La polémica por el aumento de las dietas que se aprobaron el último jueves los senadores promete continuar esta semana. El bloque de Unión por la Patria de la Cámara alta analiza por estas horas pedir una sesión especial para tratar un proyecto de ley que limita a 20 salarios mínimo vital y móvil las remuneraciones de las principales autoridades de los tres poderes del Estado.
Al primero de marzo último, fecha de la última actualización dispuestas por la Secretaría de Trabajo, el ingreso máximo equivaldría a $4.056.000, cifra que surge de multiplicar por 20 los $202.800 del salario mínimo vigente.
Según el proyecto, recibirían este techo salarial, por todo concepto, el jefe del Estado, el vicepresidente, los jueces de la Corte y senadores y diputados. También percibirían el máximo del escalafón los jefes de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los embajadores.
La intención de avanzar con la iniciativa fue confirmada por el jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, José Mayans (Formosa), que presentó el proyecto el pasado 8 de marzo en plena polémica por el primer aumento de las dietas de los legisladores nacionales. Aquel incremento terminó anulado por los jefes de ambas cámaras legislativas, Victoria Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), por orden del presidente Javier Milei.
“Vamos a empezar a buscar los consensos para tratar de ponerle fin a este tema y regular de manera general que nadie pueda cobrar más que el Presidente y la vicepresidenta”, confirmó Mayans. El senador aseguró que su bloque presentará “el martes o miércoles” el pedido para una sesión especial a celebrarse la semana próxima.
El proyecto estuvo en la mesa de discusión de la reunión de presidentes de bloque del último miércoles en la que los senadores comenzaron a definir el aumento de sus dietas mediante una resolución de la Cámara alta que votaron al día siguiente a mano alzada sin que nadie planteara, al menos en el recinto, su oposición a la medida. Al final, optaron por avanzar por la vía más expeditiva de la resolución.
El de Mayans y otros miembros de la bancada kirchnerista del Senado no es el único que intenta regular los ingresos de los funcionarios públicos nacionales y de los otros poderes del Estado.
En medio de la polémica por el aumento de las dietas del Congreso de fines de febrero, finalmente anulado, otros legisladores también impulsaron iniciativas para regular las remuneraciones de la administración pública nacional.
El peronista antikirchnerista Miguel Pichetto presentó una en la Cámara de Diputados. Su colega de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro impulsó otro para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso.
La propuesta de los senadores kirchneristas promete avivar la polémica de las remuneraciones de los funcionarios públicos, ya que muchos perciben ingresos que son mucho más importantes que los que perciben en los poderes Ejecutivo y Legislativo y que, por lo tanto, verán reducidos sus ingresos en caso de sancionarse una norma como la que propone Mayans junto a las senadoras María Teresa González (Formosa) y Carolina Moisés (jujuy).
Es el caso de los miembros del Poder Judicial, de muchos embajadores, que en algunos casos rondan los 20.000 dólares, y el de algunos organismos autárquicos del Estado que tienen la facultad de autorregularse sus sueldos. Uno de esos casos es el de la empresa petrolera con mayoría accionaria estatal, en el que los directores cobran sumas mensuales varias veces millonarias. Según denunció el diputado kirchnerista Itai Hagman, “el nuevo directorio designado por el Gobierno se aprobó un aumento de cinco veces en sus propios honorarios para cobrar cerca de 70 millones de pesos por mes”.
En el proyecto que impulsa el kirchnerismo en el Senado, esos organismos quedaría en el segundo escalón de la nómina de remuneraciones, con un equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.
En esa lista se incluyen a los secretarios y subsecretarios de Estado y a los cargos jerárquicos del PAMI, del Banco Central (BCRA), la AFIP, del Poder Judicial y de los ministerios públicos fiscal y de la defensa.
La controversia por los ingresos de los funcionarios públicos en épocas de ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei volvió a cobrar fuerza luego de que los senadores se votarán el jueves pasado un aumento de más del 100% de sus dietas.
En este caso, la medida fue adoptada mediante una resolución que sólo afecta a la Cámara alta y que elevó la dieta de los senadores de $1,7 millones a casi $4,5 millones.
Al estar basada en una determinada cantidad de módulos, que se fijan con las paritarias de los empleados legislativos, este ingreso se modificará con cada aumento que perciban los trabajadores del Congreso.
“La idea es darle un marco de transparencia al tema y fijar de manera clara cuáles son los ingresos que perciben los miembros de los tres poderes del Estado”, explicó Mayans sobre la iniciativa que impulsará la bancada que preside.
