Tras el inicio del tratamiento de las acusaciones contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, en la que oficialismo y oposición se trenzaron en un áspero cruce verbal, el kirchnerismo espera con ansias este jueves la segunda jornada del proceso, en la que se presentarán los autores de los 14 proyectos de resolución con las denuncias contra los magistrados que debate la Comisión de Juicio de Político de la Cámara de Diputados.
La conducción del Frente de Todos apuesta no sólo a agitar las acusaciones contra los jueces que constan en el voluminoso pedido de juicio político que presentó a mediados de mes a instancias del Poder Ejecutivo, sino que también se entusiasma con la idea de dejar expuestas las diferencias que existen en Juntos por el Cambio.
Esto es así porque la Coalición Cívica es autora de dos proyectos que apuntan sus dardos contra el juez Ricardo Lorenzetti. Se trata de la representación, y su posterior ampliación, de la denuncia impulsada en 2017 por la líder del espacio, Elisa Carrió, cuando era diputada.
Es que Juntos por el Cambio decidió como estrategia global impugnar de plano el proceso que impulsa el kirchnerismo, tal como lo dejaron establecido en la reunión inaugural de la Comisión de Juicio Político el último jueves, en la que calificaron de “circo”, entre otros epítetos, el embate contra el tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, la Coalición Cívica ya le anticipó a sus socios de la UCR y de Pro que no darán marcha atrás con sus acusaciones contra Lorenzetti.
“No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo, pero creemos que el pedido de juicio político del oficialismo es muy benévolo con Lorenzetti, y nosotros tenemos algunas cosas para decir”, afirmó la diputada Paula Oliveto (CC-Capital), tomando el guante del desafío oficialista.
Los dos pedidos de juicio político de la Coalición Cívica-ARI consideran al santafesino responsable por irregularidades administrativas en el manejo de los fondos del presupuesto del tribunal y de haber articulado “una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura” durante los años que ejerció la presidencia del tribunal.
El bloque de la Coalición Cívica también acusa a Lorenzetti de haber provocado un “conflicto de poderes” al haberse “arrogado funciones legislativas”.
El kirchnerismo pone el acento en esta última frase del proyecto opositor, por considerar que es una acusación similar a la que le endilga el escrito kirchnerista a los jueces por el fallo que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura y que repuso la norma anterior, que databa de 1997 y que había sido derogada con la sanción, en 2006, de la ley declarada inválida por el tribunal en diciembre del año pasado.
El kirchnerismo impulsa el proceso del actual presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y de Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, además de Lorenzetti. El quinto sitial del tribunal se encuentra vacante desde que renunció Elena Highton de Nolasco.
Diferencias
Sin embargo, en la oposición dicen que hay diferencias. En el caso de la Coalición Cívica, la usurpación de funciones legislativas hace mención a una resolución de la Corte Suprema, impulsada por Lorenzetti, que interpretó de manera restrictiva la ley de ética pública para limitar el acceso de la prensa a la información de las declaraciones juradas de los miembros del tribunal.
La de la usurpación de facultades legislativas es, también, una de las imputaciones planteadas en los pedidos de juicio político presentados por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, en su caso por el caso del Consejo de la Magistratura. A pesar de ser legisladora, ambos proyectos de resolución ingresaron como particulares, ya que no forma parte de la Cámara baja. No obstante, está habilitada para exponer ante la Comisión.
En la misma situación se encuentran los autores de otro grupo de presentaciones particulares que están en sintonía con las acusaciones del kirchnerismo contra el tribunal, entre las que se encuentran las firmadas por Pablo Llonto, Patricia Isasa, Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez y por las asociaciones Argentina de Juristas y Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales.
Por último, está el exhaustivo pedido de juicio político presentado por la kirchnerista Vanesa Siley, que integra la Comisión de Juicio Político, y que centra sus acusaciones en la figura de Rosenkrantz “por haber frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución” por haber avalado la aplicación del criterio del 2×1 a los militares de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.
