La dirigencia cercana al Gobierno condena el aporte del 2% admitido por el Polo Obrero, aunque insinúa que el dinero del Estado muchas veces no alcanza para solventar a las cooperativas; hay 7000 denuncias ante Desarrollo Social por mal manejo de planes
El modo en que se financian las organizaciones piqueteras que, semana tras semana, se movilizan al centro porteño colocó a sus dirigentes en el ojo de la tormenta. Más aún después del discurso de Cristina Kirchner de ayer, cuando reclamó reducir la ayuda social y una mayor auditoría del Estado sobre los planes que reparte. “Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas”, planteó la vicepresidenta en la CTA, en una crítica al Movimiento Evita, que cuenta con una franja importante de los planes de cooperativas.
El mes pasado, Eduardo Belliboni reconoció que quienes integran las filas del Polo Obrero (PO) realizan un aporte del 2% de sus ingresos para sostener a la organización. “Es a conciencia, voluntario, como la histórica cuota sindical de las las viejas organizaciones anarquistas”, argumentó en esa ocasión el referente de esa agrupación de izquierda, que tiene bajo su órbita a alrededor de 60.000 beneficiarios de programas sociales.
Sin embargo, fue Gabriel Solano quien volvió a traer el tema a la primera escena del debate público. En línea con las palabras de Belliboni, el legislador porteño del PO justificó ese mecanismo de autogestión en el hecho de que muchas veces las organizaciones deben encargarse de cubrir con fondos propios “lo que el Estado no financia”: el alquiler de los comedores, la logística y el transporte de la mercadería, entre otros gastos fijos.
Para los dirigentes de la Unidad Piquetera, el solo planteo del tema formaría parte de una “campaña sucia” que, lejos de preocuparse por “la gente”, pone en la mira la forma que tienen de organizarse quienes se movilizan “por sus necesidades”. “Atacar este sostenimiento es pretender el cierre de miles de comedores populares y prácticamente la disolución de las organizaciones que los sostienen”, argumentó Solano.
Lo cierto es que, de acuerdo a información oficial, hasta mayo pasado, el Ministerio de Desarrollo Social había registrado alrededor de 5000 denuncias contra organizaciones sociales por supuestas irregularidades en la intermediación del Potenciar Trabajo ($22.770 por mes por media jornada laboral). Actualizado al 1 de junio, ese número asciende a 7000. Son todos reclamos realizados por titulares de ese programa que abarca a más de 1.200.000 personas en todo el país y que, por lo general, van de la mano de la solicitud de cambio de la unidad ejecutora en donde realizan la contraprestación.
La cartera que conduce Juan Zabaleta precisa que, de esos 7000 casos, cerca de 900 dan cuenta de algún tipo de amenaza, mientras que más de 3000 reflejan la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización y 1400 señalan la presión para asistir a marchas o movilizaciones. En tanto, alrededor de 1700 titulares describen maltratos por parte del referente o de la organización. Cabe aclarar que cada beneficiario de un Potenciar Trabajo cuenta con su propia tarjeta. Las organizaciones intervienen únicamente al momento del reparto de los cupos, que a su vez son negociados con los funcionarios al frente de Desarrollo Social.
Según indicó Belliboni no le resulta descabellado pensar que puedan existir dirigentes que “hacen desastres” al aprovechar de su lugar de poder. “Está en cada organización si se dedica a joder a la gente o a organizarla para pelear por sus derechos en cada uno de los barrios”, graficó el referente, para después ahondar en un ejemplo: “Es como sucede con los sindicatos: están los que se organizan democráticamente y tienen elecciones y asambleas, y los que no”.
“Economía popular”
Los que no tardaron en salir a condenar cualquier tipo de aporte realizado por beneficiarios fueron los movimientos sociales aliados al Gobierno y reunidos en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En boca de su secretaria adjunta, Dina Sánchez, la entidad que nuclea a diferentes ramas de trabajadores informales sostuvo que “sacarle plata a los compañeros o compañeras es aprovecharse de su necesidad”.
Así y todo, la también referente del Frente Popular Darío Santillán explicó la complejidad que envuelve al mundo de las cooperativas en los barrios populares. Relató que, como el dinero del que se dispone muchas veces no alcanza, las organizaciones suelen hacer “acuerdos colectivos” para mantener en pie las unidades productivas. “Hay muchos de nuestros espacios que no son propios, sino alquilados. En la Boca, por ejemplo, tenemos un galpón donde funciona un polo textil. El dinero para bancar ese alquiler sale de la misma unidad productiva“, comentó Sánchez.
Sucede que, a medida que esos espacios comienzan a generar sus propios ingresos por fuera de lo que reciben por parte del Estado, empiezan también a disponer de un fondo que les permitirá eventualmente reinvertir ese dinero en la adquisición de nuevas maquinarias e insumos. Es, a fin de cuentas, la dinámica que adquiere lo que denominan “economía popular”.
Por eso, desde los distintos sectores que conforman la UTEP hablan de la importancia de establecer un “estatuto” que explicite los derechos y las obligaciones de esos nuevos trabajadores. Se trata de la confección de un marco legal para aquellas personas que ya no pueden ser consideradas parte del “sector privado” tradicional, pero que tampoco pueden ser reducidas a su condición de meras receptoras de asistencia estatal.
En ese sentido, el secretario gremial de la entidad, Gildo Onorato, se encargó de separar lo que representaría el estatuto propiamente dicho, considerado una demanda hacia las autoridades, de las resoluciones que se pactan puertas adentro de la UTEP. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra una que prohíbe “exigir, pedir o sugerir que alguien que recibe un beneficio del Estado, aporte”. “Es motivo de sanción severas, como la expulsión”, precisó Onorato, quien es una de las caras más visibles del Movimiento Evita, la organización social más numerosa del país.
Consultados por el modo que tienen de financiarse, desde la agrupación que encabeza Emilio Pérsico señalaron que su principal método de recaudación es la realización de cenas en las que los asistentes aportan lo que cada uno tiene a su alcance. “El año pasado, sin ir más lejos, hicimos una con 5000 personas en Costa Salguero, a la que asistió el Presidente”, comentó Onorato, para después agregar: “Hacemos lo mismo que hacen ONGs, fundaciones y partidos políticos”.
