Los bloques de senadores de la UCR y Pro propusieron a sus candidatos para ocupar dos escaños en el Consejo de la Magistratura y le sumaron presión a Cristina Kirchner, quien tendrá que definir en las próximas horas si cumple con el fallo de la Corte, que anuló la designación del kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), o si insiste con la maniobra cuestionada por el tribunal y que le permitió al oficialismo nombrar en abril a tres de los cuatro consejeros correspondientes a la Cámara alta.
En un fallo que agudizó el enfrentamiento del kirchnerismo con el tribunal, tres jueces de la Corte Suprema anularon la jugada pergeñada por Cristina Kirchner cuando ordenó la división del entonces bloque del Frente de Todos en dos bancadas, denominadas Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, para designar a un representante más en el Consejo de la Magistratura.
En una movida simultánea y avalados en el fallo del tribunal, la UCR propuso al correntino Eduardo Vischi mientras que la bancada de Pro volvió a nominar a Luis Juez (Córdoba). Ambas agrupaciones, que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio, se reivindican, así, como la segunda y tercera minorías de la Cámara alta, respectivamente.
En una jugada que promete agudizar la polémica, las nominaciones fueron presentadas a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, pero también al Consejo de la Magistratura, ante la eventualidad de que la vicepresidenta decida desoír el fallo judicial.
En su nota, el bloque Pro le comunica a Cristina Kirchner que “ha decidido designar para el período 2022-2026 al senador por Córdoba Luis Alfredo” como consejero titular “por la segunda minoría” de la Cámara alta. El suplente será Humberto Schiavoni (Misiones), presidente de la bancada macrista.
Por su parte, la UCR decidió ocupar su sitial con el correntino Vischi, hombre de confianza del gobernador Gustavo Valdés. Reemplazará a la jujeña Silvia Giacoppo, que fue nominada como consejera suplente.
Los mandatos actuales vencen el viernes, por lo que Cristina Kirchner tiene hasta ese día, o al menos hasta el lunes de la semana próxima, para comunicar al Consejo de la Magistratura quiénes ocuparán las cuatro poltronas que le corresponden al Senado.
El fallo de la Corte provocó indignación en el oficialismo del Senado, que en una conferencia de prensa cuestionó en duros términos al tribunal, al que volvió a acusar de politizar sus decisiones y de avasallar la autonomía de la Cámara alta.
“Es un fallo insólito, inédito e inaplicable”, afirmó la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos en uno de los tramos más duros del pronunciamiento oficialista, que tuvo a Horacio Rosafti, presidente de la Corte y del Consejo, como el blanco principal de las quejas.
La legisladora fue más allá y dijo que “acá está en juego la República”. “El presidente de la Corte se está extralimitando en las facultades que le confiere la Constitución Nacional inmiscuyéndose en las decisiones políticas del Senado con el único propósito de conformar un Consejo de la Magistratura que se ajuste a sus intereses”, denunció.
A pesar de que habían pasado 24 horas desde el fallo, el nerviosismo en el kirchnerismo fue notorio, como quedó al descubierto cuando las senadoras Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio (Buenos Aires) aseguraron que el reglamento de la Cámara alta tenía rango constitucional, cuando lo que la carta magna reconoce es la facultad de cada cámara legislativa de reglamentar el proceso para remover a sus miembros. Otra señal del malestar fue la falacia de la catamarqueña Lucía Corpacci, quien dijo que Cristina Kirchner recurrió a la Corte para evitar el intento de la oposición de bloquear el funcionamiento del Senado durante la pandemia de coronavirus. En realidad, la vicepresidenta concurrió al tribunal de manera preventiva, con un pedido de declaración de certeza.
El día anterior, el fallo había provocado furia en el kirchnerismo duro que se trasladó a la mesa chica de la vicepresidenta y en las propuestas que se plantearon para responder a la decisión del tribunal.
Un sector se inclinó por insistir en el planteo de abril y designar a tres consejeros. Así, la vicepresidenta reivindicaría la división de los 35 senadores del Frente de Todos en dos bloques, lo que le permitió nombrar a dos representantes por el bloque Nacional y Popular y otro por Unidad Ciudadana, que con 21 y 14 miembros, respectivamente, habían quedado, según la maniobra urdida por la vicepresidenta, como primera y tercera minoría.
En esa reunión, convocada el mismo martes que se conoció el fallo, los sectores más radicalizados del kirchnerismo llegaron a proponer la paralización del Consejo a partir de que el Congreso no designe a ninguno de sus representantes.
Esta jugada necesitaría de la anuencia de la presidenta de Diputados, la massista Cecilia Moreau. Según el razonamiento de los ultrakirchneristas, si ninguna de las dos presidentas firma los decretos con las designaciones, el Consejo quedaría con 8 miembros menos, lo que le impediría reunir el quórum necesario para poder funcionar.
La última palabra la tendrá Cristina Kirchner. Todo indica que se tomará hasta el último minuto antes de hacer su próxima movida.
