La posibilidad de que la Corte Suprema resuelva a favor de la ciudad de Buenos Aires en la pelea por los fondos de la coparticipación que la Nación le detrajo en 2020 no sólo sería vista como un triunfo político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Significaría, además, un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof y las arcas bonaerenses, que en el acto dejarían de percibir aquellos fondos millonarios que les giraba el Tesoro nacional de manera discrecional.
El impacto sería tremendo. En efecto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense –que se nutre de los recursos coparticipables detraídos de la Capital– está presupuestado en $200.745 millones para el año próximo. Se trata de nada menos que la mitad del total de las transferencias discrecionales que la Nación prevé girarle a la provincia en 2023, un año electoral.
Si el máximo tribunal decidiera devolverle todos esos fondos a la Capital, Buenos Aires se vería privada de recursos claves. Por ejemplo, para realizar obras públicas: según el proyecto de presupuesto bonaerense para el año próximo, la cifra supera todo lo que se prevé asignar en gastos de capital al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: $185.585 millones.
Hay más ejemplos comparativos que sirven para dimensionar el posible impacto. Por caso, según el presupuesto 2023, esos $200.745 millones implican cinco partidas anuales de inversión de insumos de capital para las fuerzas de seguridad bonaerenses (compra de patrulleros, helicópteros y equipos de seguridad). Son también dos presupuestos enteros en gasto para insumos, equipamiento e infraestructura de la Dirección General de Educación y Cultura, la jurisdicción más importante de la administración bonaerense.
Está visto entonces que un fallo adverso de la Corte Suprema sería una pésima noticia para las ambiciones de Kicillof –que aspira a la reelección– y para Cristina y Máximo Kirchner, que necesitan nutrir de recursos discrecionales a su bastión electoral. En la Casa Rosada recibieron con cierto alivio que el fallo, que intuyen desfavorable, no se firmara el pasado jueves. La demora no hizo otra cosa que agitar los temores en el gobierno porteño, que sospecha presiones de la Casa Rosada para que la sentencia se posponga hasta el año próximo.
Eso sería óptimo para los tiempos de Kicillof, abocado por estos días a conseguir los votos de la oposición en la Legislatura para aprobar el presupuesto 2023 antes de fin de año. Si la Corte decidiera anticiparse con un fallo adverso y le rebanara los $200.745 millones del Fondo, el gobernador se vería obligado a reformular íntegramente su proyecto de presupuesto y a renegociar, con menos recursos, con una oposición que condiciona sus votos a que el gobierno provincial le asegure más partidas para infraestructura y seguridad en los municipios.
Fondos claves
Con una pobreza que afecta al 56% de la población urbana según reconoce en el propio mensaje del presupuesto, los $200.745 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal son claves para el desempeño fiscal bonaerense. Según el proyecto, la provincia recibirá el año próximo $2,9 billones de la Nación, de los cuales el 87,2% corresponde a fondos coparticipables y el 12,8% son discrecionales. Estos últimos están calculados en $382.913 millones, de los cuales el 52% provienen del Fondo de Fortalecimiento.
Para el gobierno bonaerense, este giro millonario de dinero se justifica si se considera que la provincia aporta más recursos de lo que recibe en concepto de coparticipación.
“La creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal significó una reparación parcial que se enmarca en un proceso históricamente desfavorable para la provincia de Buenos Aires –sostiene en el mensaje de presupuesto 2023–. Sin embargo, las inequidades estructurales persisten: aun considerando los nuevos fondos, la provincia continúa percibiendo un 49% menos de los recursos nacionales por habitante que el resto de las provincias.”
El Fondo de Fortalecimiento para la provincia de Buenos Aires fue creado en septiembre de 2020, para calmar una protesta de la policía bonaerense que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos. En ese marco, el presidente Alberto Fernández dispuso por decreto restablecer el índice de 1,4% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, el cual había sido aumentado a 3,75% (y luego a 3,5%) durante la gestión de Mauricio Macri. La quita fue luego ampliada por medio de una ley sancionada en noviembre.
Acto seguido, el gobierno dispuso asignarle un 1,18% extra de coparticipación a Buenos Aires. Según un informe de la Fundación Mediterránea, desde que se instrumentó esta poda la Capital dejó de percibir $288.933 millones de coparticipación, que se reduce a $223.773 millones si se descuenta el monto con el que la Nación compensa a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las funciones de seguridad.
