La Corte Suprema tendrá su propia representación judicial: crean la Dirección de Asuntos Contenciosos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializó la creación de la Dirección de Asuntos Contenciosos, un organismo que dependerá de la Secretaría Jurídica General y que tendrá como objetivo asumir la representación del máximo tribunal en las causas judiciales en las que sea parte, función que hasta ahora estaba a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
La medida fue dispuesta a través de la Resolución 931/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Según se indicó, la nueva dirección contará con independencia técnica y estará facultada para actuar directamente en nombre del Tribunal, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la autonomía funcional y orgánica de la Corte.
El nuevo organismo podrá intervenir en juicios, presentar y responder demandas, formular reconvenciones y promover recursos legales en representación del Tribunal, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en otros tribunales federales del país.
Para ello, sus integrantes podrán matricularse en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y la Oficina de Matrícula de la Corte se encargará de gestionar las inscripciones en las jurisdicciones provinciales.
Entre las funciones conferidas a la Dirección de Asuntos Contenciosos se encuentra también la posibilidad de actuar en el ámbito extrajudicial y administrativo.
La Secretaría Jurídica General será la encargada de otorgar los poderes necesarios a sus profesionales para llevar adelante esas tareas.
Desde el Tribunal destacaron que la creación de esta dirección permitirá una “defensa más eficiente”, al evitar “dilaciones innecesarias frente a plazos procesales, perentorios y, con frecuencia, exiguos”, especialmente en causas de relevancia institucional y patrimonial.
Por otra parte, se estableció que los abogados que integren la nueva dirección no percibirán honorarios adicionales, dado que su labor se considera parte de las funciones propias del cargo público.
Los costos vinculados a impuestos y contribuciones serán cubiertos por el propio Tribunal.