El juez federal Sebastián Casanello abrió una expediente tras un planteo contra el protocolo antipiquetes que puso en marcha la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y le reclamó a la funcionaria que aporte información sobre el procedimiento en un plazo no mayor a las 72 horas. Lo resolvió al tomar una presentación por inconstitucionalidad que había hecho la legisladora porteña Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, uno de los partidos que integran el Frente de Izquierda (FIT).
Casanello tomó la presentación de la legisladora del MST, resolvió darle “trámite de habeas corpus” y pidió un informe al Ministerio de Seguridad.
El juez, titular del Juzgado Federal Nº7, pidió que Bullrich informe detalles sobre el protocolo que estableció, como “el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”. También, según la decisión firmada por Casanello, la ministra “deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.
“Corresponderá precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”, reclamó el juez.
Otras exigencias a Bullrich que se precisaron en el documento judicial fueron que mencione “otros actos administrativos que lo complementen [al protocolo]”, y que puntualice si se recibieron denuncias por “excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales”.
Además, el juez Casanello pidió que en el informe se incluya si Bullrich respondió “a las observaciones efectuadas y la información requerida por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas”.
El MST celebró la decisión del magistrado federal. “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como acción declarativa de inconstitucionalidad”, remarcó Fierro. “Es un primer paso positivo y espero que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”, subrayó la dirigente del MST.
