El Tribunal Oral Federal 4 empieza a juzgar hoy el caso Skanska, una causa por presuntos sobornos pagados hace casi 20 años por la empresa sueca a cambio de la adjudicación de obras públicas. Fue el primer escándalo de corrupción de la era kirchnerista.
El proceso que comienza hoy tiene 31 acusados; entre ellos, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. Los jueces son Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez. El fiscal del juicio es Abel Córdoba.
La prueba central de este caso, que investiga pagos ilegales para conseguir l es una grabación en la que un ejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, confesó ante un auditor de la empresa el pago de sobornos con la finalidad de asegurarse la adjudicación de las obras. De la grabación surge que las contrataciones ya estaban “arregladas” y que en realidad no había competencia con otros oferentes. “El mercado éste es así y el negocio éste es así en la Argentina, ahora en más es así, por lo menos en esta etapa va a ser siempre así y somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señaló.
Asimismo, Azcárate reconoció la salida de dinero de Skanksa mediante pagos simulados con facturas falsas por servicios no realizados. “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación (…). Las líneas están arregladas, hay que poner el 7,5 % más los costos que te salen”, y agregó: “Y ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”.
La Justicia validaron la grabación de esa confesión: “La grabación procedente de la auditoría interna de Skanska, teniendo en cuenta la resolución adoptada por el superior, no hay razones para excluirla como prueba, ni restarle fuerza convictiva”.
La causa estuvo a punto de naufragar, a pesar de la prueba tan explícita, cuando pasó por el juzgado del fallecido juez Norberto Oyarbide. La investigación se inició en 2005. En 2011, un peritaje de la Corte Suprema descartó que hubieran existido “sobreprecios” y los acusados fueron sobreseídos. En 2016, luego de que fuera incluida como prueba válida la grabación clave, el caso fue reabierto. El 3 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a los acusados que hoy van a juicio: dio por probado que existió “un supuesto de corrupción bajo las figuras de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación contra la administración pública”.
