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Jorge “Corcho” Rodríguez suma problemas judiciales. A las investigaciones que afronta por su presunto rol como intermediario en las coimas que Odebrecht y otras empresas pagaron en el capítulo argentino del Lava Jato se suma ahora otra por un supuesto lavado de activos, también vinculada a esa trama de corrupción hemisférica.
El juez federal Sebastián Casanello lo citó a prestar declaración indagatoria, el 22 de noviembre próximo, tras concluir que existen indicios suficientes para sospechar que habría lavado fondos ilícitos por millones de dólares. Y que lo habría perpetrado, de acuerdo al magistrado, a través de las compraventas y operaciones de una empresa de helicópteros.
Casanello admitió así el pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien investigó los movimientos de la firma Helicopter Corporation SA, en línea con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la unidad antilavado (UIF), durante el período en que el “Corcho” Rodríguez habría intermediado en los pagos de sobornos para Odebrecht.
El foco de la pesquisa se centró, en particular, en un helicóptero, el LV-CFO, que en 2018 ya había quedado en la mira de la Oficina Anticorrupción. Ese organismo, por entonces liderado por Laura Alonso, había detectado una eventual correlación entre las entregas de bolsos con dinero registradas en los cuadernos de Oscar Centeno y viajes relámpagos de ese helicóptero al Uruguay.
Consultado entonces, Rodríguez rechazó la presentación de la OA. “Yo voy a Uruguay desde 1997. Tengo inversiones allá”, remarcó. “Viajo casi todos los fines de semana y una vez entre semana o cada diez días desde hace años. Son más de 200 viajes en los últimos años. ¡Por supuesto que alguno va a coincidir con lo que anotó Centeno, pero hay que utilizar el sentido común!”, reclamó.
La lupa judicial abarcó, también, a varios colaboradores y allegados a Rodríguez. Entre ellos, a su contador, Osvaldo Gandini, y al uruguayo Carlos Dentone, quien figura en Montevideo como el rostro visible de Sabrimol Trading, una de las sociedades que sirvieron de canal para pagar sobornos de Odebrecht y que, de acuerdo a la Justicia argentina, pertenece al “Corcho”.
El propio Dentone así lo confirmó. “Sabrimol Trading fue una sociedad que se formó en 2007 y el titular de las acciones era Jorge Rodríguez, y aunque las acciones sean al portador, en la práctica hay que anotarla en un registro”, afirmó. “Yo integraba el directorio de la sociedad porque era su director administrativo, pero el dueño era él.”
Rodríguez niega, sin embargo, ser el dueño. Y se apoyó en un informe de la Dajudeco de junio de este año que validaría su posición. En ese informe, remarcaron desde el entorno del “Corcho”, “se analizó toda la documentación de la causa, 582 registros de vinculaciones comerciales y 258 de relaciones societarias, de donde surge que Dentone y Martín Molinolo son los beneficiarios finales de Sabrimol, y socios /dueños de Latin Financial LP y Capital Investment Enterprise, que son las que sociedades que otorgaron un préstamo a Rodríguez y las que pagaron al vendedor en Uruguay el helicóptero”.
En este contexto, para el juez Casanello llegó el momento de escuchar a los imputados. “Considero que existen elementos de convicción suficiente para hacer lugar a las declaraciones indagatorias solicitadas por el acusador”, estimó, al admitir el pedido del fiscal Delgado y disponer ocho indagatorias entre el 22 y 25 del mes próximo.
Así, el “Corcho” Rodríguez y Juan Rodríguez Vilardebó deberán declarar por videoconferencia el 22 de noviembre; al día siguiente será el turno de Carlos Alberto Rodríguez y Carlos Dentone; el 24 serán indagados el contador uruguayo Martín Molinolo Menafra y Fabián Carballo; y el 25 declararán Patricia Buzzi y Osvaldo Gandini.
La citación representa un nuevo revés judicial para Rodríguez, quien ya se encuentra con procesamiento confirmado por su presunto rol como intermediario de las coimas por al menos US$14 millones que habrían pagado la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales (Benito Roggio Construcciones, José Cartellone Construcciones y Supercemento) para quedarse con la licitación para construir una planta potabilizadora de agua para Aysa en Paraná de las Palmas.
A esa primera investigación, que será juzgada en instancia oral por el Tribunal Criminal Federal N° 7, se suma otra pesquisa que instruyó el juez federal Daniel Rafecas. Aborda el presunto pago de sobornos por al menos US$25 millones -con él como uno de los intermediarios- por el contrato para extender la red troncal de gasoductos. Al igual que la anterior, ya se encuentra en instancia oral, ante el Tribunal Criminal Federal N°2.
El tercer capítulo local del Lava Jato también habría contado con el “Corcho” Rodríguez entre los supuestos involucrados en la trama delictiva. Se centró en las coimas que pagaron Odebrecht y sus socios Iecsa –de Angelo Calcaterra-, Ghella y Comsa, para quedarse con el contrato por US$ 1500 millones destinado a soterrar el tren Sarmiento. A diferencia de los anteriores, todavía se encuentra en primera instancia, pero registró un paso sustancial la semana pasada.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema rechazó las apelaciones de Julio De Vido y del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri. Ambos buscaban que se descartaran las evidencias que había obtenido y revelado, que luego las aportó a la investigación penal.
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