La renuncia de Paul Starc a la conducción de la UIF se explicó, puertas adentro, por un choque de fondo con la reglamentación de la ley de “inocencia fiscal”. En el organismo aseguran que el exfiscal se negaba a “flexibilizar” el esquema antilavado en un contexto en el que Economía empujaba una implementación más permeable para facilitar el ingreso de fondos, y que ese tironeo fue el punto de quiebre.
A la disputa técnica se le sumó un problema político: en la UIF describen que Starc no construyó alianzas, quedó aislado y acumuló fricciones internas, por lo que su salida se venía rumorando desde noviembre. Tras dejar el cargo, recalaría en el directorio del BICE, mientras el Ministerio de Justicia —del que depende la UIF— oficializó la renuncia y buscó bajarle el tono al impacto.
El reemplazo llegó rápido: Ernesto Gaspari, con aval de figuras clave del oficialismo, según la nota. En paralelo, se mencionó el viaje reciente de Starc a Washington para contactos con FinCEN por el capítulo internacional del caso AFA, aunque en el Gobierno afirmaron que fue una coincidencia y que ese viaje “no tuvo que ver” con el desenlace.
