A partir del próximo mes, los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional que gestiona la Anses subirán un 5%, con lo cual el haber mínimo pasará de $18.128,85 a $19.035,3 y el máximo, de $121.990 a $128.089,5.
El aumento fue anunciado en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. La medida oficial confirma que la suspensión de la fórmula de movilidad que había sido aprobada en 2017, le sirvió al Gobierno para hacer un ajuste, bajando el nivel de gasto previsto en jubilaciones, porque las subas por decreto del presidente Alberto Fernández, decididas de manera discrecional, derivaron en un aumento en el año que resulta inferior al que habría resultado en caso de estar vigente aquella normativa.
En caso de haberse mantenido la modalidad dispuesta en esa ley, la 27.426, todos los ingresos jubilatorios habrían aumentado en todo el año un 42%. Con la suba que se concretará en diciembre, los haberes acumularán un incremento en 2020 de entre 24,3% y un 35,3% dependiendo del nivel de ingresos (el porcentaje más alto corresponde al haber mínimo).
Según afirmó Raverta, más de 70% de los beneficiarios le ganará a la inflación. Sin embargo, todavía no se sabe con qué nivel de incremento de precios cerrará el año, por lo cual eso es imposible de saber. En el Gobierno estiman que el índice de 2020 se ubicará entre el 30% y el 33%, mientras que las proyeciones de los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, indican que la inflación anual sería de 35,9%. Hasta ahora, el dato cierto ya difundido por el Indec que hasta octubre el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 26,9%.
De los 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses, el 63,1% corresponde al haber mínimo, según los datos al mes de septiembre de la Secretaria de Seguridad Social. Ese índice se eleva al 87,3% cuando se miran solamente los beneficios obtenidos por moratorias.
Las diferencias del porcentaje efectivo de suba de haberes en el año se explican porque el primer reajuste, otorgado en marzo, tuvo efectos desiguales, dado que contempló un porcentaje y también una suma fija que fue igual para todos: esa suba resultó, entonces, de entre 3,75%, en el caso del haber máximo, y 12,96% en el ingreso mínimo. Luego se otorgó un 6,12% en junio y otro 7,5% en septiembre. A eso se suma ahora el 5% en diciembre. Según recordaron los funcionarios, en el caso de quienes perciben ingresos más bajos (el haber mínimo o un poco más) se otorgaron dos bonos de $5000 cada uno en diciembre de 2019 y en enero de este año y otro de $3000 en abril.
El incremento anunciado ayer alcanzará también al monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $3540 a $3717. Además subirán, en igual proporción, los montos del salario familiar del sistema formal de la seguridad social. Y habrá también una recomposición para las pensiones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.
De haberse mantenido vigente la fórmula de movilidad de la ley 27.426, que rigió en 2018 y 2019, este año los haberes deberían haber aumentado un 42%: un 11,56% en marzo; otro 10,9% en junio; un 9,88% en septiembre, y un 4,48% en el próximo mes de diciembre. Esa fórmula estaba integrada por la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y por la evolución de los salarios formales según el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), y generó pérdidas de poder adquisitivo de 13% en 2018 y de casi 2% en 2019, si se comparan los ingresos de punta a punta de esos años. La modalidad fue suspendida por la ley de emergencia económica aprobada en diciembre del año pasado y, si bien esa medida se tomó en principio por 180 días, luego hubo una prórroga hasta fin de año, dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia.
La de diciembre será la última suba dispuesta por decisión discrecional del Poder Ejecutivo, según se anunció. El Gobierno confía en que en marzo de 2021 ya estará vigente la nueva ley de movilidad. La propuesta oficial, que deberá ser considerada por el Congreso, fue anunciada la semana pasada y consiste en un cálculo que combina la evolución de los salarios formales según el Ripte y la variación de la recaudación de recursos tributarios que recibe la Anses, medida por cantidad de beneficios. La fórmula propuesta no tiene en cuenta la inflación y contempla un tope, determinado por el aumento que registre la recaudación de los recursos totales que van al sistema de la seguridad social.
