Durante las tres audiencias que concede el Tribunal Oral Federal 2, la vicepresidenta y sus abogados refutarán las conclusiones de los magistrados; será de forma remota y no presencial
El alegato de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio oral de la causa Vialidad comenzará hoy a las 8 horas con la exposición de su abogado Carlos Alberto Beraldi y terminará el viernes con una exposición que realizará la propia vicepresidenta, de manera remota, ante el Tribunal Oral Federal 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
A lo largo de dos audiencias -hoy y mañana- Beraldi y el abogado Ary Llernovoy refutarán la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron condenar a 12 años de cárcel a Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita y responsable del delito de fraude al Estado. Además pidieron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El alegato de la vicepresidenta culminará en la audiencia del viernes próximo. Cristina había pedido ampliar su declaración indagatoria después de que Luciani pidió las condenas. Eso fue rechazado por el tribunal, que sostuvo que la etapa de las indagatorias ya había concluido. La vicepresidenta dijo que la privaban de su derecho de defensa. Podrá hablar en la instancia de su alegato de defensa porque es abogada.
Lo hará de manera remota conectada desde su despacho en el Senado. Beraldi y Llernovoy también alegarán de manera remota, a diferencia de lo que eligieron otros abogados defensores que intervienen en este juicio, que pidieron al tribunal hacerlo personalmente en los estrados judiciales.
Después de que se conoció el pedido de penas, la vicepresidenta hizo una defensa pública y política contra el avance del caso Vialidad: cuestionó a los fiscales y a los jueces que la juzgan, dijo que no hay ni una sola prueba que la comprometa y acusó al macrismo de estar detrás de los verdaderos hechos de corrupción que nadie investigó, según sus palabras. Cerca suyo adelantaron que para el próximo viernes la vicepresidenta centrará su exposición en elementos jurídicos. La instancia de los alegatos, señalan en los tribunales, está reservada a la defensa técnica.
La defensa intentará golpear contra la acusación desplegada por Luciani, para intentar demostrar que no hay relación directa entre Cristina Kirchner y el direccionamiento de las obras públicas de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. Un anticipo ocurrió en agosto, cuando, tras la acusación de Luciani, Cristina Kirchner intentó defenderse mostrando otros chats del exsecretario de Obras Públicas José López con Nicolás Caputo, un empresario amigo de Mauricio Macri.
Ayer, la vicepresidenta anticipó a través de un tuit que el blanco de sus ataques volverá a ser el fiscal Luciani. “Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirán Clarín y LA NACION?”, escribió Cristina Kirchner en Twitter, para promocionar la transmisión en streaming de los alegatos del juicio.
Ya alegaron, desde el cinco de septiembre hasta el viernes pasado, los abogados defensores de Héctor Garro, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Julio De Vido y Abel Fatala.
Mientras tanto, en los tribunales federales de Comodoro Py avanza el expediente judicial que investiga las circunstancias del atentado que sufrió la vicepresidenta hace dos semanas, cuando intentaron dispararle en la cabeza frente a la puerta de su casa, en las calles Juncal y Uruguay.
La acusación contra Cristina Kirchner
El fiscal argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años que había sido montado por Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Báez en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
