El ministro de Economía acusó en la Justicia a NRG Argentina y MARDG S.A.S. por “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa”; llegarían nuevas acciones contra otras firmas
El ministro de Economía, Sergio Massa, ya había anticipado que denunciaría a las empresas que sobrefacturen importaciones y ahora lo hizo. A través de una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 que realizó el pasado viernes 12 de agosto, el titular del Palacio de Hacienda llevó a la Justicia a las empresas NRG Argentina S.A. -que opera en Vaca Muerta- y a MARDG S.A.S., y también a sus directivos. Asimismo requirió que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se ponga en conocimiento de esto al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo que va contra los delitos financieros en Estados Unidos.
El monto ilícito sería de 12 millones de dólares. De acuerdo a lo que precisaron fuentes ligadas a la denuncia, la presentación se realizó en la Justicia local porque el procedimiento sería “más rápido” que encararlo directamente en Estados Unidos. La idea es generar “percepción de riesgo” para el resto de las compañías y, es más: llegarían nuevas acciones contra otras firmas.
El documento judicial al que pudo acceder este medio precisa que el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.
La acción va dirigida contra NRG Argentina S.A. -una productora de arenas para las operadoras y compañías de servicios petroleros-, Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull y MARDG S.A.S., que habrían aplicado al mercado económico y financiero “ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida”.
A través del documento, entonces, se requirió al Banco Central que en un plazo de tres días envíe información sobre los giros de divisas que estarían vinculados a las compañías. Asimismo, se le pidió a la DGA que remita datos sobre el modo en que se registraron ocho destinaciones de importación ante el servicio aduanero en el exterior, en cooperación con la Aduana de Estados Unidos. Esto último pretende el detalle al menos del exportador y del importador, la descripción de la mercadería, el precio de la operación, las facturas presentadas y los agentes intervinientes.
