Las negociaciones en torno a la aprobación de la Ley Bases y el paquete de reformas tributarias en el Congreso no redundaron, como solía ser práctica de gobiernos anteriores, en una apertura más generosa de la billetera del Tesoro con fondos frescos a las provincias. Al contrario, el gobierno de Javier Milei mantiene en alto el látigo del ajuste: en los primeros cuatro meses del año las transferencias discrecionales a las provincias cayeron casi un 90% según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El resultado parece estar a la vista: la sanción de las dos primeras leyes de la gestión de Milei sigue trabada en el Senado, donde los bloques de la oposición dura ya anticiparon su rechazo, al tiempo que los dialoguistas amenazan con desguazar ambos proyectos con modificaciones en artículos claves. Frente a este desplante del Congreso, que no le ofrendará las leyes antes del 25 de este mes, el presidente Javier Milei evalúa asistir en soledad, sin gobernadores ni líderes políticos, a la firma de su mentado “Pacto de Mayo” previsto para el fin de semana próximo en Córdoba.
El Gobierno no parece dispuesto a ceder en el ajuste fiscal, una de cuyas víctimas son las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, aquellos giros que realiza la Nación por fuera de la coparticipación. Junto con la licuación de las jubilaciones y los pagos retenidos en energía, el drástico recorte que aplica el Ministerio de Economía sobre estas transferencias contribuyó en buena medida a que pudiera ostentar un superávit financiero del 0,2% del PBI al cierre del mes pasado.
Los gobernadores sienten en carne propia la severidad del ajuste. Las transferencias para financiar gastos corrientes se desplomaron en un 85,4% real respecto del primer cuatrimestre de 2023 y hubo partidas que tuvieron ejecución cero, como la del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Tampoco se giró un solo peso a las trece provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, situación que coloca a los gobernadores en estado de alarma.
Las transferencias para gastos de capital a las provincias (principalmente para financiar obras públicas) también cayeron de manera drástica: 97,6% respecto al mismo período del año pasado, según la OPC. Entre las transferencias nulas, resaltan los rubros Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Asistencia Financiera a Provincias y Municipios y Apoyo para el Desarrollo de Obra Pública, entre otros.
Si bien la intensidad de los recortes es severa, en los últimos tres meses se evidenció una desaceleración en el ritmo del ajuste respecto de enero pasado, cuando la Nación cerró el grifo de las transferencias discrecionales casi en su totalidad. Así lo señala un informe del Instituto Argentino de Análisis fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, el cual indica, sin embargo, que este alivio no solo es mínimo, sino que tampoco llega a todos los distritos por igual.
Entre los fondos no automáticos que escasamente ha repartido el Gobierno hasta ahora figuran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y otras partidas educativas, como así también los subsidios al transporte, a la energía y las transferencias a hospitales provinciales. Según el informe de Iaraf, los distritos que con más severidad padecieron las restricciones durante el primer cuatrimestre del año son, según el criterio base caja (crédito pagado), Corrientes, Chubut, Córdoba, La Pampa, San Luis y La Rioja. En cambio, CABA, Jujuy, Santa Cruz y Buenos Aires tuvieron un mínimo respiro respecto de enero.
Pese a la situación de asfixia fiscal a la que están sometidos, la mayoría de los gobernadores peronistas y su tropa en el Congreso se mantienen inflexibles en el rechazo al proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal. Los mandatarios de Juntos por el Cambio, más dóciles que sus pares peronistas por compartir parte de su electorado con el oficialismo libertario, apoyan ambas iniciativas e instan a sus legisladores a que las aprueben sin chistar, sobre todo el paquete de reformas fiscales y tributarias.
Allí están incluidos la reversión del impuesto a las Ganancias, un amplio blanqueo de capitales y una nueva moratoria tributaria. Su aprobación redundaría en un incremento en su recaudación por coparticipación del 0,2% del PBI hasta fin de año, un alivio mínimo que no lograría revertir las pérdidas ya sufridas por la recesión y los recortes impuestos desde la Nación.
