En el Gobierno hay una alta expectativa respecto de la posible aprobación del pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, a pesar de las impugnaciones que pesan sobre el magistrado. Las últimas estimaciones que hacen en la Casa Rosada sobre el futuro de su postulante en la Cámara alta es que está “arriba de los 50 votos”, más que los necesarios para su aprobación, según dijeron altas fuentes oficiales. No es el mismo clima que se percibe con respecto al académico Manuel García-Mansilla, el otro candidato de la administración libertaria al máximo tribunal: allí, confiesan los funcionarios, hay una “mayor incertidumbre”.
De todos modos, en Balcarce 50 sostienen que las chances de García-Mansilla se mantienen altas porque el planteo es que “salen los dos [candidatos] o ninguno”, lo que creen que podrán “clarificar” el escenario para que Lijo arrastre votos hacia el catedrático en el sprint final de la negociación en el Senado.
En esa misma línea, el Gobierno confía en que ambos pliegos sean tratados entre fines de junio y julio. Es lo más importante que tienen por delante en el Senado, después del tratamiento de la demorada Ley Bases y el paquete fiscal.
Desde el anuncio de su candidatura, el pasado 20 de marzo, hasta este momento, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera, como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.
Tras analizar registros públicos, el instituto Inecip lo definió como el magistrado “más ineficaz de Comodoro Py” y el que más demora en resolver las causas por corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica “no trasciende las fronteras de su título de grado”. Y también fue objetado por el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades.
El propio Lijo se reunió en las últimas semanas con gobernadores y senadores para apuntalar sus chances.
En el Senado y en la Justicia, aún donde no quieren a Lijo, señalan que el magistrado ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas que son parte del proceso de selección.
El pliego de Lijo necesita el apoyo de dos tercios de los miembros presentes del Senado: 48, si los 72 senadores estuvieran en sus bancas. El Gobierno tiene solo siete votos propios en la Cámara alta, por lo que la única forma de que el Poder Ejecutivo consiga los dos tercios es un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria y con Cristina Kirchner, que controla al menos a la mitad de los 33 miembros de la bancada peronista.
En la administración libertaria no niegan la mayor afinidad con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien acercó el nombre de Lijo para completar la vacante del máximo tribunal que dejó Elena Highton de Nolasco, en septiembre de 2021. En tanto que a García-Mansilla suelen reconocerlo como un candidato “propio”. La eventual llegada de ambos, para lo que deberá concretarse la salida de Juan Carlos Maqueda, el 29 de diciembre próximo cuando cumpla 75 años, hace imaginar un escenario más favorable a la visión que tienen el Gobierno respecto de la justicia de lo que es ahora. El propio Milei afirmó que busca una Corte de mirada liberal.
En medio de estas conversaciones, y a sabiendas de que hay un cisma en el máximo tribunal, donde Lorenzetti está por un lado y el resto de los jueces, Horacio Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz, por el otro, reconocen que hubo contactos del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial.
Con Rosatti, presidente del tribunal, en la Casa Rosada afirman que hubo un “contacto informal” hace dos meses. Es el magistrado frente al que admiten una mayor distancia ideológica, aunque reconocen y respetan a su figura. En las filas libertarias dicen que el enviado fue Santiago Caputo, asesor presidencial. Afirman que no hablaron de las candidaturas a la Corte, sino que el eje fue la preocupación por el futuro del DNU 70/2023, que depende de un fallo de la Corte. En especial, el capítulo de la reforma laboral que cuestionó la CGT. “Fue un encuentro cordial, en el que se transmitió en términos claros lo importante que es el DNU para el país”, aseguraron fuentes del Gobierno. Agregaron que desde entonces no volvió a haber contacto entre ambos. En la Corte, ante la consulta de este diario, no confirmaron nada.
Para esa época, la Corte rechazó dos recursos contra el DNU que buscaban voltearlo. Los magistrados esgrimieron razones formales, como la falta de un caso concreto o la falta de legitimidad de quienes habían planteado esos recursos. Se trataba de los planteos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la Asociación Civil Gente de Derecho, que orienta el abogado Jorge Rizzo.
Fuentes del máximo tribunal sí admitieron varios contactos con quien hasta el lunes pasado fue el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el último cuando le pidieron una actualización de 300.000 millones de pesos para el presupuesto.
