Las pruebas que tiene el fiscal Luciani y la UIF para acusar a Cristina Kirchner y los implicados en la causa Vialidad

Para formular sus alegatos en el juicio por la causa que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, el fiscal Diego Luciani y la Unidad de Información Financiera (UIF) cuentan con un importante caudal de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Pero la clave de las pruebas no es la cantidad, sino su alcance: ¿bastan para acusar y condenar a Cristina Kirchner? Aunque no lo adelantó, por el carácter que tuvo el fiscal Luciani durante el desarrollo del juicio oral las partes dan por sentado que hará un fuerte alegato respecto de la adjudicación de contratos de obra pública a Lázaro Báez. Qué hará a partir de hoy la UIF es, todavía, una incógnita: puede pedir condenas para los acusados o plantear la absolución.

La vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada como jefa de la supuesta asociación ilícita mediante la cual Lázaro Báez expandió su imperio de empresas y propiedades. La acusación sostiene que la empresa de Báez, Austral Construcciones, nació sin capacidad y pasó a facturar millones en muy poco tiempo gracias a un esquema diseñado desde el Poder Ejecutivo Nacional, con la participación de ministros nacionales y provinciales.

En alusión a la etapa previa a la adjudicación de los contratos, los fiscales de primera instancia habían señalado que Néstor y Cristina Kirchner colocaron en puestos decisivos a las personas que participarían de esta maniobra y que controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Estas maniobras no solamente se dieron el proceso de adjudicación de las obras sino también en el proceso de su ejecución, según la acusación. Las centenas de pruebas documentales -en base a información de distintos organismos estatales- dan cuenta, según los acusadores de primera instancia, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, de cómo se fueron sucediendo los movimientos que tenían como fin beneficiar al empresario santacruceño.

Otro elemento considerado importante por quienes elevaron el caso a juicio es el hecho de que cuando terminó el gobierno kirchnerista, a Báez el Estado no le adeudaba ni un centavo. Según los fiscales, se creó y se implementó un canal exclusivo para pagarle anticipadamente a sus empresas. La resolución que dio lugar a esos pagos es la número 899/10, firmada por Nelson Periotti, extitular de la DNV. Al respecto, para mostrar el contraste con la situación de las demás empresas contratistas, en la causa consta que al 30 de diciembre de 2015 existían 350 reclamos contra la Dirección Nacional de Vialidad de parte de distintas empresas, por deudas vencidas y no pagadas que ascendían, en ese momento, a la suma de 2868 millones de pesos.

Otro elemento tenido en cuenta por los fiscales es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete.

En relación a este punto declararon todos los exjefes de gabinete de Cristina y Néstor Kirchner, incluido el propio Alberto Fernández. El Presidente dijo que los hechos eran “no justiciables”. También están en el expediente las licitaciones (para las que distintas empresas de Báez presentaron ofertas), los documentos que según los acusadores demuestran que había una deliberada falta de control a las empresas de Báez, los informes de la DNV, los presupuestos que eran asignados a las obras.

Otro punto importante de la acusación es respaldado, según dijeron fuentes judiciales, por las testimoniales de exinspectores y exfuncionarios de Vialidad. Uno de ellos dijo que le pedían firmar certificados de obras adjudicadas a Báez que no estaban hechas. Estos certificados indicaban un avance mayor al real.

A lo largo del proceso oral, además de los dichos de más de cien testigos, fue incorporado al expediente el peritaje en el cual un grupo de técnicos analizaron cinco de los 52 contratos de obras viales que recibieron las empresas del Grupo Báez en Santa Cruz. Sus conclusiones fueron disímiles: algunos contadores declararon que no podían afirmar que las obras de Báez hayan tenido sobreprecios.

Los fiscales que investigaron la causa en primera instancia consideraron que Cristina Kirchner es responsable por estos hechos en carácter de jefa de una asociación ilícita porque cuando asumió su primer mandato como presidenta continuó con la matriz montada por Néstor Kirchner y mantuvo a los funcionarios que estaban encargados de llevar adelante las gestiones para beneficiar a Lázaro Báez.

Las causas pendientes

Parte del destino de los fondos que recaudó Báez -más de 55 millones de dólares- fue expatriado y luego volvió al país mediante operaciones financieras. Las maniobras de lavado, por las que Báez recibió la pena más alta que en Comodoro Py se dictó por ese delito, fueron investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

En las causas Hotesur y Los Sauces, en cambio, se investigó cómo Báez habría devuelto a los Kirchner parte del dinero que recibió gracias a los contratos irregulares de obra pública. Esas causas fueron cerradas el año pasado por el Tribunal Oral Federal 5. El fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner, sus hijos y los demás acusados está a estudio de la Sala I de la Cámara de Casación.