El proyecto junta polvo en un cajón de la comisión de Minería, Energía y Combustibles desde el 22 de septiembre último, cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, la presentó ante los senadores. Ya ese día el Poder Ejecutivo tuvo un anticipo de lo que venía con la fuerte resistencia que el texto encontró entre los representantes de las provincias petroleras.

Desde entonces, el texto no ha hecho más que sumar críticas. A la de los legisladores se sumaron la de las cámaras empresarias, la de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y la de los gremios de las cuencas de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, quienes con mayor o menor exposición pública han hecho saber su descontento con el proyecto.

“Se entiende que sea un proyecto pensado en Vaca Muerta, pero el miedo de las provincias petroleras es que la inversión vaya para allá porque otorga ventajas muy difíciles que puedan obtener en las cuencas maduras”, explicó el oficialista Alfredo Luenzo (Chubut).

La iniciativa también recoge críticas en otros bloques de la Cámara alta. “Así como está, este proyecto no puede salir; los gobernadores no la van a acompañar”, explicó la neuquina Lucila Crexell. La senadora fue una de las que alzó su voz cuando Martínez expuso ante los senadores hace ya más de dos meses atrás.

A pesar de haber abandonado el MPN, Crexell se hizo eco de las críticas que su tío y exgobernador provincial Jorge Sapag lanzó sobre el artículo 90 de la iniciativa, que le da amplias facultades a la secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la norma.

Inconstitucional

Para los mandatarios, que una secretaría nacional pueda manejar permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte y almacenamiento subterráneo vulnera la Constitución de 1994, que le otorgó el dominio de los recursos de sus subsuelos a las provincias.

“El dominio, la administración y el uso de los recursos naturales corresponde a las provincias, así planteado el artículo es inconstitucional”, afirmó el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Sin embargo, en el oficialismo nadie tomó nota del gesto de Weretilneck por el simple hecho de que el proyecto no está en la agenda de ninguno de los sectores en que se divide el oficialismo,

De hecho, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside el sanjuanino Rubén Uñac, no tiene previsto reunirse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Después de esa fecha, todo es incertidumbre en el Senado.

Es que el kirchnerismo tampoco apoya el proyecto. Además de las cuestiones constitucionales, el texto toca cuestiones coyunturales muy afectas a Cristina Kirchner, como es el flujo de dólares y el manejo de recursos frescos.

Esto es así porque el proyecto garantiza estabilidad fiscal a 20 años para los nuevos inversionistas, una medida que choca de frente con los derechos de exportación, una de las herramientas económicas clásicas de la economía kirchnerista ortodoxa.