Javier Milei colgó una bandera que reza que el político que se sube el sueldo es “casta”. Con su cruzada simbólica contra el Congreso –que el Presidente capitaliza en el peor momento del ajuste– en el Poder Ejecutivo se profundizó una encerrona. Es que en el Gobierno ya hay quienes ven insostenible mantener el congelamiento de los salarios de los altos funcionarios del gabinete. En abril, hubo ministros que recibieron de bolsillo $1,2 millones debido a que tuvieron que devolver el aumento del 48% que el Gobierno había otorgado en febrero y que desató un escándalo.
“Así van a quedar los ladrones o los incapaces”, se le escuchó decir a una figura importante del Gobierno. Actualmente, los ministros reciben un sueldo bruto en torno a los $3,5 millones, los secretarios de Estado perciben $3,2 millones y los subsecretarios, $2,9 millones. Milei cobra, sin los descuentos, unos $4 millones. Fuentes de Balcarce 50 señalan que en los próximos meses es probable que los funcionarios de la alta administración pública cobren menos que algunos de sus asesores, que se rigen por la paritaria estatal.
Además, todos los funcionarios pagaron todos estos meses el impuesto a las ganancias, porque no quedaron alcanzados por la “ley Massa” que eliminó la cuarta categoría del gravamen.
La cuestión de los sueldos en el Gobierno abre una discusión en torno a si los funcionarios, que tienen altas responsabilidades en cuestiones de Estado, deben ser bien remunerados. O si, por el contrario, son servidores públicos que deberían dar el ejemplo y exhibir austeridad en una coyuntura muy compleja para el resto de los ciudadanos.
Paquete “anticasta”
Las quejas en el Poder Ejecutivo son muy discretas, pero cerca de Milei están buscando una solución para salir por encima del problema. En medio de la polémica por la duplicación de las dietas de los senadores, una idea que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas es introducir la cuestión de los salarios de los tres poderes del Estado en un paquete de leyes “anticasta” que se está preparando para después del Pacto del 25 de Mayo.
Milei ya anticipó el 1º de marzo que buscaría impulsar proyectos alineados con su discurso contra la vieja política. Allí anticipó iniciativas para reducir la cantidad de asesores que tienen diputados y senadores, para eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, para limitar el mandato de los líderes gremiales y para suprimir las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes. Ahora también sumarían algún proyecto para fijar un método de actualización de los haberes de funcionarios, legisladores y jueces.
En la Casa Rosada mencionan un proyecto de la diputada Silvia Lospennato (Pro) que propone fijar el salario del Presidente en una cantidad de salarios mínimos y a partir de allí generar una escala en todos los poderes del Estado con diferencias mínimas de 10% entre jerarquías. También prevé un mecanismo único de actualización que podría estar enganchado a la fórmula de los jubilados. El tema requiere estudio, pero cerca de Milei señalan que tienen intenciones de avanzar con un ordenamiento del tema.
Milei no puede habilitar un aumento salarial para los funcionarios luego de la batalla discursiva que lanzó en sus redes contra los legisladores nacionales. El jefe de Estado llegó a compartir mensajes en los que comparó a los senadores con ratas. El líder libertario ya tuvo un duro traspié en marzo cuando se conoció que su sueldo y el de sus ministros habían tenido un aumento de un 48% entre enero y febrero. En ese momento, un decreto firmado por el propio Presidente había homologado la paritaria de los estatales y habilitado a que dicho aumento impacte en las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.
Milei obligó a retrotraer la medida y a que los funcionarios reembolsaran el aumento. Además, echó a los funcionarios que habían intervenido en el decreto.
El desorden salarial en la administración pública es total. El directorio de YPF (que tiene participación estatal) requirió un fuerte incremento de presupuesto que incluye el rubro honorarios. El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) denunció en X que esta decisión llevaría a que los directores de la petrolera cobren “cerca de 70 millones de pesos por mes”. El 26 de abril este asunto debería ser discutido por la asamblea de accionistas.
Lo curioso es que en el directorio de YPF hay tres funcionarios importantes del Poder Ejecutivo: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; su segundo, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pero ellos no pueden percibir dos sueldos del Estado y están recibiendo lo mismo que sus pares del gabinete, un monto insignificante al lado de los honorarios que paga la petrolera.
El descalabro también afecta a los empleados públicos. La gestión de Milei recortó sustancialmente las horas extra. Por eso, a muchos empleados que quedaron con sueldos diezmados se los empezó a compensar con Unidades Retributivas en los últimos meses. Son montos que los jefes de área reparten entre sus subordinados por cuestiones de mérito o con un criterio discrecional.
