El Gobierno pergeñó una solicitada firmada por 19 gobernadores para reclamar que sea «la política» la que debata los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía. El escrito tiene un destinatario claro: la Corte Suprema.
La solicitada es, naturalmente, un mensaje para el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que es quien encaró la batalla judicial luego de que Alberto Fernández le quitara fondos de la coparticipación. Pero, de fondo, constituye una movida para que los jueces del máximo tribunal tomen nota de la postura de una masa crítica de mandatarios provinciales ante la inminencia de un posible fallo.
El tiempo que eligieron los mandatarios provinciales para salir a marcar la cancha no fue aleatorio. Según informó LA NACIÓN, algunos gobernadores y algunos funcionarios nacionales temían que la Corte Suprema resolviera hoy la medida cautelar que presentó Rodríguez Larreta para frenar la quita de fondos, cosa que finalmente no ocurrió. Más allá de la fecha, todo indica que el tema de la coparticipación -como una cuestión relevante desde lo institucional- sigue en el orden de prioridades del máximo tribunal luego de resolver la situación de los jueces trasladados.
La intención de los gobernadores, en tándem con el gobierno nacional, es presionar sobre el máximo tribunal para que la solución al conflicto lo resuelva el Congreso. Es decir, que la vía política se imponga a la vía judicial.
Por eso, la solicitada -que firmaron todos los gobernadores menos el cordobés Juan Schiaretti y los tres mandatarios de Juntos por el Cambio- recuerda que cuatro años atrás, cuando Mauricio Macri transfirió la policía y los recursos al gobierno de la ciudad por decreto, las provincias consideraron «improcedente» el mecanismo y, sin embargo, no llevaron el tema a la Justicia. «Ninguna provincia judicializó esa decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país», dice la solicitada. De manera elíptica, los gobernadores (y, de forma tácita, el Gobierno) le están diciendo a la Corte que este no es su tema.
Por otro lado, la solicitada intenta plantear que no se trata de un tema de coparticipación entre provincias, sino de la distribución primaria que se hace entre la Nación y el conjunto de los distritos del país. «Macri triplicó de manera unilateral los recursos de la Ciudad, en desmedro del resto del resto de los distritos, ya que se trataba de recursos nacionales», reza el texto.
La Corte Suprema suele inclinarse por fallos federales y en defensa de la autonomía de las provincias por sobre los intereses del Estado Nacional. Por eso, la estrategia del Gobierno es plantear que el clamor mayoritario de las provincias no acompaña la cautelar de la Ciudad. Que «el interés federal» está en la solicitada y no en el planteo de uno de los distritos para defenderse de una arbitrariedad de la Casa Rosada.
El proyecto de ley del Ejecutivo, que fija el monto por el traspaso de la policía de la Ciudad en 24.500 millones de pesos y reduce los fondos que la gestión porteña recibe de la Casa Rosada, ya tuvo media sanción del Senado. «¿Cuánto más va a demorar la Corte su fallo? Lo que se está diciendo es que el Congreso lo resuelva de una vez», dijo una fuente oficial.
Fuentes de la Ciudad de Buenos Aires señalaron a LA NACION: «La reacción de los gobernadores era esperable, no sorprende, y no es la primera vez que se manifiestan a través de una solicitada». «De todas formas no todos firmaron la solicitada», agregaron, en alusión a Schiaretti y a los gobernadores propios, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).
El ministerio del Interior, en tanto, está negociando con las provincias la renovación del Consenso Fiscal, que vence a fin de año. El Gobierno hizo una intentona por esta vía de resolver la cuestión de la cautelar de la Ciudad al plantear como un condicionante que las provincias desistan de sus demandas al Estado Nacional.
Sin embargo, esa cláusula terminaría siendo prenda de negociación. La Ciudad se resiste de plano y todo indica que el Gobierno cederá en este punto, para llegar a firmar el Consenso Fiscal en tiempo y forma.
