Estos últimos movimientos se inscriben en una larga lista de golpes que el Gobierno le asestó a los movimientos sociales. Desde las primeras horas de gestión, el Gobierno dejó en claro su intención de terminar con la “intermediación” ejercida por los movimientos sociales en las prestaciones sociales y deliñó una estrategia que se fue desplegando por capítulos.
“Suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales”, anunció la ministra Pettovello, en un video grabado a los pocos días de asumir. Fue el primer gran golpe del Gobierno en su objetivo de reducir la injerencia de las movimientos sociales: es que si bien, como insisten los dirigentes sociales, es el Gobierno quien ejecuta la baja de los planes sociales, lo hace a partir de la información que le suministran los movimientos sociales, al frente de las unidades de gestión donde se le toma asistencia a los beneficiarios que cumplen con la contraprestación.
La sospecha del Gobierno, que encontró eco en parte de las pruebas recolectadas por la Justicia hasta el momento, es que el control del presentismo funcionaba como una de las herramientas de extorsión para que los beneficiarios, fundamentalmente los del exPotenciar Trabajo, se vieran forzados a asistir a las movilizaciones.
En la información recaba por la Justicia en la causa que investiga Casanello contra los tres grupos de piqueteros, no solo hay numerosas conversaciones que respaldan la hipótesis de la administración extorsiva de los recursos (“cuando nos ausentábamos a tres marchas nos daban de baja el plan”, se lee en uno de los testimonios) sino también el reconocimiento de un dirigente social, Carlos Fernández Kostiuk, del impacto que tuvo la estrategia del oficialismo.
“Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización”, le dijo Kostiuk a otro integrante del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) a fines de marzo. Y agregó: “Porque ellos (por el Gobierno) la quieren picar, que a todos nos gustaría picarla, la verdad que a mí me encantaría pudrirla, pero el otro día cuando se pudrió, la mitad se fue a la mierda”.
Es que otra de las herramientas que activó el Gobierno para contrarrestar el poder de fuego de las organizaciones es el protocolo antipiquetes que instrumentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien el dispositivo, de fuerte acatamiento en suelo porteño, se mostró impotente frente a las movilizaciones más masivas –como la marcha federal por la educación del 23 de abril, que colmó plaza de mayo y sus alrededores– sí mostró eficacia para neutralizar, sin mayores incidentes, buena parte de las movilizaciones de menor volumen que se sucedieron desde el inicio de gestión. La mayoría de ellas fue traccionada por las organizaciones sociales bajo el reclamo de mercadería para los comedores, el otro frente de conflicto con el Gobierno.
Con el objetivo de “transparentar y ordenar” la distribución de los alimentos secos que bajan desde el Estado hacia los comedores sociales, desde su desembarco en Casa Rosada el Gobierno libertario inició una auditoría presencial para constatar la existencia y el funcionamiento de los espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (Renacom). La intención del oficialismo es cambiar el esquema de asistencia y otorgarle a los comedores mayor autonomía a través de una tarjeta con fondos sobre cuyos gastos los encargados deban rendir cuentas. En el ínterin, el Gobierno frenó el reparto de alimentos en todos los comedores asociados a las organizaciones sociales. En las pruebas recolectadas por la causa contra los piqueteros –que corre en paralelo a la de los “comedores fantasmas”– también surgen elementos que sugieren un manejo extorsivo de estos recursos por parte de los 28 referentes investigados.
El disparador de buena parte de estas pruebas, hoy en manos del juez Casanello, es otra de las caras de la estrategia del Gobierno en su lucha por erosionar la injerencia de las organizaciones y mantener el control de la calle. En la antesala a la primera gran movilización del 20 de diciembre, impulsada por la izquierda y los movimientos sociales, la ministra Bullrich habilitó la línea 134 para que aquellos que se vieran obligados a marchar bajo algún tipo de amenaza pudieran efectuar una denuncia anónima.
La depuración de la información volcada en esa línea, que se vio desbordada de denuncias según afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, derivó a la postre en los 27 allanamientos que la Justicia activó en la madrugada del lunes pasado, a partir de los cuales se secuestraron bienes y dinero en los domicilios de algunos referentes y las distintas sedes de las tres organizaciones investigadas.
La partición del exPotenciar Trabajo en dos nuevas líneas de asistencia fue otra de las patas de la estrategia deliñada por el Gobierno que generó malestar en las organizaciones. En línea con el protocolo antipiquetes, en la normativa de Volver al Trabajo, uno de los dos programas en los que fue reconvertido el Potenciar Trabajo, fue incluido el corte de calles como causal de egreso inmediato del programa de asistencia.
Como respuesta a la embestida del Gobierno, las distintas organizaciones sociales se abroquelaron detrás del reclamo por los alimentos. En febrero, unificaron la agenda y lanzaron un gran frente de protesta que agrupó a los movimientos kirchneristas con los de la izquierda y un tercer sector de agrupaciones más independientes. Pese a que activaron una serie de protestas callejeras en conjunto, ninguna de ellas fue de magnitud. El protocolo antipiquetes forzó a las organizaciones a realizar movilizaciones en puntos estratégicos, como los accesos a la capital federal, y terminó de apagar rápidamente muchas de ellas.
Por marzo, algunos de los dirigentes sociales ya manifestaban por lo bajo su preocupación y su “impotencia” por la “poca legitimidad” que los movimientos tenían frente a la opinión pública para alzar sus reclamos, sobre todo, el alimentario. Fue mucho antes de que se conocieran las distintas pruebas que comprometen más puntualmente a los movimientos sociales más combativos.
En los distintos campamentos de las organizaciones sociales miran de reojo los resultados que arrojó la auditoría del Gobierno en los comedores comunitarios, pero se apoyan en los propios números del oficialismo para el contraataque discursivo: ¿Por qué los que sí funcionan no recibieron mercadería?, repiten.
Pese a los golpes recibidos, afirman mantener viva su “agenda de lucha” contra el Gobierno, pero por el momento, no tienen ninguna movilización en el calendario, y muchos de los dirigentes implicados en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita se encuentran preparando la contraofensiva judicial de la mano de sus abogados.
