Una semana después de que el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, denunciara que el oficialismo provincial pretende crear un “gobierno paralelo” con funcionarios afines, la Asamblea General Legislativa avanzó con otros tres nombramientos de dirigentes cercanos al mandatario saliente, Alberto Rodríguez Saá, en lugares clave.
Se trata del exintendente de San Luis (2011-2019) Enrique Ponce, designado Defensor del Pueblo, así como de la secretaria de Finanzas Ana Cecilia Badaloni y el contador General de la provincia, Daniel Marone, electos como miembros del Tribunal de Cuentas.
“El Defensor del Pueblo estuvo vacante por 25 años. Y ahora la persona que nombraron resulta que fue el candidato de Rodríguez Saá para disputar la intendencia de la capital provincial”, señaló una persona del equipo de Poggi, quien además destacó que el bloque de diputados opositores apelará la decisión en la Justicia. “Esto está lejos de una transición ordenada”, subrayó.
La Cámara de Senadores, con 9 bancas, y la de Diputados, con 43, fueron convocadas para sesionar en asamblea el martes pasado. Allí no solo se eligió al nuevo Defensor del Pueblo, sino que el funcionario electo también prestó juramento para ese mismo cargo dado que se encontraba presente durante la votación que lo dejó al frente del organismo.
La Asamblea Legislativa también designó a dos personas que integrarán el Tribunal de Cuentas, compuesto por cinco miembros. Si bien el reglamento indica que uno de los postulantes debería ser propuesto por el bloque mayoritario y el otro por la minoría, quienes resultaron electos son ambos funcionarios del oficialismo. Como hizo Cristina Kirchner en el Senado, la estrategia de Rodríguez Saá fue formar un monobloque llamado Resistencia peronista, que se diferenció del Frente Unidad Justicialista, que hoy retiene la hegemonía y responde al gobernador saliente.
De esta manera, hubo dos nominados para integrar el Tribunal de Cuentas por la minoría: Néstor Ordoñez (propuesto por el sector poggista) y Daniel Marone (postulado por el oficialismo). Marone resultó electo por 30 votos. Tras ello, los legisladores opositores se retiraron del recinto en señal de protesta.
50 cargos legislativos
Una semana antes de avanzar con estas tres designaciones, la legislatura provincial aprobó una ley impulsada por el gobernador saliente que creó nuevos cargos en la Legislatura y que, para Poggi, solo fue parte de una embestida final de Rodríguez Saá para dejar un “gobierno paralelo” con dirigentes leales enquistados en la próxima administración.
El proyecto que se aprobó en la Legislatura provincial creó una nueva estructura en las comisiones de Diputados y Senadores de San Luis. Se trata del “Cuerpo Especial de Directores”, integrado por “directores de comisión”. Son 28 cargos “con estabilidad” en la Cámara de Diputados, y 22 en la de Senadores. Poggi denunció que esta norma creó 50 puestos con sueldos “de 800 mil pesos”, que servirán como refugio para funcionarios del oficialismo una vez que concluya el gobierno de Rodríguez Saá.
“El gobernador saliente presentó varios proyectos de ley que tienen un solo objetivo: crear un gobierno paralelo que sirva de aguantadero a los actuales funcionarios más allá del 10 de diciembre”, señaló Poggi en un video que difundió a través de redes sociales.
En tanto, los legisladores opositores de los bloques Unidos por San Luis, Unión Cívica Radical – Juntos por el Cambio, Sanluiseños por el Cambio y Todos Unidos presentaron una solicitud de nulidad de la votación que sancionó la creación de los nuevos cargos legislativos “en virtud de las múltiples irregularidades e incumplimiento del reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis”.
“Si el gobernador pretende incendiar la provincia, los sanluiseños no se lo vamos a permitir y estaré a la cabeza. Cuando asuma la gobernación, voy a anular todas estas acciones”, subrayó Poggi al finalizar su video de denuncia.
