El Gobierno Nacional dispuso la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal, y despidió a 1.388 empleados. Según fuentes oficiales, la medida implicará un ahorro de $42.000 millones anuales.
Se trataba de una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”
Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.
“Una empresa ferroviaria que no tenia funciones, o funciones que estaban duplicada en las empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personas del Estado de 1.388 puestos de trabajo a menos que el Estado no va a tener que pagar”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la conferencia de prensa habitual del Vocero Presidencial.
La decisión de disolverla fue publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la Resolución Nº 35/2024 firmada por la Secretaría de Transporte y tiene el objetivo de “eficientizar el uso de los recursos con el objetivo de cumplir el equilibrio fiscal”.
“Entre 2019 y 2023 DECAHF se transformó en una empresa que realizaba obras públicas (cuando no le correspondía por estatuto) y contrataba artistas populares con la única finalidad de satisfacer necesidades políticas-partidarias. En esos años gastó 10 millones de dólares para ejecutar obras completamente innecesarias para el sector ferroviario y 80 millones de pesos en la contratación de artistas para espectáculos, función que nada tenia que ver con sus objetivos”, afirmó la Secretaría de Transporte en un comunicado.
“Cada una de las 5 empresas ferroviarias contaba con un área de género, con personal completamente sobredimensionado que no asistía a sus puestos de trabajo en muchos casos y con funciones que se duplicaban”, agregó.
“No vamos a permitir que el estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”, concluyó.
Aún quedan algunos empleados, que tienen funciones puntuales y que van a seguir manteniendo sus puestos pero serán absorbidos por otra empresa. Cabe destacar que la gran mayoría de los trabajadores con los que contaba DECAHF no se regían por contratos, una modalidad habitual en el sector público, sino que estaban fijos.
A su vez, se eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014, que, según el Gobierno, “nunca funcionó ni emitió una decisión o acción”. Este tenía inicialmente el objetivo de “participar en la elaboración del Plan Estratégico del Transporte y brindar asesoramiento al Ministerio sobre el particular; convocar, integrar y articular los sectores público y privado a ese fin vinculados al transporte; propiciar la investigación, capacitación y distribución de la información relacionada al transporte; así como colaborar en la elaboración de todo tipo de programas y acciones tendientes a la mejora constante del transporte”.
En los considerandos de la resolución se indica que “desde la creación del referido Instituto se ha observado que muchas de las funciones y tareas se han superpuesto con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional tales como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, las cuales ya tienen a su cargo la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte”.
A su vez, se subrayó que la decisión va en línea con las medidas tomadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei “tendientes a equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.
En el marco de los recortes en el Estado, el Gobierno ya despidió a 28.000 trabajadores públicos entre diciembre de 2023 y julio de 2024, equivalente a una reducción del 5,7% del personal. Puntualmente, en las empresas del Estado la nómina se redujo en casi 9.900 empleados. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esto permitió un ahorro de $36.000 millones.
