El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei ordenó desclasificar toda la documentación que existe sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. La medida también abarca a cualquier otra información producida en otro período pero relacionada con las Fuerzas.
“Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”, aseguró Adorni en un video grabado en Casa Rosada que fue difundido a las 11.
El funcionario informó que la medida implica el traspaso absoluto de archivos que están bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación de documentos históricos.
“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo”, analizó Adorni.
A la par, Adorni informó que a partir de ahora, el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. La decisión alude a un ataque perpetrado el 1° de diciembre de 1974, en el centro de San Miguel, en el que murieron Viola y su hija María Cristina, de apenas 3 años de edad. Como el caso no era reconocido como de lesa humanidad, la Justicia no podía avanzar con el pedido de la familia de reabrir la investigación.
Para que se cumpla ese objetivo, el presidente Milei instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, que encabeza Nahuel Sotelo, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.
Luego a través de un comunicado de la Oficina de la Presidencia (OPRA) en la red social X (ex Twitter) se indicó que “el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”. Un rato más tarde, Milei lo retuiteó con el mensaje “a fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia”. en letras mayúsculas.
En su mensaje Adorni sostuvo que con esta determinación que adoptó el Presidente “los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”.
“Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos, en manos de la SIDE y la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”, consignó. El decreto al que hizo alusión fue dictado por Cristina Kirchner pero quedó inconcluso.
El vocero presidencial detalló lo que ocurrió con el capitán Viola y con su familia el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán. “Un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptó el auto en el que el capitán viajaba con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tan solo tres años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021, después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80″, describió.
Recordó, además, que “la familia de los asesinos cobró indemnizaciones del Estado de acuerdo con la Ley 24.043 por haber estado detenida durante el Estado de sitio” y que “en el año 2008, la Justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad”.
Asimismo consignó que la viuda del capitán Viola apeló esa medida y que “durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad”.
“Bajo la presidencia de Javier Milei, habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70′, agregó. Para el Presidente Javier Milei, de acuerdo a lo que manifestó Adorni, “el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad”.
