Ante la creciente tensión social, Juntos por el Cambio acelera el debate por la reforma laboral y activa contactos con sindicalistas

Juntos por el Cambio atraviesa un trance complicado. Frente a un gobierno arrinconado por la inflación e inquieto por la escalada de conflictividad gremial, los jefes de la principal coalición opositora se esfuerzan en lograr una mayor articulación y evitar una dispersión que complique sus posibilidades electorales. Mientras ponen su energía en preservar la unidad en el llano y sortear el proceso de transición de liderazgos sin sufrir deserciones, los popes de Juntos por el Cambio pretenden mostrarse como la contracara del kirchnerismo. Para eso, requieren conciliar las distintas visiones que conviven en la fuerza para presentar un programa económico común en 2023.

Desde hace meses, referentes económicos y equipos técnicos de Pro, la UCR, la CC y de Encuentro Republicano Federal intentan alcanzar un consenso ideológico en torno a un plan de gobierno. Uno de los puntos más sensibles de ese debate es la reforma laboral. En el seno de la fuerza coinciden en la necesidad de modernizar y adecuar la legislación laboral –hablan de apelar a “una semántica propositiva” para amortiguar la resistencia de los gremios y combatir los “prejuicios”–, pero difieren en el método para hacerlo.

Con el objetivo de orientar esa discusión y unificar posturas, dirigentes del conglomerado opositor activaron reuniones con gremialistas y empresarios.

En plena cruzada ideológica, Mauricio Macri repite que los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a llegar a la presidencia en 2023 deberán tener el “coraje” y la “convicción” para enfrentar a las “mafias” sindicales y “terminar con los privilegios”. En concreto, el fundador de Pro pone la mira en Pablo Biró (APLA) y Hugo Moyano (Camioneros). Sin confirmar si jugará o no en 2023, Macri monitorea el armado de los proyectos presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal, sus principales herederos en Pro. Y, en una entrevista con el diario español ABC, avisó que, en caso de que decida no competir, se pondrá el traje de elector para apoyar al candidato que más garantice “el cambio”.

El plan larretista

Mientras el “garante del cambio” pone condiciones, Larreta acelera sus contactos reservados con sindicalistas. Así como teje alianzas en el interior o tiende puentes con el “círculo rojo”, el jefe porteño inició conversaciones hace meses con los principales líderes gremiales, como Armando Cavalieri (Comercio), Héctor Daer (Sanidad) o Antonio Caló (UOM), entre otros. Su nexo con el universo sindical es Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del gobierno porteño. Hasta hace poco quien oficiaba como interlocutor con Moyano era Diego Santilli.

En sus reuniones con sindicalistas –ya se juntó con la mayoría de los integrantes del consejo directivo de la CGT–, Larreta busca acentuar su perfil dialoguista. “Ellos ven en Horacio a un dirigente que va a generar los consensos necesarios con empresarios y sindicatos ante una eventual modificación laboral”, dicen fuentes porteñas. En esas charlas, los popes sindicales inquieren a Larreta sobre la posibilidad de que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio se avance con cambios en la ley de asociaciones sindicales o en la ley de contrato de trabajo. También se muestran interesados en su plan para estabilizar la macroeconomía o bajar la inflación.

Jarvis también se encarga de coordinar el área laboral de la Fundación Pensar. Y en el equipo de Hernán Lacunza, el referente económico de Larreta que diseña el plan de Pro con miras a 2023, gravita Milagros Gismondi, exjefa de gabinete del Ministerio de Hacienda. En el larretismo ponen énfasis en la necesidad de modernizar la dinámica laboral, para bajar los riesgos y los costos, y generar incentivos. E imaginan avanzar con una reforma sectorial.

En la tropa del alcalde hacen hincapié en un dato: hace diez años que no se crea trabajo formal en la Argentina. Advierten que crecieron, sobre todo, los informales y el cuentapropismo. Por lo tanto, afirman desde Pro, apuntan a reducir las “barreras de entrada al mercado formal”, es decir, el “miedo” de las pymes a contratar empleados no solo por los costos, sino por los juicios laborales. Por eso, planean avanzar con modificar el “sistema de multas”. En paralelo, dicen, reforzarían la política de fiscalización.

En los equipos técnicos de Lacunza también analizan la chance de “incorporar nuevas figuras” a la ley de contrato de trabajo, como hicieron Chile o Uruguay, para sumar empleados que “valoran la flexibilidad”. “El modelo tradicional de la ley de contrato de trabajo te deja mucha gente afuera y eso genera también el aumento del monotributista”, explican. Además, planean generar “incentivos específicos para jóvenes, trabajadores de la zafra o temporarios”.

Los planes de Bullrich

En el comando de campaña de Bullrich, quien tiene como espada económica a Luciano Laspina y referente laboral a Dante Sica, también hablan de adecuar la normativa laboral para adaptarlo a las nuevas actividades, formas de negocios y las economías de plataforma. A la vez, pretende avanzar con cambios en las “regulaciones de temas impositivos o fiscales” y reemplazar los planes sociales por un seguro de desempleo.

