Por lo menos 110.000 ciudadanos extranjeros reciben el apoyo del Estado a través del Plan Potenciar Trabajo, el programa social que desde marzo de 2020 unificó distintas líneas de asistencia y que el nuevo Gobierno, como parte de una reestructuración, decidió renombrar y dividir en dos planes sociales distintos.
Se trata de un grupo minoritario –pero significativo– dentro del vasto universo de personas que perciben 78.000 pesos a cambio de una contraprestación laboral o comunitaria. Bajo la gestión anterior, el programa, que tuvo siempre como principal objetivo ser un puente hacia el trabajo formal, superó el número de 1,3 millones de beneficiarios. Luego de un largo proceso de bajas que comprendió a los dos últimos gobiernos, la asistencia alcanza a 1.200.000 personas, hoy bajo la órbita de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.
Esos 110.000 extranjeros implican entonces casi un 10% del universo de beneficiarios, un porcentaje que cobra mayor peso a la luz del último censo, que arrojó que menos del 5% de los habitantes del país es de otra nacionalidad. Según los números que mira el Gobierno, el beneficio de 78.000 pesos sobre ese grupo implica una erogación mensual de 8.580.000.000 pesos.
El porcentaje de ciudadanos con residencia permanente que pasará a estar en cada uno de los programas en los que mutó el Potenciar Trabajo (Acompañamiento Social y Volver al Trabajo). La cifra asciende a 110.000 beneficiarios y surge a partir de la sumatoria de ambos grupos.
La mayoría de ellos son ciudadanos de países vecinos que no han podido insertarse en el mercado laboral –estancado hace más de una década– y que buscan hacer pie con changas y rebusques varios. Según el Gobierno, apenas el 1,3% de los titulares del programa pudo conseguir un empleo formal, un cifra en línea con los datos que aportó la gestión de Alberto Fernández. Algunos de los actuales beneficiarios cuentan con muchos años en el país, pero su inclusión ha sido solo parcial.
Por la magnitud del programa, la mayor parte de ellos se encuentra dentro de “Volver al Trabajo”, la iniciativa oficialista que busca empalmar más de 900.000 planes con el empleo formal, y que orbita bajo la secretaria de Trabajo que conduce Julio Cordero. Allí, según pudo averiguar este medio, el porcentaje de extranjeros es de 8,9, lo que arroja un piso de 80.100 beneficiarios con residencia permanente en el país, uno de los requisitos que permaneció invariable en la reconversión del Potenciar Trabajo.
Los más de 30.000 beneficiarios restantes se encuentran bajo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Pablo de la Torre, donde, como resultado de este último nuevo desprendimiento, funcionará el plan “Acompañamiento Social”. Aparte de brindar talleres y capacitaciones, busca, fundamentalmente, garantizar un piso alimentario para la población en condiciones de extrema vulnerabilidad social. Son aquellos que, por edad y situación familiar, cuentan con menores chanches de conseguir un empleo formal. Sobre un piso de 270.000 beneficiarios, según pudo averiguar este medio de fuentes oficiales, el 11,7% son ciudadanos extranjeros.
Es donde muy probablemente recale María Rodríguez beneficiaria del programa hace siete años. Escapando de una incómoda situación familiar, Rodríguez, de 34 años, llegó al país hace 16 desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En 2016, luego de una reducción de personal en la empresa en la que trabajaba, comenzó una infructuosa búsqueda laboral. “Se me complicó un montón encontrar, dejaba currículum en todos lados, y al no conseguir nada, me anoté y tuve una respuesta en el Potenciar”, señala.
El programa, hoy en medio de la reestructuración, representaba el equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil y tiene como requisito contar con nacionalidad argentina o con una residencia permanente, a la cual se accede contabilizando más de dos años de arraigo en el país o, de manera indirecta, a través de algún familiar que la tenga, o que sea directamente ciudadano argentino.
“Mi plan no era hacerme la residencia porque yo me pensaba ir”, explica Rodríguez. “Pero al tener mi hijo, me hice la residencia. Me salió rápido”, recuerda. Rodríguez tiene cuatro hijos. Afincados en el país, se resisten al deseo de su madre de volver a Santa Cruz: la hija más grande estudia el profesorado para la educación inicial, y el que le sigue, el primero de los dos hijos argentinos, gracias a quien pudo motorizar la residencia, cursa el último año de la secundaria y apunta a iniciar la carrera de odontología en la UBA.
Como contraprestación, Rodríguez, junto con otras personas, daba de comer a 200 chicos en “Alianza de vida”, un comedor en el barrio las palmeras de Los Hornos. Los 78.000 pesos que recibe por esa labor complementan los ingresos que le dejan las ventas de perfumes y zapatillas que realiza por internet y los ingresos de su pareja, un albañil, con quien cruzó la frontera hace 16 años. “A veces tiene trabajo, a veces no. La mayoría es en negro, en blanco se dificulta un montón”, resalta.
A la espera de que se confirme su reubicación también está Cyhntia Montiel, cuyo destino, con 27 años y tres hijos, estará bajo el programa “Volver al Trabajo”, según las condiciones que dictaminó el Gobierno en la reestructuración del programa. Su madre, con quien vive, llegó sola al país en 2001, antes de que se precipite la crisis que derivó en la salida de Fernando de la Rúa de la presidencia. Cinco años después, cuando logró hacer pie en La Plata, la fue a buscar a ella y a sus hermanos a Paraguay. Ni bien aterrizó al país, con 10 años, Cynthia comenzó el colegio en la escuela número 59 de La Plata y empezó a escribir su historia en suelo argentino.
Hace dos años, su pareja emigró –cree que a España– y todo, asegura, se hizo cuesta arriba. “Éramos dos y me alcanzaba un poco más”, compara. El ingreso de su familia se construye con el ex-Potenciar –que percibe hace cuatro años y por el cual hace labores de limpieza con una cuadrilla– y la AUH que cobra por cada uno de sus tres hijos. A eso suma algunas changas que le permiten arañar los 200.000 pesos mensuales. “Hay días en los que no como porque le tengo que dar de comer a mi hijo a último momento. Otros días recurrimos a los comedores”, explica.
En el horizonte cercano, Paraguay no figura como alternativa para Montiel. “Allá no tengo nada”, asegura.
Viajes, polémica y bajas
Los viajes al exterior fueron el justificativo de muchas de las bajas que impulsó el Gobierno en estos meses de gestión. Una irregularidad que no se condice, fundamentan, con la situación de vulnerabilidad social que supone la asistencia.
Las organizaciones sociales, con enorme influencia en el manejo de los planes durante la anterior administración, objetaron la iniciativa del Gobierno por vía judicial. En un amparo colectivo que presentaron a fines de marzo alegaron que realizar viajes al exterior no representa ningún tipo de incompatibilidad con el cobro, que muchos de estos viajes son a países limítrofes y por razones de fuerza mayor, como fallecimientos o emergencias familiares, y que la suspensión de más de 20.000 programas era “inconstitucional” y “estigmatizante”.
“La administración pública le quita a personas vulnerables su derecho a viajar, a la libre movilidad, a la reunificación familiar, al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social y los derechos propios de los niños, niñas y adolescentes”, apuntaron en el escrito.
