Eran las 4 de la mañana del martes. Afuera de la residencia de Axel Kicillof decenas de policías protestaban y el clima era de máxima tensión. Adentro, la preocupación por un posible desborde hizo sonar las alarmas. El gobernador bonaerense; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Sergio Berni; la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y otros colaboradores, analizaron la situación y resolvieron el plan de acción. Pero el escenario con decenas de policías en sus uniformes, con sus armas reglamentarias, y con los patrulleros afuera de la gobernación fue un punto de quiebre.
«Eso fue muy grave», confió uno de los testigos. Pero lo que más preocupó a Kicillof y su equipo fue que falló el sistema de alerta. Un llamado de atención interno para un gobierno nuevo que debe lidiar con urgencias a diario en el principal bastión político y electoral del Frente de Todos y de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Así, como estaba, Berni se subió a su moto y recorrió las departamentales de Almirante Brown, Florencio Varela y La Matanza. El objetivo era tener de primera mano hasta dónde llegaba la rebelión: la primera respuesta trajo tranquilidad, los mandos policiales, que integran el jefe, subjefe y comisarios, nunca dejaron de responder al poder político.
Mientras que Kicillof delegó en Bianco y la ministra de Gobierno, Teresa García, los llamados a los intendentes de la primera y tercera sección electoral, el corazón de la provincia. El gobernador también se comunicó directamente con algunos jefes comunales. Otra vez, la reacción llevó calma.
Después de atravesar la tormenta, Kicillof aceleró la «transformación». Para eso, reorganizó la policía, que tiene 90.000 efectivos. ¿Cómo? Ahora solo hay un mando, el policial. Los intendentes, que antes impartían órdenes, tendrán que coordinar con los jefes policiales. Es decir, Berni, que fue ratificado en su cargo. Para Kicillof, el ministro de Seguridad solucionó un problema que no causó.
En cada distrito hay una estación de policía de la que depende la policía local, el comando de patrulla, la comisaría de la mujer, todo unificado. «Es un proceso, pero ya están integradas. Estamos en una transición a una transformación profunda», se entusiasmó un hombre de máxima confianza del gobernador.
Además del aumento que anunció gracias al punto de coparticipación que consiguió a costa de su vecino, Horacio Rodríguez Larreta, le permitió llevar el salario de bolsillo de la policía a 44.000 pesos, pero también la solución que puso en marcha Kicillof fue sumarlos al esquema de ascensos. Hasta ahora, esos 20.000 uniformados, no estaban incluidos en la pirámide de mando. «Dependían del jefe zonal y no tenían ascensos», explicaron fuentes oficiales. Con el cambio, pueden llegar a la oficialidad.
Eso fue generando el clima interno que desembocó en la protesta. El quiebre se produjo en el eslabón más bajo, ese que componen unos 40.000 policías, la mitad de ellos fueron parte de las policías locales -una especie de guardia urbana que cuenta con una formación básica-, que creo Daniel Scioli y que María Eugenia Vidal incorporó a la fuerza. Ese fue el diagnóstico al que llegaron en La Plata, pero en el medio algo falló.
«No hubo un problema de insubordinación. Había mucho malestar. El problema es que los comisarios no atendían los reclamos», admitieron cerca del gobernador, que aún busca entender qué pasó, cómo se generó y por qué no hubo alertas tempranas.
Kicillof atravesó la crisis más severa de su gestión sin posibilidad de anticiparse al problema. La protesta le explotó sin aviso previo. Aún el gobernador intenta descubrir qué pasó.
En diferentes charlas con su equipo el gobernador comparó la rebelión policial con la explosión de la planta de energía atómica de Chernóbil, considerado el desastre nuclear más grande de la historia. «Explotó Chernóbil, vamos a ver cómo estaba, no tenía mantenimiento hace 15 años. De pedo no explotó antes por la precarización que dejaron», relató Kicillof, que cargó la responsabilidad en su antecesora, Vidal, y su ministro de Seguridad Cristian Ritondo.
Cerca del gobernador admitieron que la situación social está al límite. «Axel está preocupado», reconocieron. La cuarentena agravó todos los indicadores, principalmente más pobreza y desempleo. Para evitar desbordes sociales, el gobierno bonaerense apura la reactivación y prepara anuncios de obra pública para dar vuelta la página y cambiar la «perspectiva» de la gente.
El problema más grave que tiene es que no tiene plata; según las proyecciones del gobierno bonaerense, en 2021 necesitarán 180.000 millones de pesos solo para pagar los sueldos. Esta semana consiguió unos 40.000 millones, todavía arrancará el año próximo 140.000 millones abajo. «Es una provincia rica con un gobierno pobre», la describió Kicillof en la conferencia que dio el último viernes.
Eso lo entiende el presidente Alberto Fernández. Durante el primer semestre del año, Buenos Aires se ubicó primera, por muy lejos, en el podio de las provincias que más recursos recibieron del Estado nacional para atender sus gastos corrientes por fuera de la coparticipación. El gobierno de Kicillof embolsó el 52,1%, unos $92.000 millones. A eso hay que agregar el plan de seguridad, que sumó otros $37.000 millones, y el punto de coparticipación.
«No podemos pagar los sueldos, que son de hambre. La provincia tiene déficit alimentario, escolar, sanitario, de vivienda. El gobernador más poderoso de la provincia más grande es un mendigo. No es lógico», se quejaron cerca de Kicillof.
El ambicioso plan de reactivación pospandemia se divide en cuatro etapas. Desarrollo productivo, que tiene proyectado una inversión $130.964 millones, y que incluye una reducción de ingresos brutos para más de 200.000 Pymes, un plan de pagos para el sector productivo afectado por la pandemia y la regularización impositiva para 1.200.000 contribuyentes.
Además, de la ampliación de la infraestructura eléctrica y de gas natural. Otros 120.663 millones de pesos estará destinados a la obra pública. Obras de infraestructura e hidráulicas y la construcción de viviendas.
Si bien atravesó una crisis grave, en el gobierno bonaerense enumeraron una larga lista de conflictos igual de complejos, como la huelga de hambre que hicieron 15.000 presos los primeros días de la gestión o la negociación de la deuda. «Nada de lo que hacemos está bien para los medios y el círculo rojo», se resignó uno de los colaboradores más cercanos del gobernador.
