Debido al repliegue de los gobernadores, renuentes a enfrentarse con el presidente Javier Milei en el pico de su popularidad, los bloques opositores más críticos de la Cámara de Diputados fracasaron esta tarde en su intento de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/2024, el cual flexibiliza las condiciones para que el ministro de Economía, Luis Caputo, pueda realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso.
La sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, llegó a contar con 120 legisladores sentados en sus bancas -a solo 9 del quorum- antes de que Martín Menem, presidente del cuerpo, decidiera darla por terminada por falta de quorum.
El debate se frustró por la ausencia no solo del oficialismo –lo que era previsible-, sino también por el faltazo de aquellos diputados, tanto dialoguistas como opositores críticos, que responden directamente a sus gobernadores. Los mandatarios provinciales de la UCR y Pro, si bien mantienen un sordo conflicto con la Casa Rosada por su intransigencia a negociar el presupuesto 2025, decidieron no llevar la disputa al extremo para no obturar las posibilidades –todavía difusas- de reanudar el diálogo.
En efecto, según trascendió en las últimas horas la Casa Rosada estaría estudiando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso e incluir, en el temario, el proyecto de ley de presupuesto 2025. Los gobernadores “aliados” no guardan demasiadas expectativas: creen que, aunque el diálogo se reabriera, sus demandas difícilmente sean atendidas y que el oficialismo, de acceder a discutir la ley, buscará aprobarla a libro cerrado.
Frente al desplante del Gobierno, los mandatarios provinciales bien pudieron haber utilizado la amenaza del rechazo del decreto 846 para forzar las negociaciones. No se atrevieron: utilizar su tropa en el Congreso para voltearle un decreto de semejante envergadura a un gobierno en el pináculo de su popularidad hubiese sido leído como un golpe institucional, analizaron. Máxime cuando necesitan del Poder Ejecutivo para que les avale sus propios programas de financiamiento externo.
Esto explica por qué finalmente optaron por no llevar la confrontación al límite y, por tal motivo, bajaron línea a los bloques de Pro y de la UCR a no dar quorum en la sesión especial de hoy.
No fueron los únicos. El bloque Unión por la Patria -uno de los convocantes- tuvo seis deserciones, cuatro de los cuales responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Tampoco dieron quorum Ricardo Mirabella (Santa Fe), Tanya Bertoldi (Neuquén) y el santiagueño Ricardo Daives, este último ausente por enfermedad.
También pegaron el faltazo cinco legisladores del bloque Democracia para Siempre -que aglutina a los radicales críticos del Gobierno-: Jorge Rizzotti; Melina Giorgi; Manuel Aguirre; Marcela Antola y Juan Carlos Polini, quienes están vinculados a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Sáenz (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El bloque Encuentro Federal también sufrió la sangría de siete de sus miembros por orden de sus gobernadores. Faltaron cinco de los seis diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora, como así también el entrerriano Francisco Morchio, que acata las directivas del gobernador Frigerio; Jorge Ávila (Chubut), cercano al gobernador Ignacio Torres, y Ricardo López Murphy (CABA).
Por el contrario, hubo diputados que, contrario a la posición de su bloque, decidieron dar quorum. Fueron los casos de Julio Cobos (UCR) y Álvaro González (Pro). También estuvieron presentes Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y la exlibertaria Lourdes Arrieta, mientras que la Coalición se mostró dividida (solo bajaron al recinto Maximiliano Ferraro y Mónica Frade) al tiempo que la izquierda solo mostró una baja por la enfermedad de la diputada Mónica Schlotthauer.
El decreto 846/2024, que la oposición pretendía rechazar hoy, es clave para la ingeniería financiera del ministro Caputo, sobre todo frente a un año de fuertes vencimientos de deuda. La medida, en efecto, lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso.
