Ni bien se enteró del pedido realizado por el kirchnerismo, el miércoles de la semana pasada, Victoria Villarruel comenzó una ronda de consultas y negociaciones con el objetivo de boicotear la jugada del bloque del Frente de Todos, que pidió una sesión especial para este jueves con la intención de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La vicepresidenta no tiene asegurado aún el éxito de su estrategia. Si bien obtuvo respuestas positivas de los bloques que fueron alguna vez Juntos por el Cambio -la UCR, Pro y Cambia Federal-, es el alineamiento que terminen adoptando los partidos provinciales lo que más la preocupa. Es que, en gran medida, la reacción de estas bancadas está atada a la suerte que corran las negociaciones en la Cámara de Diputados por la denominada ley ómnibus.
En este escenario de indefinición, Villarruel se debate sobre qué camino adoptar ante el pedido formulado por el kircherismo. Por el momento, en la mesa de arena que encabeza la vicepresidenta se impone la idea de no darle curso a la sesión especial reclamada por cinco senadores del Frente de Todos, con su presidente de bancada, José Mayans (Formosa), a la cabeza.
Atento a las complicaciones surgidas en Diputados con los bloques dialoguistas, y en particular con los gobernadores, en torno al dictamen del proyecto de ley ómnibus y a la necesidad de generar un hecho político después de haber sufrido una dura derrota legislativa en la primera sesión presidida por Villarruel, el bloque kirchnerista de la Cámara alta pidió una sesión especial para este jueves 1 de febrero, a las 14, con la intención de rechazar el DNU.
El pedido fue formulado sin tener los números asegurados por parte del peronismo, lo que ha generado algunas críticas internas a la conducción de Mayans. Sin embargo, con sus 33 integrantes, el Frente de Todos está a tan sólo cuatro senadores de conseguir el quórum para dar inicio al debate y de asegurarse la mayoría que le permitiría cumplir con su cometido.
Por lo pronto, de lograr su cometido el kirchnerismo le asestaría un fuerte golpe político a la administración Milei, aunque no sería definitivo. Para derogar un DNU se requiere el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas, tal como lo estableció la ley de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso y con la redacción de la entonces senadora y primera dama Cristina Kirchner.
No obstante, LA NACION pudo saber que al menos uno de los senadores que responden a fuerzas que gobiernan sus provincias estaría dispuesto a sumarse a la movida del Frente de Todos, que quedaría un paso más cerca de alcanzar su meta. “El DNU es un mamarracho y cada día que pasa en vigencia sigue generando daño”, le dijo el legislador a este diario.
Por cuerda separada, la conducción de Juntos Somos Río Negro, fuerza política que lidera el gobernador Alberto Weretilneck, se reunirá este lunes para analizar la situación y definir si la senadora Mónica Silva bajará al recinto a dar quórum y si vota en contra del DNU.
Amplio rechazo y cautela
La senadora rionegrina está integrada al interbloque Innovación Federal que, en el caso de la Cámara alta, comparte con los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia que gobierna la provincia en manos de Hugo Passalacqua y que responde a la conducción del peronista Carlos Rovira. Estos legisladores están en la agenda de contactos que Villarruel pretende mantener esta semana para tratar de asegurarse el fracaso de la jugada kirchnerista.
En realidad, el decreto de necesidad y urgencia 70/23 ha recogido un extendido rechazo de casi todos los sectores políticos por el amplio espectro de áreas de la actividad económica y social que se ven afectadas por sus disposiciones.
Sin embargo, en las bancadas consideradas dialoguistas impera la cautela política y la necesidad de diferenciarse del kirchnerismo, por lo que rechazan la idea de asestarle un golpe político como el rechazo a un DNU, aunque sea en una cámara, emitido por un Gobierno que apenas si tiene 45 días de gestión.
Ese fue el mensaje que se llevó Villarruel y sus colaboradores en la ronda de contactos que disparó el pedido de sesión especial del kirchnerismo. El espinel recorrido por los libertarios incluyó a los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR-Corrientes); Luis Juez (Pro-Córdoba), Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
