Nació siendo una medida por un año. Luego se extendió dos veces más por otro plazo similar. Y esta semana, el Gobierno volvió a definir que, hasta el fin de su mandato, los entes reguladores del gas y la electricidad, Enargas y ENRE, respectivamente, se mantendrán intervenidos. Esta decisión se tomó pese a que “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”, que determinó el Congreso en diciembre 2019 en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya no aplica más.
Según el decreto 815, el Gobierno indicó que “resulta conveniente y necesario prorrogar la intervención”, ya que ambos entes “vienen desempeñando sus tareas y competencias específicas de modo satisfactorio y apuntan a objetivos concretos y establecidos”.
En el mismo texto, sin embargo, el Poder Ejecutivo volvió a extender también en el tiempo el proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), una tarea que en la ley de Solidaridad se había determinado que tenga un plazo máximo de 180 días. En los tres años de gestión, el Gobierno no logró proponer una política tarifaria que dé previsibilidad con respecto a cuándo y en qué magnitud otorgar incrementos.
El decreto se publica apenas unos días después de que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de presupuesto 2023, que establecía en el artículo 89 “un plazo no mayor a noventa (90) días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Durante los tres años de intervención, ocuparon el cargo de interventores en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tres funcionarios: Federico Basualdo, que luego asumió al mando de la Subsecretaría de Energía Eléctrica; Soledad Manin, su sucesora y exmano derecha, y Walter Martello, exconcejal en Esteban Echeverría y exdefensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien actualmente preside el ente.
Por el lado del Ente Nacional Regulador del Gas, asumió en primer lugar Federico Bernal, actual subsecretario de Hidrocarburos, y lo sucedió el interventor Osvaldo Pitrau.
Uno de los considerandos que llevaron al Gobierno a tomar esta decisión fue que “las políticas tarifarias aplicadas desde el año 2016 hasta el año 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica.”
Los entes tienen la facultad de determinar los incrementos tarifarios de gas y electricidad que corresponden al servicio de transporte y distribución de dichos servicios. Es decir, determinan las actualizaciones de ingresos de las empresas Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras.
Durante los tres años de gestión, el ENRE autorizó aumentos para Edenor y Edesur -las dos distribuidoras eléctricas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- muy por debajo de la inflación. El último incremento que se les dio a las empresas fue de 8% en marzo pasado, cuando la inflación acumulada en el año supera el 76%.
En 2021, la situación no fue distinta: se les permitió un alza de 21%, cuando la inflación fue 50,9%. En 2020, año de la pandemia, directamente no hubo aumento tarifario, pese a que la inflación fue 36,1%.
En gas, la situación fue un poco más llevadera, pero no muy diferente. Las empresas de distribución tuvieron este año un incremento de 40%, superior al 8% de las eléctricas, y de 24% en 2021. En 2020, los ingresos estuvieron congelados también.
En enero, habrá audiencias públicas para definir nuevos aumentos de transporte y distribución, que se podrían aplicar a partir de febrero o marzo. El ENRE ya hizo la convocatoria para realizar la audiencia el lunes 23 del primer mes del año. El Enargas, por su parte, publicará la resolución en los próximos días, para convocar a una audiencia pública para el 4 de enero. Según señalaron fuentes del ente, la resolución ya fue firmada.
La falta de previsibilidad y la situación constante de emergencia en el país fueron, entre otros motivos, una de las razones que llevaron a Enel, la empresa italiana dueña de Edesur, a decidir dejar el país. “En los últimos 20 años, los entes reguladores estuvieron intervenidos 18 años por situaciones de emergencia. No hay una emergencia que dure 18 años. Este modelo de gobernar por decreto es insostenible”, resaltaron en la compañía hace unas semanas, luego de anunciar que venderían todos los activos en el país.
