Más de $11.500 millones depositados en el banco BICE, y listos para ser utilizados. Y otros $45.000 millones en camino, que surgirán -si las previsiones se cumplen- del polémico «impuesto solidario» a las grandes fortunas, impulsado por Máximo Kirchner en el Congreso y convertido en ley la semana pasada.
Según publicó el diario La Nación, con esta fabulosa caja disponible en las vísperas del decisivo año electoral, y en una misión compartida por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y referentes cercanos al dirigente de la CTEP, Juan Grabois, el gobierno de Alberto Fernández acelerará, hacia fines de mes, su ambicioso plan de urbanización y mejoras en barrios populares de todo el país.
Se trata del programa que algún funcionario rebautizó como el «plan anti-tomas» o un «Procrear para pobres», por la intención de dar certezas habitacionales y frenar los reclamos violentos como los vividos semanas atrás en la localidad bonaerense de Guernica o en Villa Mascardi, en Río Negro. Un plan que promete distribuir recursos en forma «equitativa», pero que es mirado con atención y recelo desde las provincias y municipios manejados por la oposición.
El miércoles, y en la primera reunión del denominado Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los responsables del plan coincidieron en la necesidad de «acelerar» la puesta en marcha de las obras de urbanización de villas, paradas durante casi un año en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo que conducía María Eugenia Bielsa, recientemente reemplazada por Jorge Ferraresi.
«Tenemos todo listo. En lo inmediato podemos disponer de $2000 millones para las primeras obras», afirmaron cerca de Fernanda Miño, dirigente social de la UTEP de Grabois y titular del Registro de Barrios Populares (Renabap), la base para la selección de los proyectos de urbanización y cesión de lotes, que dependía de Bielsa y hace más de dos meses pasó a estar bajo la órbita de Arroyo.
El comité está integrado además por autoridades del BICE y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de detectar tierras fiscales no utilizadas o improductivas para convertirlas en lotes con servicios, una misión «histórica que le va a cambiar la vida a mucha gente», según se entusiasmaron cerca de Grabois, a quien muchos en el Gobierno siguen mirando con desconfianza luego de su activa participación en la controvertida toma del campo de los Etchevehere, en Entre Ríos, que culminó en desalojo judicial y «derrota», según reconoció el propio dirigente social.
«En vez de tomar estancias y generarnos problemas, que se ponga a trabajar», lo cuestionaron desde un despacho importante de la Casa Rosada. Un guante que Miño y sus funcionarios parecen haber recogido en las últimas semanas.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio hay recelo palpable con Grabois y confianza en Arroyo, quien promete acentuar los trabajos preliminares que ya comenzaron en 46 barrios, y distribuir de manera equitativa los 110 emprendimientos en condiciones de comenzar, según comentaron cerca del ministro.
«No va a haber arbitrariedades», repite Arroyo cuando lo consultan por el tema, y aclara que la concesión a cada provincia se basa en parámetros como el total de habitantes, la proyección de crecimiento, las necesidades básicas insatisfechas de ese barrio y la cantidad de familias cuya cabeza es una mujer.
Según estimaciones a las que accedió LA NACION, los dos distritos con mayor porcentaje de obras previstas (aguas, cloacas, luz, pavimento) son las provincias de Buenos Aires (40,3 por ciento) y Santa Fe (7,7 por ciento), ambas gobernadas por el peronismo. Le siguen Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, con porcentajes levemente inferiores (7,3 y 6,9 por ciento respectivamente) y «con menos necesidades», según deslizan los organizadores de la iniciativa.
Río Negro, gobernada por una aliada del Gobierno, Arabela Carreras, y donde se produjeron las violentas tomas mapuches, recibirá un módico 1,7 por ciento del total de inversión, y fue ubicada en el puesto 13 de las 24 provincias.
«Este programa es importante, permite proyectar obras de infraestructura en los barrios más postergados», afirmó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quien el jueves inauguró una plaza en un barrio popular de ese distrito bonaerense junto con Arroyo.
«Trabajamos bien con Arroyo este año, esperemos seguir así», deslizaron con diplomacia desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño que encabeza María Migliore, presente en una reciente reunión de Arroyo con los ministros de esa área de todo el país. «Arroyo es el bueno en esta película, si fuera por Grabois no recibimos un peso», acotó sin medias tintas un intendente Pro de un municipio bonaerense con nutridas villas y asentamientos en su territorio.
«La creación del fideicomiso es un logro fundamental para hacer de la integración social y urbana una política de Estado nacional, ahora tenemos el desafío de empezar a ejecutar antes de fin de año», dijo Miño. «Ya tenemos proyectos, tenemos acuerdos políticos sólidos y mucha capacidad de trabajo. Poner en marcha este fondo en diciembre será un mensaje de esperanza para los últimos, que tenemos el compromiso de que sean los primeros», agregó la catequista y dirigente barrial, que vive en el barrio La Cava de San Isidro, asume como desafío «revertir una dinámica caótica que lleva muchas décadas» y promete trabajar codo a codo con Arroyo en ese objetivo.
