Tras la decisión del juez federal Casanello de enviar a la justicia de San Isidro la causa por el festejo en Olivos en lo más estricto de la cuarentena, se abren varios caminos.
Según publicó el diario Infobae, Casanello se declaró incompetente para intervenir en el caso porque sostuvo que los hechos ocurrieron en Olivos y que por lo tanto corresponde que intervenga la justicia federal de San Isidro, de quien depende la zona de la quinta. El pase del caso no es inmediato. Hay tres días para que las partes del caso apelen esa decisión. Puede hacerlo el fiscal federal Ramiro González o las defensas de los imputados, entre ellas el propio presidente Alberto Fernández que se presentó en la causa como abogado propio y pidió su sobreseimiento o, en caso que no lo acepten, una conciliación económica para cerrar el caso. Si alguna parte apela la decisión de Casanello será revisada por la Cámara Federal de Comodoro Py. El tribunal deberá decidir si confirma o no la incompetencia.
Si nadie apela, el fallo del juez quedará firme y la causa pasará a la oficina de Lino Maribelli en San Isidro. Se trata del magistrado de esa jurisdicción que está de turno durante todo septiembre. El magistrado tendrá que resolver si se queda o no con el caso. Es que si bien la jurisprudencia establece que el caso lo toma el juez de turno en San Isidro ya hay una denuncia por el cumpleaños en Olivos. Ese expediente lo tiene la segunda magistrada de la jurisdicción, Sandra Arroyo Salgado. La jueza le había preguntado a Casanello por el expediente para saber su contenido. La expectativa era si le iba a pedir el caso. No lo hizo.
Desde el gobierno nacional dijeron hoy que no quieren a Arroyo Salgado al frente de la causa. “Creo que es conocido para todos que con nuestro espacio político, Arroyo Salgado claramente no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad, porque lo demostró su conducta los últimos años. No es lo más adecuado si se espera una investigación imparcial. Hay opiniones públicas que rozan mucho lo personal, y es respetable”, dijo el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, en un reportaje con Radio 10 en el que también sostuvo que no estaba de acuerdo con el cambio de jurisdicción de la causa. Arroyo Salgado es la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. La jueza fue querellante en la causa penal y criticó duramente al entonces gobierno de Cristina Kirchner.
Cualquiera sea el juez de San Isidro que intervenga tendrá que resolver si se queda o no con el caso. Es que puede no compartir el criterio de incompetencia de Casanello y devolverle el expediente. Si eso ocurre, Casanello puede rever su criterio o quedarme con el caso o mantener su postura. Allí la Cámara Federal de Comodoro Py, ante un conflicto de competencia entre dos jueces, deberá resolver quién se la queda.
Si finalmente el caso queda en San Isidro el expediente tendrá una suerte de “fojas cero”. El caso ya tiene medidas de prueba, presentación de las partes e imputaciones. Pero el nuevo magistrado podrá darle o no otra dirección a la causa.
Todos estos pasos procesales implican que la causa demorará en tener una resolución en el corto plazo. Hasta ahora dos partes habían hecho pedidos concretos. Una fue Stefanía Domínguez, amiga de Yañez y una de las que estuvo en el cumpleaños. Su abogado Mauricio D’Alessandro pidió la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que estableció la cuarentena. El fiscal González dictaminó por rechazarlo. El juez que tenga el caso deberá resolverlo.
Y el segundo fue Alberto Fernández con su planteo de que no hubo delito. Pidió ser sobreseído o pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al instituto Malbrán como reparación por lo que el jefe de Estado reconoció como un error.