La idea de los equipos de la titular de Pro es retomar los lineamientos centrales de la reforma laboral de Macri que se trabó en el Senado, que apuntaba a un “blanqueo laboral” y un nuevo cálculo de las indemnizaciones (artículo 245 de la ley de contrato de trabajo), que fue resistido por la CGT y el PJ. Lo consideraban una “flexibilización” del régimen de despidos.

Exministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, Bullrich tiene nexos con la mayoría de los sindicalistas, quien muestran resistencia a su figura. A diferencia de Larreta, la titular de Pro apunta a iniciar conversaciones con los gremios en caso de que logre ganar la interna y los comicios. Es decir, quiere sentarse con los sindicalistas una vez que acumule el crédito político y social.

En el mundillo laboral de Pro, con una posición equidistante en la interna entre Bullrich y Larreta, también orbita el exministro de Trabajo Jorge Triaca, uno de los coordinadores de la Fundación Pensar, quien criticó a Claudio Moroni por su “inacción” frente al conflicto con el sindicato de los neumáticos (Sutna).

Los jefes de Pro también tienen una relación estrecha con Dante Camaño, titular de los gastronómicos porteños y referente del área laboral de la fuerza de Miguel Ángel Pichetto junto al economista Juan Carlos Sánchez Arnau. En Encuentro Republicano Federal también abogan por una modernización de la legislación y preparan un informe para los próximos días con propuestas.

Si bien en Juntos por el Cambio aseguran que la eventual modificación de la normativa de asociaciones sindicales no es una prioridad, varios opositores presentaron proyectos ante la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, que conduce Vanesa Silei, para avanzar en ese sentido -desde limitar los mandatos a cuatros años hasta iniciativas para que las cuotas sindicales sean optativas-. Son iniciativas impulsadas por María Eugenia Vidal y Martín Tetaz, entre otros.

La hoja de ruta de la UCR

En la Fundación Alem, el think tank de la UCR, los encargados de discutir con los socios los eventuales cambios en la legislación laboral son Eduardo Levy Yeyati y Horacio Barreiro, exvice de Trabajo bonaerense. Los radicales consideran que es necesario “modernizar y completar el mercado laboral”.

Según se desprende del diagnóstico que trazan los especialistas de la UCR, la Argentina se enfrenta a dos problemas. Por un lado, la falta de generación de empleo de calidad, productivo y registrado. Y, por el otro, la profunda caída de la empleabilidad.

En primer lugar, los radicales consideran esencial generar condiciones para que las empresas quieran contratar a un mayor número de personas. Piensan en mantener la ley de contrato de trabajo, pero promover modificaciones. Por ejemplo, evalúan podar las reformas que se realizaron después de la década de los noventa en esa normativa (leyes 24.013, 25.323 y 25.345) que “aumentaron innecesariamente las indemnizaciones y la litigiosidad”.

Desde el campamento radical también impulsan la creación de un régimen laboral similar al de la “mochila austríaca” o al del sistema de la construcción. Sería una “ley marco”, que pueda ser “optativa para los gremios -con habilitación de convenio colectivo- y para las empresas”. La idea de la “mochila austríaca” es resistida por el sector de Pichetto.

A la vez, elaboran un régimen laboral para microempresas: un marco optativo para sectores como comercio, hoteleros o gastronómicos, que tienen “mucha rotación de personal”. Asimismo, analizan la modificación de la forma de pago de indemnizaciones y del régimen administrativo del trabajo. En tanto, Levy Yeyati elaboró un proyecto de ley de formación profesional, con el objetivo de “mejorar la empleabilidad”.

Los referentes de la UCR que aspiran a competir por la presidencia en 2023 también tienen lazos con el sindicalismo. Por caso, en el ajedrez gremial, el médico Facundo Manes tiene diálogo con Daer, Gerardo Martínez (UOCRA) o Juan Carlos Schmid (Dragado) y Facundo Moyano.

Consenso social, la prioridad de la Coalición Cívica

En el Instituto Hannah Arendt, la usina de ideas de la fuerza de Carrió, que tiene como referentes a Javier Campos, Paula Oliveto y Fernando Sánchez, entre otros, también apuestan a una modernización de la legislación laboral. “Lo que va a venir es una gran revolución la del nuevo y primer empleo. Nuevas relaciones laborales con incentivos que dejarán atrás las temidas contingencias laborales conocidas como la ‘industria del juicio’”, indicaron fuentes del espacio de Carrió.

En la CC consideran que cualquier avance sobre la legislación laboral deberá ser acompañado por la sociedad. En paralelo, promueven “la incorporación de los planes sociales al empleo formal con importantes incentivos” a los jóvenes. Ponen énfasis en el impulso “una capacitación laboral concreta y enfocada en el primer trabajo”.