El Gobierno cree haber decodificado las intenciones de Fabián Lorenzini, el juez Civil y Comercial de Reconquista que tiene en sus manos el futuro de Vicentin. Luego de que el magistrado dilatara la propuesta de intervención del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (la alternativa moderada que abrazó Fernández), en Olivos sentenciaron: «El juez juega con los ejecutivos que fundieron la cerealera». Es la idea que predomina en la Casa Rosada.
Según publicó el diario La Nación, a pesar del enojo con el juez, el Gobierno no avanzará -por ahora- con la expropiación de Vicentin. El sábado pasado Fernández advirtió que el proyecto de ley seguía sobre la mesa como un «plan B», pero lo cierto es que con el correr de las horas la esa alternativa, más radical, se fue enfriando.
«Por ahora se sigue la línea Perotti», dijo un alto funcionario que siguió todas las tratativas desde Olivos. Es decir que como «plan A» sigue vigente proyecto del gobernador de Santa Fe para insistir con una intervención dentro del marco del concurso y para buscar un rescate de Vicentin a través de una sociedad público-privada.
El Gobierno tomó nota del malestar social que generó la expropiación y de los infructuosos intentos de presentarla como un rescate. El Presidente consolidó una mirada más moderada el domingo, en una charla en profundidad con Gabriel Delgado, la persona que eligió como interventor de Vicentin. Con un conocimiento profundo de la idiosincrasia de los actores del campo, Delgado nunca estuvo a favor de las posturas más extremas. Por eso, al terminar el encuentro con el Presidente, publicó en Twitter que el Gobierno «no se aferra a los instrumentos». Fernández lo retuiteó.
Aunque no volverá a la carga con la expropiación, el Gobierno sí quiere sentar posición sobre otro fallo de Lorenzini, el que la semana pasada apartó a los interventores nacionales fijados por DNU y repuso al directorio de Vicentin en la administración de la empresa.
Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno evalúa apelar el fallo del viernes pasado que desconoció el DNU. En ese escrito, Lorenzini se declaró «incompetente» para definir los planteos de constitucionalidad del DNU y derivó el asunto a la Cámara de Apelaciones, que ahora debe disponer si el juez debe o no definir ese tema. Además, Lorenzini repuso al directorio de la cerealera en sus funciones y ubicó a los interventores como meros veedores.
Visiblemente ofuscado, Fernández había dicho: «Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. Al juez hay que explicarle que los DNU son leyes y no la voluntad del ejecutivo». Es por eso que el Gobierno ahora analiza la posibilidad de apelar.
Sin embargo, en una estrategia de dos flancos, Fernández sigue avalando el plan de Perotti, que consiste en pedirle una intervención al juez en el marco del concurso (sin forzarlo vía DNU) para luego, con un nuevo escenario de negociación, ir por una sociedad mixta que controle a Vicentin y aparte a sus actuales dueños.
Lorenzini decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por Perotti. La resolución del juez no rechaza la presentación que hizo el gobierno, pero la dilata, al tratarla como un incidente aparte.
Mientras la trama de Vicentin se sumerge en el enredo de los escritos judiciales y los tironeos de la provincia y la Casa Rosada con el juez, en Avellaneda, sede central de Vicentin, los
dueños volvieron al control de la compañía. Delgado, que quedó como veedor, se encuentra en Buenos Aires, mientras que parte de su equipo, incluido el pretendido subinterventor, Luciano Zarich, trabaja en la ciudad del norte santafecino.
Tras conocer a la compañía por dentro, en el Gobierno buscan abrir una cuña dentro de los accionistas de Vicentin: dicen que están «los que fundieron la compañía» y «otro grupo de accionistas que no tuvo nada que ver». ¿Divide et impera? Todas las estrategias para que el Gobierno se adjudique un triunfo hoy son válidas.
