El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, justificó la ordenanza municipal de Avellaneda que avanzó sobre la propiedad privada. Además, mandó un mensaje a los inversores privados. “Que se queden tranquilos, no existe esa intención”, aseguró, en relación a posibles expropiaciones.
La última semana el Concejo Deliberante de Avellaneda, bastión kirchnerista, aprobó sin previo debate una normativa que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas. En caso de no avanzar, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar.
En una conferencia de prensa, Ferraresi, intendente de Avellaneda en uso de licencia, explicó que las expropiaciones se realizarán sobre “terrenos en desuso”. “No hay nada más lejano que avanzar sobre la inversión de un privado”, dijo el ministro de Alberto Fernández.
Según contó Ferraresi, la ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante de Avellaneda sobre tablas –el Frente de Todos impuso sus dos tercios y aprobó la ordenanza con 16 votos a favor y 6 en contra– es igual a la que se sancionó en Mar del Plata hace 20 días.
Avellaneda es el terruño del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, un dirigente muy cercano a Cristina Kirchner, quien fue designado por el Presidente en una cartera estratégica tras la salida de María Eugenia Bielsa del Gobierno. Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria, maneja una de las cajas más importantes del Estado.
La decisión del distrito bonaerense tomó la decisión horas después de que el Presidente dijo que “los particulares” deben ser solidarios y entender que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”.
Y agregó: “No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos”.
En su presentación ante la prensa, en la que anunció parte del plan de viviendas que puso en marcha su cartera, Ferraresi explicó que la determinación de avanzar con una expropiación «se planifica sobre sectores abandonados de la ciudad». En este punto, el funcionario puso como ejemplo al “famoso elefante blanco” de Avellaneda, por el edificio deshabitado a la vera de las vías del ferrocarril Roca que se encuentra abandonado hace 14 años.
El ministro explicó además que los procesos de expropiación «existen, siempre existieron», que «salen por ley», y señaló que en cambio este programa «tiene un proceso de inscripción de manera voluntaria para ofertar» el terreno. Los beneficiarios «podrán acceder con un crédito hipotecario a tasa cero, con una cuota de hasta el 25 por ciento del ingreso familiar y variable por el índice de ajuste salarial, y con pago en hasta 360 cuotas», agregó.
El objetivo de este proyecto se enmarca en la idea del Gobierno nacional de «construir 264.000 viviendas hacia fines de 2023», indicó el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, para a partir de 2024 realizar «75.000 viviendas por año».
«Hay que generar suelo urbano para el desarrollo, teniendo en cuenta que Argentina crece 10% en 10 años», sintetizó Ferraresi, que estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
«Se están terminando las obras paralizadas en 2015, con el Procrear 2 se están construyendo 30.000 viviendas, en julio se sortearán 11.800 lotes propios del Estado, para julio o agosto se licitarán otras 25.000 viviendas, entre septiembre y noviembre otras 30.000, con lo que en diciembre habrá 110.000 en marcha», resumió el ministro.
La medida generó una fuerte polémica y el rechazo de la oposición. “Es muy grave que se esté hablando de expropiar a una persona que por ejemplo compra un lote para protegerse de los vaivenes económicos de la Argentina, o porque quiere que en 10 años un hijo construya su casa. Constituye una grave avanzada sobre la propiedad privada”, dijo anteayer Rubén Conde, concejal de Juntos por el Cambio en el municipio.
Sebastián Vinagre, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, coincidió: “La medida interpone una obligación nueva e innecesaria a los vecinos de Avellaneda. Una persona puede querer tener un terreno vacío para capitalizarse o resguardar sus bienes. De ahora en más, eso podría ser imposible”, describió.
