“El Consejo Económico y Social nació para estar muerto”, dijo uno de los 30 consejeros que pertenece al organismo desde su origen. Desde que Gustavo Beliz dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a fines de julio pasado, solo se convocó a tres o cuatro reuniones plenarias para que los referentes de los distintos sectores puedan exponer sus necesidades y problemáticas.
El Consejo Económico y Social, que en un principio se formó para resolver temas a partir del consenso de diferentes actores, está coordinado por la directora nacional del Consejo Económico y Social, Patricia Vaca Narvaja, que a su vez depende de Mercedes Marcó del Pont, la exfuncionaria de la AFIP que llegó para reemplazar a Beliz.
“El Consejo Económico y Social se consolida como ámbito de discusión y debate para la construcción de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país”, señalaron desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a LA NACION. Sin embargo, una buena parte de los miembros de la entidad parece no estar de acuerdo con los objetivos planteados, como tampoco con los temas que se trataron en los últimos meses.
“No fue un año en el que se haya convocado a muchas reuniones, fueron dos o tres por temas que no tendría que tratar el Consejo Económico y Social. Tenés que ver el tema precios, una política para unir sectores del trabajo y de la producción. Si bien se trabajó, tampoco fueron temas que le cambian la vida a la población”, aseguró un representante del sector empresario.
Entre algunos de los encuentros que se llevaron a cabo en la segunda mitad de 2022 -período posterior al cambio de gestión-, se pueden enumerar: una visita a Casa Rosada, una reunión con entidades religiosas en el Congreso, un debate sobre el discurso del odio, un foro sobre el agua, una mesa intersectorial para el abastecimiento de alimentos y algunos encuentros con funcionarios extranjeros.
“El Consejo Económico y Social es una construcción a largo plazo. No esperaba que cambiara el presente de un momento a otro. El camino está bueno y es lento. Si me preguntás si cambió el mundo o la realidad argentina, no la cambiamos. Pero es una construcción. Los objetivos son a mediano y largo plazo. No se produjo ya un cambio, pero este cuerpo no está para que se noten los efectos a corto plazo”, señaló Carolina Carrillo, Directora del Grupo de Investigación y Desarrollo en el Instituto Milstein, además de ser miembro del consejo.
Carrillo, que es investigadora del CONICET, reconoció que la organización gubernamental convocó a menos reuniones que cuando Beliz estaba a cargo. “Fue difícil y todavía nos estamos acomodando. Nos reunimos un poco menos. Hubo menos actividades y estamos empezando a organizar la agenda. Después de los cambios políticos, quedó todo convulsionado y surgió la necesidad de parar un poco la pelota. El consejo se conformó alrededor de la propuesta de Béliz, que tenía un estilo distinto. En la última parte hemos ido más lento. Durante la pandemia teníamos reuniones semanales y con la nueva gestión nos hemos reunido 4 o 5 veces”, dijo la especialista.
Son en total 30 personas las que componen el Consejo Social y Económico. Se trata de representantes del sector gremial, empresario, científico-tecnológico, educativo y de movimientos populares. Sin embargo, el vínculo que tiene cada uno con el Gobierno parece aumentar o disminuir su influencia dentro de la unidad de consenso. “Creo que las temáticas fueron pocas veces específicas de nuestro sector, pero muchas veces aportamos nuestros expertos. Y las temáticas mayormente surgieron desde la propia dirección del consejo”, sostuvo Carrillo.
El secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, es el único representante de los movimientos populares. “Su función es llevar la voz de los trabajadores de la economía popular, un tema que gran parte de la dirigencia no logra comprender”, dijo su vocero, Aberto Vicenzi, y recordó que en las últimas reuniones “hubo paneles, pero no participaron todos los consejeros”. Y confesó que “las reuniones no tienen periodicidad, ni están pautadas”.
El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, también fue crítico al respecto e insistió en la presencia de un representante de la oposición para definir las temáticas en cada reunión plenaria. “Por las raíces de nuestra entidad, que siempre perteneció a los grandes acuerdos, creemos que es un organismo muy importante y una herramienta muy útil. Pero, para nosotros, el organismo debería contar con un dirigente de la oposición para proponer y acordar temas reales y no políticas de Gobierno”.
Uno de los consejeron manifestó su malestar por la agenda del organismo. “Te mandan un temario para cada reunión. Tenía expectativa y perdí todo el entusiasmo. Nombraron como a 30, ampliaron el consejo a pesar de que no estaba previsto. Hay dos dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica [por Abel Furlán y Antonio Caló] y no tienen que estar los dos. Ya perdiste el sentido, porque el sentido es estar, no resolver”, dijo uno de los miembros del organismo.
Para algunos de los miembros, la demora del organismo en el tratamiento de algunas temas se vincula directamente con la falta de legitimación del Congreso, entre otras instituciones. “Otra cosa que nos hizo ir con prudencia es que el consejo no tiene legitimación. Uno de los primeros pasos era estar legitimado por el Congreso y para eso hay proyectos de ley presentados. Esa legitimación no fue a propósito, el consejo la buscó todo el tiempo”, explicó Carrillo.
“Hay que entender cuál es la función del CES y que aún no tiene el marco normativo que regule su funcionamiento”, argumentó la representante de la Unión de Industrias del Norte Argentino, Paula Bibini, quien agregó que “tuvo actividad hasta fin de año”.
Parte de ese marco regulatorio está detallado en el proyecto de ley que el Senado y la Cámara de Diputados impulsaron en 2020. Ese documento insta a crear el CES, “como organismo ‘extra poder’”, es decir que no esté subordinado a ninguno de los tres poderes del estado.
Entre otro de los puntos, el artículo 6 de esa propuesta legislativa indica cómo será elegido el presidente del órgano de consenso. “El Presidente será una personalidad externa al cuerpo, designado a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores”, reza el documento.
Ese mismo proyecto de ley -en sus artículos 8 y 9- obliga al Gobieno a presentar un informe anual de seguimiento sobre las temáticas debatidas en el CES y exige asambleas una vez por mes.
Los objetivos de esa idea inicial, que rara vez se cumplieron, se disiparon cuando el presidente Alberto Fernández publicó un decreto en 2021 con el objetivo de crear “un órgano de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades que serán definidas por el Presidente o la Presidenta de la Nación”. Asimismo, “a pedido del Presidente o de la Presidenta de la Nación” se convocará “a sectores que se encuentren especialmente afectados por decisiones políticas”.
