Através de un comunicado, los sacerdotes de las villas y barrios populares de la Ciudad y Gran Buenos Aires cuestionaron con dureza el recorte al Fondo de Integración SocioUrbana (FISU), la herramienta fiduciaria – estrechamente relacionada con el dirigente social Juan Grabois – utilizada para urbanización de barrios populares. “Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores”, indicaron.
“Bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”, se añadió en el texto que los curas villeros dieron a conocer a los medios.
“Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración SocioUrbana sea una realidad cada vez más efectiva”, reclamaron.
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó sobre el FISU tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Grabois. La administración resolvió desfinanciarlo y reducir el aporte que recibe del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30 al 1%.
“El Presidente y el ministro [de Economía, Luis] Caputo definieron reducir el monto asignado del Impuesto País al FISU en línea con la convicción del Gobierno nacional de transparentar al Estado, especialmente cuando se habla de fondos destinados a las personas más vulnerables”, explicó en la mañana de este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
La Ley 27.541, que creó el Impuesto PAIS, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el PAMI, y el 30% restante en obras, turismo y vivienda. De ese 30%, un porcentaje similar se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.
El Decreto 193/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial reduce el 30% del FISU a 1%, e incrementa a un 94% el monto atribuido a obras de infraestructura. El FISU se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo estuvo prácticamente a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Según denunció el Gobierno tras una auditoría, de las 6517 obras reportadas por el FISU tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación.
El comunicado de los curas villeros
Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la Justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general.
Antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como “espacios verdes”. En un momento dado, la sociedad “se desayunó” con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido.
Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al Renabap, muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad.
En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas.
No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer.
Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza.
Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva.
