El abogado de Fabiola Yañez y de la mayoría de sus asistentes fue el encargado de recolectar las fotos del cumpleaños; sin embargo, en la Casa Rosada saben que cada uno de los participantes ya compartió previamente ese material por lo que es imposible de evitar nuevas filtraciones.
“Alberto ya habló dos veces del tema, no hay mucho más para decir”, reflexionan cerca del presidente Alberto Fernández en relación al escándalo que siguió a la difusión de las fotos e imágenes del cumpleaños número 39 de la primera dama Fabiola Yañez, hace trece meses, en la quinta de Olivos y en plena cuarentena.
Pese al intento oficial por “cerrar” el caso, escenificado en dos discursos consecutivos del Presidente esta semana y ayer en la publicación que medios públicos como Canal 7 y Télam hicieron de dos breves videos de aquella noche de julio de 2020, en la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos coinciden: la diseminación de las fotos está fuera de control y es prácticamente “imposible” garantizar que no aparecerán más registros que los que salieron a la luz.
Con el mismo énfasis con el que rechazan que la Casa Rosada haya “cedido” los videos a los medios públicos y el sitio web El Destape, en el Gobierno niegan que haya existido algún tipo de presión o llamado hacia las nueve personas-todos amigos y empleados de Yañez-que participaron del festejo para que tracen un “mapa” con la dirección de las imágenes que obtuvieron esa noche, que se extendió en sobremesa hasta la madrugada.
De todos modos, una tarea similar habría corrido por cuenta del abogado Juan Pablo Fioribello, que representa a la mayoría de los nueve participantes de la comida, incluidos en la causa judicial que lleva adelante el fiscal Ramiro González ante el juez federal Sebastián Casanello por violación de los artículos 205 y 239 del código penal, aplicables a la cuarentena. “Desde ese estudio se les pidió a todos que le dijeran a quienes le dieron las fotos”, contaron a este diario fuentes con conocimiento de esos diálogos. Una de las participantes de la cena, la abogada Stefanía Domínguez, cambió recientemente de defensor letrado, que pasó a ser Mauricio D´Alessandro, exdiputado provincial del massismo y actual concejal de Tandil, quien insiste desde hace meses en que el DNU presidencial que estableció las restricciones “es inconstitucional” al no haber pasado por el Congreso, y que por lo tanto las penas que podrían aplicarse (prisión de 6 meses a 2 años) son inaplicables.
“Cada uno de los que estuvo ahí sacó cuatro o cinco fotos, se los pasó a su novio, a su novia, a su tía, a sus amigos. Es imposible saber dónde fueron y a quiénes les llegaron”, coincidieron con resignación fuentes de la causa judicial y dos referentes del Gobierno. Mientras algunos funcionarios arriesgan teorías conspirativas y acusan a la oposición de utilizar las fotos para desprestigiar al Gobierno, otros reconocen que fue “un milagro” que no se conocieran durante más de un año.
