néstor Fasciollo, también brindó testimonio. Sobre el Correo electrónico sobre la renuncia de Maqueda a facultades de supervisión dijo “tomé conocimiento a través de los medios”. “La obra social es una dependencia y forma parte del poder judicial de la Nación”. En referencia a las licitaciones contó que “el área es asesoría jurídica, no es un órgano de control, la obra social tiene la asesoría pero no es auditor del directorio. Después de que el expediente licitatorio pasaba por el área se hacia el dictamen y no volvía a intervenir el área de asesoría”.

Como damnificada de la OSPJN, Marcela Carlomagno, declaró que “he tenido una experiencia complicada en 2019, tuve un accidente que requería una prótesis. No me realizaban la operación, empezó a demorarse, hice la queja en la clínica San Lucas pensando que era la responsable y no, era la obra social que no entregaba la prótesis”. “A raíz de esto estuve internada 4 meses por una infección hospitalaria. Durante todo ese tiempo no encontraban la bacteria que me lo había provocado, aún tengo la prótesis y la idea es que la bacteria está alojada allí”. “No tenía forma de lograr que la obra social se hiciera cargo”, agregó luego de comentar que se tuvo que costear la internación domiciliaria.

Como contador público -en modalidad de contrato externo- de la OSPJN, Iván Nicolás Ritvo, testificó que “nunca mi trabajo fue analizar la gestión propia del ente, ni como estaba dividida internamente ni como trabajaban”. “Mi función pura y exclusivamente era la confección de los estados contables”. “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y que no contenía en principio toda la información que uno podía tener. Sabía que el sistema tenía falencias y fue por ese motivo que trabajo siempre sobre una base de datos cerrada, para que no tenga ningún tipo de manipulación”, aseguró.

Por último, la testigo María Guadalupe Burgos, aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”. “Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos”. “Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.